La contrarreforma sindical quiere ligar el despido a la viabilidad de la empresa

La estrategia sindical ha previsto que sea mayo el mes para presentar las firmas. La elección de la fecha no es baladí, está perfectamente estudiada y calculada por las centrales sindicales para que el debate coincida con las elecciones municipales y autonómicas previstas para primavera. «La reforma laboral y las medidas de recorte del gasto aprobadas por el Gobierno tuvieron, sin duda, gran influencia en los resultados de las pasadas elecciones en Cataluña», advierten fuentes sindicales a este periódico. «Queremos darle una oportunidad al Parlamento —dicen— para que corrija el rumbo de la reforma que impuso el Gobierno, aprobó el Parlamento y que ahora está en vigor».

La proposición de ley que los líderes sindicales llevarán hoy al Congreso tira por tierra los pilares en los que se apoya la reforma del Ejecutivo que entró en vigor el 19 de septiembre, más en concreto, las mayores facilidades para despedir que introduce la norma. El texto sindical aboga por recuperar la causalidad del despido, sobre todo en el objetivo y disciplinario, dar la posibilidad al trabajador de elegir entre indemnización o recuperar su empleo y volver a introducir la figura extinta del despido nulo.

«No debe resultar posible el recurso al despido de los trabajadores antes de haber agotado otras posibilidades», explican en el texto articulado UGT y CC.OO., partidarios de impulsar todos los mecanismos de flexibilidad interna disponibles, entre ellos la reducción de los salarios, como una alternativa posible a la extinción de los contratos. Explica la contrarreforma que una medida extintiva no debe ser confundida con un cambio organizativo, productivo o tecnológico y que la causa de la extinción de un contrato debe ser la propia viabilidad de la empresa.

Acto seguido rechazan en el documento que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) realice aportaciones para financiar despidos que no tengan estas motivaciones y proponen reordenar el régimen jurídico de éstos, sobre todo de los colectivos y objetivos, redefinir sus causas y restaurar el principio de efectiva participación de la representación de los trabajadores. La norma actual permite despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días no sólo cuando tengan pérdidas, también cuando prevean tenerlas o se produzca una persistente caída de los ingresos. Además, el Fogasa se hace cargo de ocho días de indemnización en los despidos por causas objetivas, tanto en los contratos ordinarios (45 días por año trabajado), como de fomento de empleo (33 días) y el mismo abono para los despidos colectivos objetivos (20 días). En suma, una nueva forma de abaratar las extinciones de los contratos para las empresas.

Pero la reforma laboral diseñada por UGT y CC.OO. también persigue penalizar la temporalidad en el empleo o redactar nuevos contratos por obra o servicio, a tiempo parcial y fijo discontinuo. La «enmienda a la totalidad» sindical, un texto de 32 páginas, propone aumentar los tipos de cotización por desempleo para las empresas a fin de favorecer la contratación indefinida frente a la temporal y, a la par, reducir el coste en los contratos fijos. El objetivo es combatir la temporalidad de larga duración con límites temporales en el caso de la sucesión de contratos y acotar los plazos para los contratos de obra y servicio y fijo discontinuo y fomentar la contratación a tiempo parcial.

La iniciativa limita a dos años el contrato de obra y servicio —actualmente es ampliable a cuatro años— y pretende poner punto y final a la realización de contratos de duración determinada cuando se formalicen con empresas de servicios que tengan como actividad habitual la realización de contratas. La intermediación laboral es otro asunto que toca el texto. En esta materia UGT y CC.OO. abogan en este caso por «potenciar y fortalecer» los servicios públicos de empleo y restringir a las entidades sin ánimo de lucro la condición de agencias de colocación, las mismas que hace unos días han sido aprobadas para operar en el mercado laboral.

Los sindicatos comenzarán a recoger las firmas por toda España después de la festividad de los Reyes Magos. Sus cálculos son superar con creces el medio millón que exige la ley para que prospere su propuesta.