El argumentario falaz de Vox contra el «nacionalista» Núñez Feijóo

La principal arma contra Feijóo, empleada sin ir más lejos por Javier Ortega Smith el pasado lunes durante un mitin en Orense, es que el presidente de la Xunta define a Galicia «como nación sin estado» . El propio Abascal incidió en esta misma idea durante el debate televisado como arma arrojadiza contra Pablo Casado. Pero ¿qué dijo exactamente Núñez Feijóo? Ambos se refieren a una conferencia que el presidente gallego pronunció en el Cercle d'Economía de Barcelona a finales de 2014, en la que se refería al fallido proceso de redacción de un nuevo Estatuto para Galicia durante el gobierno bipartito. Vox y su entorno difunden un extracto del vídeo incompleto.

En él, Feijóo explica que en aquel momento (2008), «estaba de moda decir que Galicia es una nación» . «Si usted coge la historia de Cataluña y de Galicia, con todos los ejemplos y matices que se puedan poner, creo que históricamente tenemos muchos elementos para considerarnos en lo que en la terminología se dice como nación sin estado», añade. Pero las declaraciones del presidente gallego no concluían ahí. El PPdeG replicó estos días en sus redes sociales subiendo el extracto completo (la conferencia completa se encuentra en este enlace ).

«Yo fui convocado a las reuniones de la reforma del Estatuto de Galicia y el planteamiento era decir que Galicia era una nación. Pude haber dicho que sí pero preferí seguir en la oposición, porque entendía que no le iba a aportar nada a Galicia con este planteamiento, ni siquiera al Estado». De hecho, los reproches de PSOE y BNG a Feijóo en aquel momento fueron, precisamente, que se negó rotundamente a que siquiera en el preámbulo del nuevo texto estatutario se reconociera simbólicamente a Galicia como nación. El PP propuso una apelación al «sentimiento nacional» pero vinculada estrictamente a los nacionalistas, y nunca como un hecho consumado ni generalizado. PSOE y BNG exigían más, pero los conservadores se negaron. En este ámbito, el PP de Feijóo no se ha movido un ápice del discurso político de su antecesor, Manuel Fraga , uno de los padres de la Constitución y de la derecha española, manteniendo a Galicia como «nacionalidad histórica», tal y como recoge la Carta Magna de 1978. Hay una profunda transversalidad regionalista en el mensaje del PP gallego, pero con una constante apelación a que «sentirse gallego es una manera de sentirse español» o que «somos españoles porque somos gallegos», un eslogan habitual en los mítines de Feijoo .

Está por definir en qué consiste esa «agenda totalitaria de la izquierda» , pero dados los antecedentes de Vox al respecto de esta cuestión, los tiros pueden ir por las políticas de género. En efecto, Galicia dispone de una Secretaría Xeral de Igualdade, dependiente de la Vicepresidencia, que articula las distintas políticas de apoyo y protección a las víctimas de violencia machista, así como las estrategias de prevención de esta lacra en entornos educativos, entre otros. La Comunidad fue pionera, por ejemplo, en personarse como acusación particular en los casos de crímenes machistas cometidos en el territorio, o de aportar un salario a las mujeres víctimas para abandonar el hogar y la dependencia respecto a su maltratador.

Esta es la misma Secretaría que también presta apoyo a mujeres embarazadas o madres en situación de especial vulnerabilidad , a través de ayudas a asociaciones y organizaciones del tercer sector especializadas en esta materia, como la Red Madre, particularmente perseguida por la izquierda y que, sin embargo, ha contado con el apoyo de esta Xunta desde su llegada en 2009. Los gobiernos de Feijóo han aprobado en este tiempo legislación de apoyo a las familias, como la ley específica de 2011 o el anteproyecto de impulso demográfico que está a punto de tramitarse en el Parlamento.

El grueso de las propuestas de Vox para la protección de la familia de cara a estas elecciones (puntos 71 a 73 de su programa) están ya en práctica en la Comunidad gallega : un departamento específico, ayudas de 100 euros mensuales por hijo nacido (la Tarxeta Benvida gallega), subvenciones para los libros escolares (existen cheques en función del umbral de renta), gratuidad del transporte público (en Galicia los menores de 21 no pagan por el interurbano, que es el regulado por la Comunidad). La Xunta ha ido un paso más allá de cara a 2020, cuando se ha comprometido garantizar la gratuidad de la escolarización de 0-3 años a partir del segundo hijo , la primera autonomía en hacerlo.

En política fiscal Vox defiende una postura abiertamente liberal, de menos impuestos y más dinero para las familias, con una menor presión para las rentas más bajas. El «progre» Feijóo acaba de presentar unos Orzamentos que, por ejemplo, elevan el mínimo exento de tributación en el Impuesto de Sucesiones hasta el millón de euros , por lo que el 99,9% de los gallegos no tendrán que pagar al recibir una herencia de familiar de línea directa, y excluyendo la vivienda habitual en el cálculo de la cantidad. En la comparativa de IRPF, Galicia se alinea con las CC.AA. de menor carga tributaria en la mayoría de los tramos, incluso entre las rentas más altas. Desde que el PP llegó a la Xunta en 2009, año tras año se han anunciado rebajas fiscales, tanto en el tramo autonómico del IRPF como en ITP, sucesiones y patrimonio, con una especial atención al rural, para incentivar la fijación de población en estos entornos. Antes de que Vox llegara a Madrid y Andalucía, Galicia ya rebajaba impuestos .

Fue otra de la consignas lanzadas por Ortega Smith esta semana, una acusación que vinculaba con el régimen socialista en Andalucía y los organismos de la administración paralela creados a lo largo de casi cuarenta años de gobiernos de un único partido. Pero la racionalización administrativa fue también uno de los puntos programáticos con los que el PP regresó a la Xunta en 2009 , fecha desde la que comenzó el desmontaje de entes autonómicos creados durante el bipartito e incluso en la era Fraga. Así, se redujeron los delegados de las consellerías en las cuatro provincias y se simplificó en una única figura por demarcación, además de una específica para Vigo. Entre 2009 y 2014 eliminó 65 organismos, adelgazando la administración a niveles de 2003, con un ahorro que la Xunta estimó en 51 millones de euros al año.

En el lustro siguiente, la reducción de «chiringuitos» continuó , ascendiendo —según cálculos de la propia Xunta— hasta alcanzar los 88, logrando un ahorro de 90 millones de euros al año, aunque en paralelo se han creado otros 19, principalmente agencias para la gestión directa de áreas como los impuestos autonómicos, las infraestructuras o la industria forestal.

El último mantra más habitual tiene que ver con la política lingüística de la actual Xunta de Galicia. «Las políticas de Feijóo conducen a que en Galicia existan ciudadanos de primera y de segunda» porque «imponen la obligatoriedad de estudiar una lengua sobre otra», proclamó Begoña Conde, la tía de Santiago Abascal y candidata por Orense, a pesar de que nunca residió ni en esta provincia ni en la Comunidad gallega. ¿Es nacionalista la política lingüística de Núñez Feijóo? ¿En qué marco se mueven las lenguas cooficiales? Para empezar, el artículo 3.2 de la Constitución que establece, precisamente, la cooficialidad de «las demás lenguas españolas en las respectivas Comunidades», y en el 3.3 se indica, además, que estas serán «objeto de especial respeto y protección».

Entre 2005 y 2009, debido a las presiones del BNG, el gobierno bipartito aprobó un decreto lingüístico que abría las puertas a la exclusión del castellano y la inmersión en el gallego en la enseñanza , sobre el que se establecía un mínimo de horas pero sin cota máxima, por lo que se podía llegar a casos en los que no hubiese más horas lectivas en castellano que las de lengua y literatura españolas. Era el ejemplo más sangrante, además de imponer el uso de las lenguas en el aula, salvo en las de las respectivas asignaturas. El BNG defendía aquel decreto como «un paso táctico para la plena galleguización» de la enseñanza pública. El gallego era la única lengua vehicular en la educación.

En la oposición, el PP recogió el malestar de colectivos como Galicia Bilingüe o la Mesa por la Libertad Lingüística, que principalmente organizados en los entornos urbanos de La Coruña y Vigo reclamaban una libertad absoluta para la elección de la lengua de escolarización de los hijos, un derecho inexistente tal y como dictaminó en aquellas fechas el Tribunal Supremo , precisamente tras la reclamación de un padre vigués, por lo que el PP no pudo establecerlo por ley. Feijóo cumplió con su compromiso de introducir una consulta a los padres de alumnos de infantil —el Consultivo advirtió que realizarla en primaria y secundaria tenía visos de ilegalidad— sobre la lengua a emplear en las aulas, pero el TSXG la anuló por considerarla ilegal.

En su decreto de 2010, el gobierno de Feijóo cerró la posibilidad de cualquier posible inmersión igualando el número de horas lectivas en gallego y castellano, introduciendo además un tercer idioma extranjero. Tanto asignaturas troncales como complementarias se repartirían en una y otra lengua, que pasaban a compartir la consideración de vehiculares en la educación. Además, se recuperó la libertad de uso de lengua en las aulas , tanto para expresarse como para exámenes.

Casi diez años después de su aprobación, el texto sigue generando profundo rechazo en el BNG, que lo acusa de marginar al gallego . El PSOE, la única alternativa real al PP de cara a las próximas autonómicas, ya ha votado en varias ocasiones junto a los nacionalistas para tumbar el actual decreto y regresar al modelo inmersivo del bipartito, a pesar del rechazo que generó en sus propias bases en las dos principales ciudades de Galicia.

¿Existe cooficialidad real en Galicia? Cualquier ciudadano puede dirigirse a la administración autonómica en cualquiera de las dos lenguas y ser respondido en la que él mismo elija , como establece el Decreto 129/2016, de 15 de septiembre , por el que se regula la atención a la ciudadanía en el sector público autonómico de Galicia. El grueso de las webs institucionales están disponibles en gallego y castellano. ¿Y en la función pública? Dado que la ciudadanía tiene derecho a ser atendida por un empleado público en cualquiera de las dos lenguas cooficiales , entra dentro del sentido común que este sea capaz de desenvolverse en ambas, para lo que se exige una acreditación, que es automática si se ha cursado la secundaria en Galicia. Una mayoría de ciudadanos, principalmente de la Galicia rural y de interior, con una elevada media de edad, emplea el gallego de manera habitual. ¿Se le va a negar a estas personas la posibilidad de dirigirse a la administración pública en la lengua en la que nacieron y se educaron?

Sin embargo, al contrario de modelos como el balear, la cuestión lingüística no está generando situaciones anómalas, como la pérdida de médicos en el archipiélago por desconocimiento del catalán. En Galicia, las oposiciones de sanidad establecen el gallego como un mérito más en las pruebas, y su no conocimiento en modo alguno inhabilita al opositor. Durante el bipartito PSOE-BNG fueron polémicas algunas iniciativas como subvenciones públicas para rotular en gallego en los comercios —anuladas cuando la derecha regresó al gobierno—, o la iniciativa nacionalista que llegó a debatirse en el Parlamento para que las lápidas de los cementerios se tradujeran al gallego , las muñecas hablasen también la lengua de Rosalía o se instara a una traducción de los apellidos «deturpados». Hoy el PP insiste en que en la actualidad «no hay conflicto lingüístico» en Galicia , y tanto gallego como castellano conviven en igualdad y libertad de uso.