España tendrá que ajustar 7.000 millones al año con las nuevas reglas de la UE

La Comisión enviará a esos países un esquema para enmarcar los planes concretos, que deberán ser completados por los propios Gobiernos. La Comisión deberá decidir si esa senda es «plausible» para permitir mantener la deuda en niveles «prudentes». En casos más complejos el periodo de cuatro años podrá ampliarse hasta un máximo de siete, si el gobierno en cuestión se compromete a hacer reformas e inversiones específicas enfocadas a los objetivos de la UE como cambio climático y transición energética.

En casos de incumplimiento de la senda fiscal acordada la Comisión podría abrir un expediente por déficit excesivo que podría desembocar en multas equivalentes al 0,05% del PIB del Estado miembro cada seis meses hasta un máximo del 0,5% del PIB. Las sanciones sin embargo quedarían en manos del Consejo donde el resto de los países deben o bien confirmarlas o anularlas si consideran que el país incumplidor «ha adoptado acciones efectivas» para controlar su déficit y su deuda.

Respecto al déficit presupuestario, el objetivo que se ha de alcanzar en cualquier plan nacional seguirá siendo el de que esté por debajo del 3%. En cuanto a la deuda pública, se valorará solamente que haya disminuido respecto al punto de partida del periodo del plan.

Las nuevas reglas sustituyen a las que se implantaron en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 1997 y que fueron la base de la creación del euro como moneda común.

La discusión sobre la versión final de estas nuevas reglas se va a llevar a cabo principalmente en el semestre que viene, es decir, bajo presidencia española, cuyo principal objetivo será convencer a los países más reticentes a suavizar las reglas, como Holanda y Alemania, para que las acepten. Según fuentes de la Comisión, Alemania habría asumido a regañadientes la propuesta que se presentó ayer, por lo que es poco probable que a lo largo de la negociación se pueda llegar a flexibilizar aún más las reglas.

En principio, de ser aprobadas estas reglas no se aplicarán hasta 2025 y la cláusula de suspensión de las actuales caduca en diciembre, por lo que el año que viene será un periodo de transición en el que no puede haber procedimientos de infracción, pero la Comisión ya ha advertido que los países deberán regresar a la senda de control del déficit público.