La Junta Electoral deja en manos del Supremo la celebración de debates electorales en la cárcel

El candidato de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez , había solicitado permiso para la celebración de un debate en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde aguarda la sentencia del Tribunal Supremo por su implicación en el «procés» .

«En opinión de esta Junta, el órgano competente para decidir si medidas como las pedidas son compatibles con el objeto de la detención del candidato al que se refiere este escrito es la sala de lo penal del Tribunal Supremo que le está enjuiciando en este momento, razón por la que la Junta Electoral Central no resulta competente para resolver sobre lo solicitado», resume la Junta en su escrito.

La pelota queda ahora en el tejado del magistrado Manuel Marchena , que en pleno juicio por el proceso soberanista catalán deberá dictaminar si cede a la petición de Sànchez y le concede el foco mediático de participar en un debate de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril .

La idea del número uno por Barcelona de JxCat es que el resto de formaciones políticas se trasladen a prisión para debatir con él antes de los comicios, aunque habría que ver, llegado el caso, si los demás partidos están dispuestos a trasladar el foco mediático de la campaña electoral a la cárcel.

Para justificar su acuerdo alcanzado hoy, la Junta saca a colación la Ley General Penitenciaria , que establece que los internos podrán ejercitar sus derechos civiles «salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de su condena».

Es decir, la Junta traslada la solicitud del líder independentista, acusado de rebelión , al Supremo para que determine si un debate electoral entra en perjuicio con el proceso judicial que lleva el propio tribunal.

Este organismo sí que recuerda que existe un informe desfavorable del secretario general de Instituciones Penitenciarias , Ángel Luis Ortiz, en el que sostiene que un evento de tales características puede poner en riesgo las normas regimentales del centro. «Sería contrario a elementales principios de seguridad ; alteraría la funcionalidad del centro (...) y conllevaría la necesidad de reforzar el servicio del personal funcionario para garantizar la seguridad de todas las personas que han de entrar en el centro penitenciario», recoge el referido informe.