La corrupción llega al Congreso de los Diputados en el primer Pleno del año

El escándalo que ha desatado la existencia de cuentas en Suiza del extesorero del PP, Luis Bárcenas, está en el origen de las preguntas del coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, y la portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez. Los dos parlamentarios exigirán al presidente Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que rinda cuentas por la imagen de «corrupción» generada por el hecho de que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, tuviera 22 millones en cuentas en Suiza. En el caso de Rosa Díez, la pregunta a la vicepresidenta trata de saber si el Gobierno piensa adoptar alguna reforma legislativa complementaria a las anunciadas para prevenir, perseguir y condenar la corrupción política.

No ha sido la corrupción el tema elegido por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para interpelar a Rajoy, ya que ha optado por una pregunta genérica para saber qué opina el Gobierno sobre la «situación» de España. Sin embargo, su portavoz Soraya Rodríguez preguntará por la «amnistía fiscal» a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en el sentido de «cómo valora las consecuencias».

La diputada de Amaiur Maite Aristegi quiere que el Gobierno aclare si piensa depurar «las estructuras del Estado para acabar con la corrupción». Igualmente, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, se interesa por las cuentas de Cataluña: «¿Piensa el Gobierno flexibilizar los objetivos de déficit para las comunidades autónomas para 2013?», interpelará a Rajoy.

El Pleno del Congreso debatirá el envío de tropas a Mali y convalidará el Real Decreto de mejora de gestión y protección social en el Sistema para Empleadas de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. Otro de los puntos del orden del día será el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de ley Antidesahucios por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y BNG, así como sus propuestas alternativas de normativa, que pasan por suavizar los requisitos para acogerse a la moratoria de las ejecuciones y congelar los intereses de demora, así como abordar cambios más profundos de la actual legislación hipotecaria.