El diccionario de la corrupción en España

Por este motivo, el juez instructor imputó a un extesorero de CDC y declaró a CDC responsable a título lucrativo, por lo que le exigió una fianza de 3,2 millones: el partido de Artur Mas la cubrió, en parte, con las escrituras del edificio sede del partido, ahora embargado. Una de las derivadas del caso, la del «Hotel Palau» (por la que está imputada la cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona), está pendiente de que se señale fecha para el juicio oral. La instrucción de la pieza principal (expolio más financiación de CDC) está a punto de concluir.

Francisco Correa. Cerebro de la red Gürtel

Más de sesenta personas están imputadas en el caso Gürtel, un escándalo de corrupción política que ha salpicado al Partido Popular en tres comunidades autónomas: Madrid, Valencia y Castilla y León, y que se ha llevado por delante al juez que lo destapó, Baltasar Garzón, condenado por prevaricación. El presunto cerebro de la red es Francisco Correa, un empresario que pagó comisiones a cargos públicos a cambio de contratos para sus sociedades.

La investigación ha pasado por distintos tribunales: comenzó en la Audiencia Nacional, pasó después al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la implicación de diputados regionales; se fragmentó y una parte fue al Tribunal Supremo por las sospechas sobre el exsenador Luis Bárcenas y el exdiputado Jesús Merino y, finalmente, ha vuelto a la Audiencia Nacional. Otra pieza se remitió a la Comunidad Valenciana, dando origen a otros dos procedimientos: el llamado caso de los trajes, que afectó a Francisco Camps y al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; y una investigación, aún en curso, sobre presunta financiación irregular del partido.

La causa matriz, en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, está hoy pendiente de nuevas averiguaciones bancarias en EE.UU.

Francisco Rodríguez. Exalcalde de Orense. Caso Pokémon

Más de una treintena de imputados suma ya el caso Pokémon, que se instruye en Lugo y amenaza con alargarse en el tiempo. Desde que arrancó la investigación de la trama, dedicada a otorgar contratos públicos a cambio de sobornos, por el despacho de la juez Pilar de Lara han pasado políticos de las tres fuerzas tradicionales en Galicia (PP, PSOE y BNG), empresarios (están implicadas medio centenar de sociedades) y agentes de la Policía local de Orense. Hasta cuatro alcaldes figuran en la causa, que está declarada secreta. El último ha sido el alcalde de Santiago Ángel Currás (PP). Antes pasaron por el juzgado el exregidor de Orense Francisco Rodríguez (PSdeG); el exalcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP); y el alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco.

Las primeras pesquisas llevaron a la detención de directivos del grupo Vendex, cuyo propietario es Gervasio Rolando; Javier Reguera, responsable del sistema de la ORA en Lugo, y Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y considerado como uno de los principales cabecillas.

Iñaki Urdangarín. Duque de Palma. Caso Nóos

El 22 de julio de 2010 el juez José Castro desgajó del caso Palma Arena una pieza separada (era la vigesimoquinta) para investigar los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo, organismos públicos dependientes del Gobierno balear, y el Instituto Nóos, presidido en esas fechas por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Castro requirió al Instituto Noos que acreditara «haber rendido cuentas de la inversión de los fondos (públicos) recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones».

Los principales imputados en este procedimiento son Urdangarín, a quien el juez atribuye delito fiscal, fraude, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, y su exsocio Diego Torres. Según los datos que obran en la causa, el Duque de Palma y Torres percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, cantidad que coincide con la que cobraron a los gobiernos valenciano (3.519.533,90 euros) y balear (2.285.000 euros) por organizar eventos. En su declaración ante el juez, en febrero de 2012, Urdangarín reivindicó su inocencia y admitió que, aunque en 2006 Su Majestad el Rey le había ordenado abandonar Noos, en 2008 volvió a hacer negocios. La instrucción sigue abierta y de hecho deberá declarar de nuevo ante el magistrado.

Jaume Matas. Expresidente de Baleares. Caso Palma Arena

Jaume Matas, presidente de Baleares en dos legislaturas y exministro de Medio Ambiente del PP, está imputado o implicado en una veintena del total de 25 piezas del caso Palma Arena. Ya ha sido condenado a seis años de prisión en una de ellas, en concreto por favorecer a un periodista que escribía sus discursos y después los ensalzaba en un periódico de tirada nacional. En la actualidad, está pendiente de juicio con jurado en otra causa.

A Matas, en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, se le atribuyen los delitos de falsedad documental, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida, delito fiscal y delito electoral. El procedimiento matriz es el llamado caso Palma Arena, que arranca en 2008 a raíz de una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Matas y el cobro de comisiones legales. Un año después, el juez José Castro empezó a investigar el sobrecoste del velódromo Palma Arena. El escándalo estalló definitivamnete con la detención de cargos de segundo nivel del Gobierno balear y desde entonces no ha hecho sino implicar a más altos cargos de esa administración.

José Antonio Griñán. Presidente de la Junta. Caso de los ERE

El mayor escándalo de corrupción andaluz saltó a la luz cuando ABC publicaba en marzo de 2009 la petición de los directivos de Mercasevilla del pago de una comisión a los dueños de un restaurante a cambio de la escuela de hostelería. Una grabación evidenciaba cómo Fernando Mellet y Daniel Ponce aseguraban que «la Junta de Andalucía colabora con quien colabora». El caso subía de tono y la Fiscalía tomaba cartas en el asunto mientras el PP presentaba una querella que caía en manos de una juez hasta entonces desconocida, Mercedes Alaya.

Así iban saliendo tramas: adjudicación irregular de suelo; delito societario y los ERE fraudulentos, destapado cuando el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, admitía la existencia de un «fondo de reptiles» para empresas en crisis y que se incluyeron intrusos (que no trabajaban) en los expedientes. Luego llegaba la escandalosa declaración del chófer, que dijo que parte del dinero lo gastaban en «coca, fiestas y copas». Ambos eran enviados a prisión, igual que el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Los directivos de Mercasevilla y el exdelegado de la Junta fueron condenados en octubre, mientras en los ERE hay ya 60 imputados, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta, abogados, empresarios y testaferros. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, es el máximo responsable político.

José Blanco. Exministro de Fomento. Caso Campeón

José Blanco y José López Orozco, extitular de Fomento y alcalde de Lugo, respectivamente, ponen rostro a la operación Campeón, que entra en este 2013 en su segundo año de instrucción con una pieza separada en el Tribunal Supremo para el exministro, sobre el que se ciñe la sospecha de haber dispensado un trato de favor a empresarios a cambio de dinero, que supuestamente recibía en metálico y en billetes de 500 euros.

La trama estaba destinada a captar subvenciones públicas para empresas que encuentran nexo común en el empresario Jorge Dorribo, dueño de los laboratorios Nupel, cuyas declaraciones salpicaron a la política gallega y nacional. Pasó dos años y medio en prisión por un presunto fraude de cuatro millones gestionados a través del Igape (dos altos cargos fueron arrestados) hasta que en 2011 fue puesto en libertad tras un testimonio voluntario ante la juez del caso, Estela San José, que abría la caja de pandora. En total, 15 implicados por blanqueo, evasión fiscal, alzamiento de bienes y falsedad en un sumario interminable despiezado en varias causas en las que también están imputados el diputado del PP Pablo Cobián y el exconsejero del BNG Fernando Blanco.

Josep Duran. Presidente de UDC. Caso Pallerols

El caso Pallerols alude al desvío de subvenciones para cursos de formación para la financiación irregular de Unió Democràtica (UDC) y representa un caso único en la historia de la corrupción en España, al ser la primera ocasión en que un partido admite haberse financiado de manera irregular. Tras un periplo judicial que se ha prolongado casi quince años, el escándalo llegó finalmente a juicio el pasado 7 de enero, aunque la vista no se celebró porque las partes llegaron a un acuerdo de conformidad. Los imputados: el propio Pallerols y su mujer, así como altos cargos del partido que preside Josep Duran (citado como testigo) asumieron su culpabilidad.

En esencia, la trama consistía en la adjudicación de cursos por parte de la consejería de Trabajo, controlada por UDC, a las academias del empresario andorrano Pallerols. De los 220 cursos investigados por la Guardia Civil, más de 160 eran irregulares: o no se celebraron, o su precio estaba hinchado. La Generalitat pagó por ellos más de ocho millones de euros, financiados con fondos de la UE, de los cuales un 10% retornaba a UDC o a los implicados. Unió Democràtica, declarada responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo, ha acabado pagando una indemnización de 388.483 euros.

Julián Muñoz. Exalcalde de Marbella. Caso Malaya

El caso Malaya desenredó en 2006 la trama corrupta creada alrededor del Ayuntamiento de Marbella durante los últimos años de gobierno del GIL. Fue pionero en la detención de concejales de una gran ciudad y los hechos fueron de tal enjundia que derivaron en la disolución de la corporación municipal. Sobornos, contratos amañados, blanqueo de capitales, contabilidades en B… Y todo esto manejado, supuestamente, por Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo, hombre de confianza de Jesús Gil y poseedor de una fortuna millonaria que habría amasado de forma ilegal. Según Anticorrupción, una «organización» con el único fin de enriquecerse con dinero público. Junto con Roca han sido juzgados una veintena de exconcejales (incluidos los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe), empresarios, testaferros, joyeros y marchantes de arte. Durante el juicio, el fiscal pidió en total cerca de 490 años de cárcel y unos 3.800 millones de euros en multas. Malaya está pendiente de sentencia, que se espera para este verano.

Luis Bárcenas. Extesorero y exsenador del PP. Caso Bárcenas

Luis Bárcenas, que durante veinte años manejó, primero como gerente y después como tesorero, las cuentas del Partido Popular, es uno de los imputados en el caso Gürtel. La investigación destapó una trama de corrupción política en la que, a cambio de suculentas comisiones, los cargos públicos implicados favorecieron a la red de empresas vinculadas a Francisco Correa con la adjudicación de eventos. Las ramificaciones de este entramado se extendieron a Valencia y provocaron la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aunque éste resultó finalmente absuelto de cohecho por recibir unos trajes como regalo.

El escándalo político ha golpeado de lleno al PP al publicarse que en la etapa de Bárcenas como tesorero era práctica habitual el pago de sobresueldos de entre 5.000 y 15.000 euros a la dirección del partido. Anticorrupción ha avanzado que, de momento, no investigará este hecho.

Tras un periplo judicial que le llevó de la inicial imputación en el caso Gürtel al sobreseimiento por falta de pruebas, Bárcenas ha vuelto a ver su nombre entre los implicados en la trama. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz volvió a imputarle. La reciente llegada de documentación reclamada a Suiza ha puesto contra las cuerdas al exsenador: Bárcenas disponía en el Dresdner Bank de Ginebra de una cuenta en la que acumuló 22 millones de euros.

Manuel Bustos. Alcalde de Sabadell. Caso Mercurio

Después del caso Pretoria (que afecta a cargos del PSC como el exalcalde de Santa Coloma y a figuras clave de los gobiernos de Jordi Pujol), el caso Mercurio vuelve a golpear al socialismo catalán. En este caso, el implicado de mayor rango es el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, aunque a quien se considera clave en la trama es al ex edil del Partido Popular, Jordi Soriano. En la trama, en la que están imputados empresarios de la comarca, aparece también de manera destacada el tío de Bustos, el constructor Melquiades Navarro. De manera colateral se investiga también al secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, por tráfico de influencias. Siguiendo un esquema de corrupción clásica, los constructores abonaban sobre un 3 por ciento del valor de la obra a cambio de la adjudicación. En dos años, el exedil Soriano se habría embolsado casi un millón de euros en comisiones. La instrucción prosigue tras dos años de investigación, y el pasado viernes el juez levantó el secreto sobre parte del sumario. Bustos, que proclama su inocencia, ha pedido volver a declarar.

Oriol Pujol. Secretario general de CDC. Caso ITV

El caso de las ITV surge como una derivada del caso Campeón y alude a la supuesta trama compuesta por empresarios y cargos de la Generalitat para modificar los pliegos de los concursos y adjudicar así las estaciones para la inspección técnica de vehículos, entre otros negocios. El principal implicado es el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, que está siendo investigado al ser, según un informe de Vigilancia Aduanera, «colaborador necesario» en la red. En las grabaciones practicadas, los imputados aluden a Pujol como el «Zumosol».

A tenor de las evidencias que surgen de la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción estudia pedir la imputación de Pujol, lo que se da por hecho, en lo que sería el fin de la carrera política de quien en su momento se dijo que estaba llamado a suceder a Artur Mas. ç

Entre los socios de Pujol que ya están imputados se cuentan los empresarios Sergi Alsina (dueño de la consultora Alta Partners, donde trabaja la esposa de Oriol), y Sergi Pastor. Los «Sergis» y Oriol son amigos, compañeros de estudios, y comparten localidad de segunda residencia. Además de los citados, están implicados el que fuera número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, y un subdirector general de Industria, Isidre Masellas. El caso está en fase de instrucción en el juzgado.

Rodrigo Rato. Expresidente de Bankia. Caso Bankia

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, declaró en diciembre ante la Audiencia Nacional, junto a otros 32 imputados entre los que figuran el exministro Ángel Acebes y el expresidente de la Comunidad Valenciana, José Luis Olivas. A todos ellos, así como a Bankia y BFA como personas jurídicas, se les imputan de forma indiciaria y genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida, todos los que mencionaba en su querella UPyD.

Otro de los casos de presunta comisión de delito en el sector bancario es el del Banco de Valencia. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunció a los anteriores gestores de esta entidad en junio ante la Audiencia Nacional por la sospecha de que hubieran cometido delitos societarios y de falsedad mercantil. Además, está el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en el que hay cinco exdirectivos imputados por presuntas irregularidades en la gestión.

Textos elaborados por Mercedes Benítez, Àlex Gubern, elena Pérez, Esperanza Codina, Maribel Núñez y Nieves Colli.