El ministro de Consumo insta a las empresas españolas en Israel a tomar medidas para «no contribuir al genocidio en Palestina»

En la carta, el ministro ha instado a las empresas que operan en territorio israelí a realizar una serie de acciones.

En concreto, ha demandado a las empresas que reporten al Ministerio las evaluaciones y estudios que hayan realizado para evitar los riesgos de abusos de los derechos humanos de la población palestina, que pudieran derivar de sus actividades y de las relaciones empresariales. En estos estudios deberán incluir «consultas a expertos en derechos humanos, a grupos potencialmente afectados y a otras partes interesadas».

En este sentido, el ministro considera que las compañías deberán describir la metodología utilizada para evaluar el impacto.

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Asimismo, el ministro también pide que las firmas que operan en Israel «rindan cuentas» sobre las medidas que están tomando «para prevenir cualquier consecuencia negativa de su actividad en los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza»

Por último, Bustinduy ha solicitado a las empresas que informen sobre los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que los consumidores tengan pleno conocimiento de estas actuaciones.

Según la base de datos de Informa, existen 28 empresas españolas con filiales en Israel. De éstas dependen 32 filiales.

En este sentido, la empresa española con más participaciones en Israel es CAF, con 3 filiales. El mismo número de filiales que tienen Naturgy y Siemens. A estas les siguen Amadeus y Rioglass Solar Holding, con dos filiales. El grupo Naturgy cuenta también con 3 filiales, así como el Grupo Siemens. Los sectores más representados en Israel son los servicios empresariales (6) y construcción y actividades inmobiliarias (5)

En la carta, Bustinduy ha justificado que el envío de la misma se debe a la última orden de la Corte Internacional de Justicia, que instaba a Israel a adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir «un genocidio en la Franja de Gaza». Entre las resoluciones, reitera, «la Corte pedía a los Estados adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí y/o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas».

La orden incluye sus relaciones comerciales y cadenas de valor, y en el caso de las que operan en el país se extienden a las operaciones que pudieran tener efectos sobre la población de los territorios palestinos ocupados.

Así, apunta, que la petición «forma parte de la doctrina internacional» y que «de hecho, está recogida en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos y en la Directiva UE sobre diligencia debida de las empresas aprobada por el Parlamento Europeo y que debe estar recogida en la legislación española en un plazo máximo de dos años». En concreto, la Directiva incide en el derecho del consumidor a contar con la información necesaria para «el disfrute bienes respetuosos con los derechos humanos».