Muchas visiones para una sola Galicia

El Partido Popular lo deja claro. Como partido democrático respetuoso con el actual régimen político, no darán pie a ninguna reforma institucional que quiebre la igualdad entre españoles. La cultura, la lengua y la emigración en el extranjero suman para dar vigor a la «galeguidade» de la que el PP se siente representante.

En referencia al funcionamiento de la administración, los populares mencionan el aseguramiento de la «independencia» de entes como el Valedor do Pobo, el Consello Consultivo de Galicia o el Consello de Contas . El partido obligará a firmar a todos sus miembros con responsabilidades públicas en el Parlamento de Galicia y en el gobierno autonómico un código ético. Un documento para pautar la conducta de los cargos y sancionar, llegado el caso, el de aquellos que no sean inapropiados o cuando se dé la judialización del algún caso.

Un tercer gobierno de Feijóo en la Xunta intentará estrechar los canales de colaboración con el resto de Comunidades y con el Estado, a través de cauces como la Conferencia de Presidentes Autonómicos o una Comisión de coordinación aeroportuaria de Galicia y otra para los puertos marítimos. Uno de los puntos importantes del programa es aquel que solicita el traspaso de la Autopista del Atlántico (AP-9), la inspección de trabajo, la ordenación del litoral, la vigilancia pesquera o comenzar las negociaciones para asumir las competencias en materia de Tráfico.

La influencia galleguista del PSdeG-PSOE se deja notar en el apartado de autogobierno del programa. Los socialistas plantean reformar el Estatuto de Autonomía de 1981 porque intuyen que se va a abrir un proceso de reforma constitucional para que «Galicia no quede atrás». Sin embargo, no hace referencia en ningún momento a la introducción de la palabra «nación», al estilo de su federación hermana el PSC. Piden la creación de un fondo de suficiencia interterritorial para paliar las desigualdades entre concellos y llevar al límite las posibilidades competenciales que tanto el Estatuto como la Carta Magna permiten. El PSdeG buscará descentralizar a su vez la administración autonómica para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos y la modernización en la gestión. Todo ello, mediante el consenso con el resto de grupos del Parlamento de Galicia.

En Marea pasa de puntillas por la cuestión del «referéndum de autodeterminación» para evitar un tema delicado y que provoca tensiones dentro del partido. De un modo sintético, se refieren al «derecho a decidir» de los gallegos para «gestionar sus recursos» y cómo «relacionarse con los otros pueblos».

Por otro lado, los rupturistas quieren explorar la vía abierta por el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para comarcalizar el territorio y revisar las áreas de la administración , una tarea ingente que no ha ido más allá del papel y de las menciones de los candidatos. La fuerza populista contempla además «ampliar la presencia internacional» de Galicia con la enigmática «creación de infraestructuras de carácter permanente», en las que podría caber la fundación de embajadas y sedes de representación de la Xunta en los países del extranjero.

Así como En Marea reproduce superficialmente la convocatoria de un referéndum de independencia, el BNG mantiene su intención de contemplar el derecho de autodeterminación para Galicia, en calidad de «nación». Y no solo, los nacionalistas piden una «revisión de las instituciones del Estado que tienen influencia» en la Comunidad y que nada menos que el Tribunal Constitucional deje de aplicar jurisprudencia en las fronteras de la autonomía.

Sobre organización del territorio, proponen la supresión de las provincias y las Diputaciones como referentes administrativos y la «asunción plena de las competencias en materia de seguridad». Es decir, la creación de una Policía de Galicia. La presencia internacional de los gallegos pasa, a juicio del Bloque, por tener instrumentos que permitan tener una voz propia en las instituciones europeas e internacionales.

El partido de Albert Rivera no ha presentado ninguna propuesta para reformar o mejorar las instituciones del autogobierno gallego. Los naranjas se declaran «constitucionalistas» sin ambages, pero no van más allá. De hecho, su oferta de pacto a los populares pivota sobre la asunción mutua del sistema nacido en el 78, en la que también incluyen a los socialistas, aunque de una forma más crítica. No se ha podido escuchar de boca de la candidata a la Xunta, Cristina Losada, o de cualquier otro dirigente de la delegación gallega del partido ni un esbozo del proyecto político y territorial que presentan en estas autonómicas.

Se intuye, al menos, que Ciudadanos estará rotundamente frente a aquellas fuerzas que promueven referéndums soberanistas o cualquier mínima alteración de actual espacio de convivencia entre españoles.