Vox veta a los periodistas de Prisa y no los acreditará en sus actos

«Comunicamos a Prisa que no daremos acreditaciones a sus trabajadores para acceder a ninguna sede o a actos privados con simpatizantes», indica Vox en su cuenta de Twitter.

En el editorial «Deber de réplica» , el periódico denunciaba la «escalofriante naturalidad con la que los argumentos xenófobos e intolerantes» de Abascal durante el debate del pasado lunes «se codearon impunemente con los del resto de los partidos» y deberían «encender sin más demoras todas las alarmas » ya que se trata de propuestas que «no tienen cabida en el orden constitucional».

En Twitter, Vox contestó que el editorial de «El País» era «digno del más eficaz de los regímenes totalitarios» . Pero el veto de Vox a los periodistas de Prisa no es el primero: más de una decena de medios de comunicación no tienen acceso a sus actos.

Santiago Abascal ha defendido su «derecho» a vetar a una decena de medios de comunicación por considerarlos «activistas políticos disfrazados de periodistas» y se reafirma en que «no habla ni hablará» con ellos «por mucha apariencia periodística que tengan».

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado en varias ocasiones estos vetos y ha pedido a Vox que «ponga fin» a su campaña de acoso contra periodistas y medios de comunicación, que ha calificado de « clara vulneración» de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información.

El comité de Redacción de «El País» ha condenado hoy «rotundamente» el veto impuesto por Vox a los periodistas del Grupo Prisa y ha recordado a la formación de Santiago Abascal que esta medida es «especialmente grave» en campaña electoral, momento en que la ciudadanía «debe disponer de información independiente y plural antes de ejercer su derecho a voto».

Así lo ha manifestado a través de un comunicado en el que precisó que los partidos políticos « no son clubes privados ni sociedades limitadas sino instrumentos esenciales del sistema democrático», razón por la cual reciben subvenciones públicas «por votos y escaños» y sus afiliados p ueden desgravarse las cuotas que pagan.

Por todo ello, el comité instó a la empresa a que emprenda las acciones «necesarias» ante los tribunales y, en su caso, ante la Junta Electoral Central para «poner fin de inmediato» a lo que valoró como un «ataque a la libertad de expresión y el derecho a la información». Asimismo, le emplazó a llamar a los periodistas y a sus asociaciones a «defender la libertad de prensa en España de quienes la amenazan».

La dirección de «El País» ha puesto puso hoy el caso en manos del servicio jurídico de la empresa, según comunicó al comité.