La revuelta interna de los funcionarios de élite contra la política de selección de personal del Gobierno llega a Bruselas

La advertencia la realiza Antonio Carrascosa, un técnico comercial del Estado de dilatada trayectoria tanto en la administración española (fue director general de la autoridad española de resolución bancaria, el Frob) como en la europea, que ahora preside la plataforma que agrupa a las asociaciones de cuerpos superiores de funcionarios del Estado (Fedeca) y que firma las cartas que la federación ha resuelto remitir a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, -célebre en España por sus avisos al Gobierno por el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial- para ponerles al tanto de las maniobras del Gobierno para permitir que interinos sin la formación requerida puedan ocupar puestos clave en la estructura del Estado.

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Bruno Pérez

Regula la posibilidad de incorporar a opositores sin experiencia para funciones reservadas por ley a los altos funcionarios de la Administración

Los altos funcionarios andan revueltos por una instrucción de Hacienda que insta a los ministerios a configurar listados con los opositores que no hayan superado las pruebas de acceso a cuerpos superiores para tirar de ellos si en el futuro se suscitan necesidades de determinados perfiles.

Hacienda asegura que es una forma de implantar un sistema objetivo de selección y de agilizar la incorporación de personal cuando aparezcan necesidades sobrevenidas, pero los altos funcionarios recelan del sistema y temen que pueda convertirse en una puerta de entrada de interinos en ámbitos que son críticos en la arquitectura del Estado como la Intervención de Hacienda, que se encarga de la fiscalización del gasto público; o los técnicos comerciales, responsables de ejecutar la diplomacia económica en el exterior entre otras funciones.

«La situación es muy preocupante», enfatiza el presidente de Fedeca. «El sistema de acceso a la Función Pública y singularmente a los puestos A1 (los llamados a ocupar los cargos directivos de la Administración) es muy importante porque requieren de una formación muy exigente y son los encargados de ejercer potestades públicas. Que estén ocupados por funcionarios es una garantía de neutralidad y eficacia», argumenta.

También es una exigencia legal. El Estatuto de la Función Pública reserva la ocupación de los puestos que implican el ejercicio de potestades públicas a funcionarios de carrera. Fuentes de los cuerpos superiores aseguran que desde Hacienda se les dice que su intención es usar esa opción solo de manera excepcional y en caso de urgente necesidad, «pero la experiencia de los últimos 40 años nos dice que cuando se da la posibilidad de utilizar esta figura, se utiliza, y luego esos puestos quedan embalsados en las plantillas públicas», asegura Carrascosa.

Y ése es precisamente uno de los argumentos que Fedeca enarbola en las misivas que ha remitido a la Comisión. Recuerda que la utilización abusiva de la figura de los interinos desencadenó la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha obligado al Gobierno a disponer un masivo proceso de estabilización de plazas para adaptar su plantilla fija a las necesidades reales de personal de la Administración.

Y subraya también el compromiso formalizado por el Gobierno de España en el Plan de Recuperación para reducir la temporalidad de las plantillas públicas al 8%. «Por una parte se compromete un programa de estabilización de interinos y por otro se abre la puerta para contratar más. Estamos incumplimiendo nuestro compromiso con Europa», alega Carrascosa.

Las cartas enviadas por Fedeca a la Comisión Europea suponen un paso más en la estrategia de los cuerpos superiores para tumbar la intención del Gobierno de abrir la posibilidad de incorporar interinos en puestos de directivos públicos, algo de lo que no hay precedentes, según admiten fuentes de los cuerpos superiores. Hasta ahora, lo que se ha hecho ha sido recurrir las convocatorias en las que se ha incluido la cláusula que prevé la creación de una bolsa de aspirantes que no logren superar la oposición para su alistamiento en caso de que el Estado lo vea necesario, pero la próxima semana los altos funcionarios han convocado una concentración sin precedentes a las puertas del Ministerio de Hacienda para hacer patente y público su rechazo a esta medida, en línea con la histórica protesta que los inspectores de Hacienda realizaron hace ya unas semanas. El colectivo también quiere aprovechar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Función Pública para cerrar la puerta a que interinos puedan ocupar puestos de directivos públicos. «El asunto puede acabar otra vez en el TJUE», advierte el presidente de Fedeca.