El Gobierno cambia la reforma local para frenar críticas del PP

A esta cita asistirán el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna; el vicepresidente, Fernando Martínez-Maíllo; y el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, entre otros.

El texto propuesto por el Gobierno será después suceptible de cambios en el Consejo de Ministros y en la tramitación parlamentaria pero en su contenido, al que ha tenido acceso ABC, se recogen algunas de las alegaciones planteadas por la FEMP.

En uno de los aspectos más cuestionados por los ayuntamientos, como es el excesivo poder de los interventores que pasaban a depender del Ministerio de Hacienda, el Gobierno ha decidido delimitar sus funciones. Estos funcionarios públicos solo podrán tener competencias en el control de la legalidad, pero no en la oportunidad o no de adoptar una decisión que queda en manos de los políticos, según han asegurado a ABC fuentes de la negociación.

También ha atendido el Ejecutivo, aunque parcialmente, la petición de la FEMP en el espinoso asuntos de las competencias. Inicialmente, todas las competencias en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, algunas de las cuales todavía ejercían los ayuntamientos, tienen que ser transferidas a las Comuniddes Autónomas, pero el Gobierno obligaba a los ayuntamientos a financiarlas. Éstos alegaban no tener dinero para pagarlas.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas propone que, en lo que afecta a la Sanidad, las Comunidades asuman en un plazo de cinco años la financiación; mientras que en los Servicios Sociales, las autonomías financiarán los comunes y los ayuntamientos los especiales.

Finalmente, la petición de los ayuntamientos de que el coste estándar que se va a fijar para medir la rentabilidad de la prestación de un servicio no sea fijada unilateralmente por el Gobierno se ha aceptado, y ahora cualquier decisión que se adopte en este sentido se hará contando con la FEMP y la CNAL.

Una vez que la CNAL dé el visto bueno al nuevo texto, éste pasará al Consejo de Estado para que emite su informe preceptivo en el plazo aproximado de un mes, por la vía de urgencia. Posteriormente tendrá que pasar de nuevo por el Consejo de Ministros que lo enviará al Congreso y el Senado para continuar su tramitación.