Un Parlamento con el techo de cristal

Los populares proponen para la siguiente legislatura la redacción de un «código ético» al que quedarán sometidos todos sus cargos públicos. Dicho manual de buenas prácticas en el ejercicio de la función política se aplicará en tres supuestos. En el primer lugar, en caso de constatar un comportamiento «inadecuado». Dos, «en el caso de estar ante procedimientos judiciales, los cargos deben informar de la apertura de la investigación y poner su cargo a disposición del grupo parlamentario si se abre juicio oral». Y en último término, los representantes populares están obligados a mostrar un comportamiento «austero» de los medios que cada institución pone a su disposición.

Eso por una parte. El PP avanza en su programa de gobierno que seguirán desarrollando medidas para «incrementar la transparencia» en la administración autonómica y colaborar para que se haga lo propio en los concellos. Las reformas también pasan por el Consello de Contas para la «prevención de la corrupción» y la aprobación del reglamento del Consello en el primer periodo de sesiones. Los populares hacen un alegato en favor del funcionamiento del Parlamento de Galicia y aseguran que garantizará que los grupos con representación minoritaria «tengan capacidad de iniciativa».

Según sus estimaciones, ocho de cada diez iniciativas debatidas en la tribuna de O Hórreo fueron impulsadas por los diferentes grupos que formaban la oposición.

Los socialistas desarrollan buena parte de su programa electoral con menciones a la apertura del legislativo y la elaboración colectiva de un «Libro Blanco de la Participación Ciudadana de Galicia». Sobre ello pivotan el resto de medidas, como el acceso libre a «documentos públicos y direcciones de contacto de los representantes públicos» o la «potenciación de la participación individual en la elaboración de las leyes autonómicas». El PSdeG-PSOE promoverá pasadas las elecciones autonómicas una batería de medidas para «mejorar los instrumentos de control» al gobierno actual.

La tendencia al «Open Government» o gobierno abierto les lleva a mencionar que todos los datos que tengan relación con la Xunta se podrán descargar en «formato abierto». Eso significa que las bases de datos de cada consellería y los balances internos podrán estar a un clic de distancia de los ciudadanos.

El rupturismo plantea la elaboración de los primeros presupuestos participativos de la Comunidad gallega, copiando el modelo del gobierno local de Santiago. Mediante iniciativas ciudadanas, los gallegos podrían hacer sus propuestas por Internet. Un particular método que obliga a la creación de una plataforma digital. Más de una vez ha introducido Villares en sus discursos el concepto de «democracia deliberativa» de Habermas , y de ahí se extrae la siguiente medida de En Marea: la Lei galega de Participación Democrática.

Aunque el Parlamento es la Cámara soberana que representa la voluntad de la ciudadanía, el programa contempla «mecanismos de proposición e decisión que rebajen los límites en la iniciativa legislativa popular y en la capacidad de veto que tiene el Parlamento». Por último, exigen mejorar el procedimiento para elegir al Valedor do Pobo.

El Bloque lo llama «Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de ámbito gallego» en centros penitenciarios, de menores, calabozos y unidades de ingreso psiquiátrico. Los nacionalistas piden acabar las «puertas giratorias» con una legislación concreta sobre incompatibilidades y la puesta en marcha de herramientas para mejorar los procesos de contratación pública. En dichos procesos, añadirán un «plus» para las compañías que tengan su domicilio social en Galicia.

Al igual que Ciudadanos, el Bloque eliminará la barrera del 5% de voto para conseguir un escaño en el Parlamento. Sin embargo, no es lo único. Respondiendo a un debate histórico en la política autonómica, incluyen la introducción de la circunscripción única —toda la Comunidad— para aumentar la proporcionalidad de los resultados y mejorar las expectativas de formaciones minoritarias.

Puede que parezca contradictorio, pero no lo es. El programa electoral de Ciudadanos en los comicios autonómicos hace una mención expresa a la eliminación de la barrera del 5 por ciento, fijada por Fraga, para hacer más fácil la consecución de los escaños a los pequeños partidos . Un postulado que choca directamente con las tesis defendidas en campaña tanto por Albert Rivera como por Cristina Losada, que aseguran preferir apoyar un gobierno del Partido Popular brindando su apoyo parlamentario que facilitar el «batiburrillo» de la izquierda «que siempre está en contra».

Cabe recordar que el expresidente Fraga llevo a término esta barrera para facilitar la gobernabilidad de la Comunidad gallega y paliar la fragmentación de pequeñas fuerzas minoritarias que estaban condicionando el desarollo ordinario de las primeras legislaturas del autogobierno.