Multa histórica de Competencia: sanciona con 203,6 millones a las grandes constructoras por amañar contratos

El supervisor de los mercados ha sancionado a Acciona (29,4 millones), Dragados, filial de ACS, (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Competencia ha dictaminado que todas ellas crearon un grupo para compartir información técnica y estratégica relacionada con la presentación a los concurso públicos. El Ministerio de Transportes, antes Fomento, aparece como la gran víctima de estas conductas. 

El grupo, denominado por G7 por la CNMC porque estaba formado en principio por una empresa más, quedó disuelto en 2017 y las empresas implicadas apuntaron que estas prácticas podían ir en contra de la regulación. Competencia ha respondido que todas estas actuaciones son una infracción grave de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE). Además, han añadido, que tiene efectos «dañinos» ya que afectaron a infraestructuras públicas como hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.

«Los acuerdos colusorios sancionados han derivado en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante», destaca la CNMC.

El supervisor ha explicado el 'modus operandi' de este grupo de empresas que, desde 1992, mantenía reuniones semanales para analizar las licitaciones de obras públicas publicadas por las plataformas de contratación del Estado. En las mismas, ha apuntado Competencia, se decidían los concursos que en los que se iban a compartir parcial o totalmente los trabajos previos para elaborar las ofertas técnicas que se presentaban posteriormente a las compañías. Esto último se encargaba a empresas externas.

Cualquier modificación de estos trabajos previos debía contar con la aprobación del resto de empresas del grupo. «La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto, para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas», han especificado desde la CNMC que destaca la progresiva complejidad del cártel en los 25 años de existencia.

Además, en sus encuentros semanales, el regulador les ha atribuido también el intercambio de información comercial sensible como si acudir o no bajo la forma de una Unión Temporal de Empresas (UTE) y que empresas las formarían.

Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la administración como parte de la oferta técnica. En algunos supuestos, en torno al 5%, las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la Administración.

Al respecto, desde la CNMC, han destacado que todos estos intercambios de información entre licitadores es un incumplimiento del denominado deber de proposición única y de secreto de las proposiciones. Además , han añadido, elimina la independencia exigida a las empresas que se presentan a este tipo de concursos.

Solo en el caso de los contratos de edificación y de infraestructuras como hospitales, carreteras y aeropuertos durante el periodo investigado la oferta técnica podía llegar a suponer el 70% de la puntuación del concurso frente al 30% correspondiente al capítulo económico.

La investigación de Competencia viene de largo. En 2018 abrió un expediente a las seis empresas sancionadas por posibles prácticas anticompetitivas. Pero la «complejidad» del procedimiento, motivado por la permanencia en el tiempo de las prácticas investigadas, y un defecto en la tramitación del procedimiento impidió resolver el procedimiento en el plazo de 18 meses marcado por ley.

Cuando ese plazo caducó, Competencia archivó el proceso e inició uno nuevo para mantener viva la investigación. El organismo recordó entonces que los hechos investigados no habían prescrito. El origen de la investigación fue otro procedimiento en el ámbito de la obra civil.

Una vez resuelta la investigación, Competencia ha remitido la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública para que determine su duración y alcance. El objetivo es que la Administración deje de contratar a estas empresas, pero esto será complicado porque entre las seis aglutinan la mayor parte del mercado de la obra civil en España. Además, para que el veto sea efectivo debe haber una sanción en firme y los implicados recurrirán la sanción.

«Manifestamos nuestra absoluta discrepancia con la resolución de la CNMC. La propia resolución reconoce que no existe un acuerdo restrictivo de la competencia cuyo objeto fuera alterar las licitaciones. Ferrovial interpondrá un recurso ante la Audiencia Nacional y confía en la anulación integra de esta resolución. Ferrovial ya recurrió la incoación de este expediente ante la Audiencia Nacional», explican desde Ferrovial.

Desde ACS también muestran su disconformidad con la resolución y, al igual que Ferrovial y el resto de constructoras, la recurrirán ante la Audiencia Nacional.