La multa de la CNMC a las constructoras pone en riesgo la llegada de fondos europeos

La comunicación se ha producido a través de una carta remitida al representante permanente de España en la Unión Europea. Una misiva que ha llegado además como respuesta a una solicitud de pago de fondos europeos por parte de Adif realizada durante el verano, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proceso.

Europa no especifica de forma tajante cuánto tiempo se extenderá su investigación, sino que simplemente informa al Ejecutivo de que está tratando de dilucidar el papel del administrador ferroviario en la supuesta trama, que según Competencia estuvo vigente durante 25 años.

En este caso la investigación no afectaría a los fondos del programa Next Generation, vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que se pusieron en marcha para paliar la crisis del coronavirus. Los afectados serían los fondos vinculados al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que durante los últimos años han supuesto una jugosa inyección económica para España. El país cuenta con una partida de 23.539 millones de euros para el periodo 2021-2027. Durante los años 2014-2020, el afectado por las pesquisas europeas recibió 19.410 millones.

Pero no todos estos fondos están en peligro. Muchas liquidaciones de ese periodo ya se han efectuado y, además, la hipotética sanción de la Unión Europea se centraría en algunos proyectos y debería calcularse en base a la multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La sanción, conocida el pasado mes de julio, representa la multa más alta impuesta por Competencia hasta la fecha, con 203,6 millones de euros. Se dirige contra Acciona (29,4 millones), Dragados, filial de ACS, (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). También se iniciaron actuaciones contra Lantania –creada a partir de la quebrada Isolux–, pero finalmente fueron archivadas.

La CNMC dictaminó que todas estas empresas crearon un grupo para compartir información técnica y estratégica relacionada con la presentación a los concursos públicos. El grupo, denominado 'G7' por la CNMC, quedó disuelto después de que las propias compañías implicadas apuntaran que estas prácticas podían ir en contra de la regulación. Competencia asegura que todas estas actuaciones son una infracción grave de la ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE). Además, tuvieron efectos «dañinos» para el Estado, ya que afectaron a infraestructuras públicas como hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.

«Los acuerdos colusorios sancionados han derivado en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante», destacó en verano la CNMC, que curiosamente señalaba al Ministerio de Fomento como el gran perjudicado por estas actuaciones. Eso sí, Competencia no utilizó en su resolución la palabra cártel para referirse al grupo ni reclamó que se vetara a estas constructoras para futuros contratos públicos, algo que sí ha reclamado en algunas de las resoluciones publicadas en los últimos años.

Seopan, la patronal de las grandes constructoras, consideró entonces que la resolución de Competencia se basaba en «una interpretación sesgada de algunos artículos de la ley de Contratos del Sector Público» y acusó a la institución de «falta de rigor». En opinión de la patronal, compartir los documentos que menciona Competencia supone una «práctica de reducción de costes en la preparación de licitaciones que es lícita, normal y eficiente». Varias empresas, como ACS y Ferrovial, anunciaron además que llevarían la sanción ante la Audiencia Nacional, que en los últimos años ha tumbado varias sanciones de la CNMC.

Fuentes conocedoras del procedimiento recuerdan que no es la primera vez que Europa tira de las orejas al Ejecutivo por una multa de la organización presidida por Cani Fernández. En 2016, esta institución impuso una multa de 5,6 millones a un cártel de empresas que se repartía supuestamente contratos de suministros de desvíos ferroviarios.

En concreto, la organización determinó que cuatro compañías acordaron precios y otras condiciones comerciales durante 15 años para el suministro de desvíos ferroviarios y otros elementos complementarios en la licitaciones convocadas por Adif y su antecesor GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias).

La decisión provocó una suspensión temporal del pago de determinados fondos europeos para España. Años más tarde, la Audiencia Nacional tumbó la resolución de Competencia, pero una parte del dinero que se paralizó durante ese lapso de tiempo no llegó a recuperarse.

Para evitar que este tipo de situaciones se reproduzcan en el futuro, el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, tiene previsto reforzar la gobernanza en los procesos de adjudicación de proyectos vinculados al plan de recuperación. El Presupuesto aprobado esta semana por el Ejecutivo eleva las partidas globales del Plan de Recuperación un 6,7%, pasando de 26.900 millones en 2022 a 28.692 en 2023. Pese a las dudas que rodean a la ejecución de estos fondos europeos, el Gobierno fía gran parte del crecimiento a este programa, ya que calcula que sumará 1,9 puntos al PIB en 2022 y 2,8 puntos a la economía el año que viene.