De la operación «Ballena Blanca» al juicio contra Pantoja, Muñoz y Zaldívar

El tribunal dicta hoy sentencia en una causa por las que una decena de personas están acusadas. Pantoja ha sido juzgada por un delito de blanqueo de capitales. También su expareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, y la exesposa de éste, Maite Zaldívar.

La tonadillera se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de prisión, así como a una multa 3,6 millones de euros. Para Julián Muñoz, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y siete de inhabilitación por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo, así como multas por un importe total de 7, 4 millones de euros. A Zaldívar también se le acusa de blanqueo de capitales, y se le pide la misma pena que a la tonadillera y una multa de 2,6 millones de euros.

En el escrito acusatorio, la Fiscalía mantiene que tanto Pantoja como Zaldívar «eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que reciben de Julián Muñoz» y que «ambas sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos, así como su cuantía». Esta es la cronología del caso:

El «Caso Malaya» comenzó en noviembre de 2005 y su punto de partida estuvo en la operación «Ballena Blanca» (2003), la mayor trama de blanqueo de capitales destapada en Europa hasta la fecha. En aquel caso –que desarticuló un despacho de abogados de Marbella en el que se canalizaban inversiones millonarias de grupos relacionados con el crimen organizado y que significó un antes y un después en este tipo de investigaciones– se interceptaron una serie de conversaciones telefónicas relacionadas con otros casos de corrupción urbanística en la Costa del Sol.

La Policía –supervisada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres (responsable también de la operación «Ballena Blanca»), y el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero– tardó varios meses en poner al descubierto un complejo entramado de empresas que, ocultando a los verdaderos responsables, tenían el objetivo de desviar los fondos obtenidos de las actividades ilícitas y no levantar sospechas. La fecha de la intervención: el 29 de marzo de 2006.

Comenzaba una jornada maratoniana de arrestos y registros: «Un centenar de policías tomaron el Ayuntamiento de Marbella, al tiempo que detenían a algunos miembros del equipo de gobierno, en una operación dirigida al corazón de la corrupción institucional».

La Policía intervino más de 1.000 cuentas bancarias, incautó numerosas propiedades (como coches de lujo u obras de arte) y detuvo a 20 personas implicadas en delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero.

«Los delitos que se les imputan sólo se pueden cometer desde un ayuntamiento», explicaba a ABC uno de los investigadores del caso. «Desde ahí se engordan facturas, se cobran comisiones, se conceden licencias para construir, se trafica con influencias y otros chanchullos».

Entre los detenidos: Juan Antonio Roca, antiguo gerente de Urbanismo de Marbella, mano derecha de Gil y, según el juez, «alcalde en la sombra», al que se encontró un maletín con 200.000 euros; Marisol Yagüe, alcaldesa oficial desde la moción de censura contra Julián Muñoz en 2003; los concejales Victoriano Rodríguez Martínez, de 75 años, y José Antonio Jaén Polonio, liberado de UGT que había sido expulsado del PSOE por apoyar la moción de censura contra Muñoz, así como una plantilla entera de abogados de un bufete de Madrid en el que se incautaron 860.000 euros. Además, se dicto orden de detención contra la teniente de alcalde, Isabel García Marcos, que estaba de luna de miel en Rusia y a la que se encontraron más de 360.000 en su vivienda.

Entre marzo y junio de ese año, la mayoría de ellos fueron a la cárcel y se acordó la disolución del Ayuntamiento marbellí, de lo que no había precedentes en España.

«Caen 30 empresarios y concejales de la trama de la construcción marbellí», titulaba ABC en portada sobre una operación en la que esta vez habían participado más de 300 agentes. El 29 de marzo se había acabado con la trama de corrupción política y ahora se desmantelaba la trama de la construcción asociada a la corrupción política.

El valor de los bienes incautados ascendía a nada menos que 2.400 millones de euros, entre los que había dos helicópteros, 103 caballos de pura raza y 275 obras de arte.

Entre los detenidos, acusados de cohecho y prevaricación, 13 importantes promotores y constructores, 13 ex concejales de Marbella y cuatro personas relacionadas con el Ayuntamiento, como el ex jefe de la Policía Local o el alcalde en funciones y ex jugador del Atlético de Madrid, Tomás Reñones. Es decir, toda una serie de empresarios que pagaban a una serie de políticos para obtener «favores» en sus negocios.

La magnitud de esta segunda operación se explicaba sólo con echar un vistazo a alguno de los nombres de los implicados: Fidel San Román, empresario de la plaza de toros de Las Ventas, o Rafael Gómez, «Sandokan», propietario del parque de atracciones «Tívoli World» y uno de los constructores más conocidos de Andalucía.

Poco después, el 19 de julio, la Policía detenía en el marco de la misma operación a Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella y ex pareja de la tonadillera Isabel Pantoja, además de al presidente, al director general y al financiero de Aifos por haber pagado cuatro millones de euros a Roca. Muñoz aparecía en la documentación de Roca como uno de los políticos que había cobrado dinero del ex asesor de Urbanismo marbellí a cambio de «contraprestaciones» de la Corporación. Según las fuentes consultadas por ABC en su momento, Muñoz, pasto ya de la prensa del corazón, intentó «quedarse con el negocio» de Roca, pero, al no poder, echó a su asesor de Urbanismo a la calle.

Un buen ejemplo de la corrupción que se vivía es la factura que apareció a nombre del Ayuntamiento por la compra de vino y champán francés por valor de 855.140 euros (142.000 millones de pesetas) en un solo mes.

La tercera fase comenzó con la detención de otros 11 implicados, entre los que se encontraban la ex mujer de Julián muñoz, Mayte Zaldívar, y el presidente del Sevilla, José María González de Caldas, con cargos que iban desde el blanqueo de dinero al cohecho. Con ellos, ya eran 70 los arrestados.

Los empresarios detenidos habrían supuestamente pagado importantes cantidades de dinero para firmar convenios urbanísticos con los que poder construir de forma irregular. Sus nombres aparecían en la documentación de Roca de forma encubierta, generalmente sólo con las iniciales que los investigadores tuvieron que descifrar.

A la ex de Muñoz, que poco antes había declarado en público que su marido guardaba en casa varias bolsas negras con dinero procedente de comisiones ilegales, se la acusó de blanquear parte del botín.

Pero la red no quedó ahí, porque, además del ex primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román (número dos de Gil entre 1991 y 1998), y su hija, fue detenida poco después Isabel Pantoja, acusada de varios delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales, aunque puesta en libertad tras pagar una fianza de 90.000 euros.

«Trabajar en un caso como “Malaya” cambia absolutamente tu vida, tus actividades rutinarias e incluso tus relaciones personales», reconocía el juez Miguel Ángel Torres poco antes de abandonar su plaza en Marbella para ser trasladado al Juzgado de lo Penal número 5 de Granada. Un cambio que él mismo había solicitado ya en febrero de 2005, pero que tuvo que prorrogar para continuar con la investigación de los casos «Malaya» y «Ballena Blanca». Dejó el listón en 86 procesados por corrupción.

Torres, cuya capacidad de sacrificio elogiaron sus compañeros, algunos de los cuales aseguraron que había hecho «un esfuerzo descomunal», abandonaba las dependencias judiciales de Marbella por la puerta lateral y sin hacer declaraciones a los periodistas que esperaban su salida.

Su sustituto, Óscar Pérez, permitió que varios imputados en prisión incondicional, como Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, pudieran salir de la cárcel bajo fianza. También retiró la fianza impuesta a Isabel Pantoja y flexibilizó sus visitas al juzgado, aunque siguió implicada.

El juez Pérez imputaba a otras 16 personas en marzo de 2009, con lo que el número de encausados supera el centenar. Entre los nuevos procesados había constructores, abogados, economistas y asesores fiscales que podrían haber actuado como testaferros de Juan Antonio Roca. Además, Pérez imputaba nuevos delitos a otras 15 personas que ya estaban encausadas, como Roca, Julián Muñoz y varios ex concejales del GIL.

Cinco años después de haberse abierto la mayor operación de España contra la corrupción urbanística y política en un ayuntamiento, da comienzo por fin el juicio, sin que ninguno de los implicados esté ya en prisión preventiva, ni tan siquiera Roca. Las cifras, sin embargo, siguen sirviendo para hacerse una idea de su complejidad: cinco años de instrucción, 95 procesados, más de 195 tomos, más de 300 periodistas y 2.400 millones de euros blanqueados.