La UE lanza una ofensiva regulatoria contra los móviles 'creados para morir'

Ya sea por una ralentización del rendimiento, por la pérdida de la capacidad de la batería o por la interrupción del soporte de actualizaciones de software, las personas se han acostumbrado a reemplazar sus smartphones a un ritmo acelerado, lo que no solo genera un gasto para el bolsillo, sino que agrava el problema de los residuos electrónicos.

Un estudio de la ONG Amigos de la Tierra revela que estos aparatos se desechan, de media, a los tres años y medio de vida debido a las prácticas que acortan deliberadamente el tiempo durante el cual funcionan a tope. Ahora que la inteligencia artificial está penetrando en este mercado, es de prever, además, que una buena parte de los usuarios jubilen sus terminales por carecer de la potencia necesaria para beneficiarse de las capacidades de esta tecnología y se compren modelos de última generación que la integren de serie.

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Laura Montero Carretero

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Lo que está claro es que, a la vuelta de la esquina, los consumidores conocerán indicadores esenciales de cada artículo que antes permanecían ocultos o no estaban estandarizados, y que tanto los teléfonos como las tabletas deberán reunir unas condiciones mínimas para ser comercializados en suelo europeo.

El paquete legislativo impulsado por Bruselas se compone de dos grandes normas llamadas a cambiar las reglas del juego: el Reglamento 2023/1670 y el 2023/1669. El primero establece requisitos de diseño ecológico para mejorar el comportamiento medioambiental de teléfonos inteligentes, inalámbricos y tabletas pizarra, combatiendo el despilfarro de recursos.

Una de las medidas estrella es que los fabricantes pongan piezas de recambio críticas a disposición de los reparadores profesionales en un plazo de cinco a diez días hábiles durante un periodo mínimo de siete años tras la fecha de finalización de la introducción del producto en el mercado. En ese mismo horizonte temporal facilitarán que accedan a la información sobre reparación y mantenimiento de las piezas, a menos que dicha información esté al alcance del público en el sitio web de libre acceso del fabricante.

También proporcionarán actualizaciones durante al menos cinco años sin coste alguno, se comprometerán a que las baterías soporten al menos 800 ciclos de carga y descarga manteniendo como mínimo el 80% de su capacidad inicial o que superen 45 caídas sin lámina ni funda protectora independiente sin pérdida de funcionalidad.

El segundo reglamento contempla la creación de una etiqueta energética obligatoria (similar a la implementada en electrodomésticos y televisores) que detalle aspectos como la eficiencia energética, la duración de la batería, la protección al polvo y al agua o la resistencia a caídas accidentales. Otra de las novedades es la incorporación de un índice de reparabilidad, que se calcula en función de la facilidad de desmontaje, sustitución de piezas y acceso a la información técnica necesaria para reparar, expresándose la puntuación mediante una escala de la A a la E.

La Comisión Europea estima que de aquí a 2030, los teléfonos móviles y las tabletas fabricados con arreglo a ambas normas ahorrarán casi 14 teravatios-hora de energía primaria cada año, lo que supone un tercio de la energía primaria que estos productos consumen en la actualidad. Además, confía en que los reglamentos contribuyan a optimizar el uso de materias primas fundamentales y faciliten su reciclado.

Estas normas marcan un hito crucial en la senda del Viejo Continente hacia una economía más sostenible en el sector de la electrónica de consumo. La situación actual lo pedía a gritos. «Los ciclos de renovación son muy frecuentes y, además, prácticamente cualquier avería implica la sustitución del dispositivo debido a cómo están integrados los componentes que lo conforman», recuerda Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática. Sin embargo, el reglamento sobre diseño ecológico recoge la obligación de que los productores pongan piezas de recambio esenciales a disposición de los talleres de reparación hasta siete años después del final de la venta del modelo de producto en el mercado de la UE. «Seguramente la vida útil de los dispositivos se alargue», apunta el experto.

Las medidas de Bruselas empoderarán al usuario final en la toma de decisiones de compra, aunque Suárez advierte de que, al principio, quizá se produzca un encarecimiento de los productos. Eso sí, cree que los consumidores saldrán ganando. «Si la durabilidad de los componentes es mayor y la reparabilidad más sencilla, a medio-largo plazo pueden ahorrar», dice en este sentido. Es decir, al fomentar la creación de dispositivos más duraderos y fáciles de reparar, se reduce la necesidad de reemplazarlos con asiduidad, lo que compensa la posible subida de precio inicial.

Para Alberto Rodríguez, Product Strategy Director en SPC, marca especializada en el desarrollo de dispositivos de electrónica de consumo y productos 'smart' para personas y empresas, las normativas «implican un cambio total en la forma de concebir los productos», pues los fabricantes tendrán que hacerlo con la vista puesta en facilitar la reparabilidad. «En un mercado como el de los smartphones y las tablets, donde el nivel de innovación se va reduciendo, las normas aportan a los consumidores herramientas para tomar decisiones de compra más informadas», destaca como beneficio, sin olvidar la armonización que introducen.

El único 'pero' que pone a los reglamentos es «la importancia que tiene sobre el global de la información que se transmite la eficiencia energética». Lo explica así: «En electrodomésticos que consumen mucho, como frigoríficos, lavadoras o secadoras, estamos dispuestos a pagar un plus si la calificación energética es superior, pero en este caso, donde se persigue que la durabilidad y reparación, la prominencia que tiene la información relacionada con el consumo energético es desproporcionada». Critica, asimismo, que «trate por igual a dispositivos con un precio de venta de 1.000 euros y a los que cuestan menos de 200. A los primeros se les deberían exigir parámetros de eficiencia superiores».

En términos de ecología, estos reglamentos representan un paso adelante en la lucha contra la obsolescencia programada y fomentan un modelo de consumo más responsable, contribuyendo a la protección del medioambiente. Rafael Vega Pozuelo, profesor del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), indica que un efecto esperable es la reducción del volumen de residuos electrónicos. «Además, se alargará la vida útil de millones de dispositivos y se disminuirá la extracción de recursos críticos, como las tierras raras», añade como ventaja.

Con esta iniciativa jurídica, señala, se promueve una economía circular basada en la 'ecoinnovación'. «Para los consumidores, estas normas ofrecerán mayores garantías, más transparencia y ahorro económico, al evitar la obsolescencia prematura», dice. En conjunto, entiende que el paquete normativo posiciona a la UE como «referencia global» en el impulso de un mercado tecnológico más justo y sostenible.

La industria de la electrónica de consumo experimentará una metamorfosis. «Las obligaciones relativas a la durabilidad, reparabilidad y eficiencia energética tendrán un impacto estructural en el sector. Para los fabricantes, se impone la necesidad de rediseñar productos pensando en su ciclo de vida completo: baterías reemplazables, piezas accesibles, actualizaciones de software obligatorias. Esto exige una ruptura con la lógica del 'usar y tirar'», valora el docente. Del lado de los consumidores, «podrán reparar más, conservar más tiempo sus dispositivos y exigir información clara sobre su rendimiento a largo plazo».

Sin embargo, bajo su punto de vista, falta ambición: «Seguimos caminando con prudencia, cuando el contexto exige saltos». La responsabilidad extendida del productor es, a su juicio, la gran asignatura pendiente: «Si los impactos se externalizan a terceros países, no estamos reduciendo la huella ecológica, solo desplazándola». Echa en falta, además, «un pasaporte digital de producto ambicioso, obligatorio y vivo, que no se limite a etiquetas estáticas, sino que incorpore datos dinámicos sobre emisiones, procedencia de materiales o reciclabilidad» porque «la sostenibilidad no puede depender solo del diseño, sino que debe anclarse en ecosistemas inteligentes de información y trazabilidad». En conclusión, piensa que el reglamento marca el rumbo, pero «para liderar esta transición no basta con seguir el mapa, sino que hay que atreverse a redibujarlo».