La madre de todas las crisis

La tormenta bursátil desatada esta semana a partir de un estado general de nervios sobrevenido tras el rescate de Irlanda ha arrasado la confianza en la economía española, ya muy precaria por el peso acumulado de sus defectos estructurales. Los mercados de deuda han machacado el índice Ibex y hundido los valores de nuestras principales empresas, presas de un efecto de contagio incrementado por la renuencia gubernamental a nuevas medidas de ajuste. Los acreedores han desdeñado a Portugal para apuntar directamente hacia una España que se ha quedado sin cortafuegos ante la alarma por el peligro de impago. En tres días, de lunes a jueves, el diferencial con el bono alemán y los créditos de riesgo ascendieron a máximos históricos, y los bancos nacionales tuvieron que hacerse cargo a duras penas de una emisión de deuda a interés estratosférico que se negaban a adquirir los inversores extranjeros. El «blitzkrieg» financiero disparó de forma exponencial el riesgo-país y la suspensión de pagos, el temible «default», estuvo durante unas horas aleteando por segunda vez en la ventana del sistema económico.

El mismo día, domingo 21, en que los ministros del Ecofin imponían al Gobierno irlandés el rescate de su deuda, el presidente Rodríguez Zapatero descartaba en una entrevista con el diario socialdemócrata «El País» cualquier programa inmediato de nuevas medidas de ajuste, y ratificaba su intención de aplazar hasta la primavera la reforma del sistema de pensiones. Sus palabras incrementaron de forma inmediata el miedo en los mercados y contribuyeron en no poca medida al estado general de zozobra. Pero el Gobierno permaneció durante toda la semana inmóvil. En su análisis, se trataba tan solo de una crisis coyuntural y pasajera, que se aplacará cuando prevalezca la evidencia de las fortalezas de la economía española. Empeñado en mantener el «statu quo» actual hasta las elecciones locales de mayo, el Ejecutivo cifra su esperanza en que la propia escala económica de España haga desistir a los socios europeos de embarcarse en un rescate ultramillonario que podría tambalear incluso la viabilidad del euro. «Vamos a cumplir la previsión de déficit, y sin mayoría parlamentaria no tenemos margen de maniobra», afirmaba el jueves un ministro de Zapatero.

Sin embargo, el horizonte del rescate aparece en estos momentos como una posibilidad tan real que ya se han puesto sobre la mesa cifras concretas: 350.000 millones, para salvar tan solo una parte de la deuda. Los medios económicos urgen decisiones inmediatas —impulso de las reformas del mercado laboral, de las pensiones y del sistema de cajas de ahorro— que atajen este riesgo, cuyas consecuencias serían gravísimas al provocar un estancamiento decisivo de la productividad y prolongar aún más la recesión que ha provocado cifras récord de desempleo. A día de hoy, sin embargo, ningún movimiento de la escena pública indica la inminencia de nuevas medidas destinadas a reducir el riesgo de impago apreciado por los acreedores. El Ejecutivo permanece aferrado a sus premisas y la oposición ha resumido sus conclusiones en una proclama política: el principal elemento de riesgo es el propio Zapatero, y la única salida viable es la convocatoria de elecciones anticipadas. A la crisis económica y financiera se suma así un bloqueo político de enorme gravedad, arrastrado de los últimos años y capaz de producir un colapso nacional.

La realidad es que esa crisis política, mucho más profunda que la del simple agotamiento de un Gobierno incapaz de hacer frente a los problemas, resulta determinante en las incertidumbres que han provocado el deterioro del valor España. La desconfianza en las capacidades de un país que había vivido desde 1997 hasta 2007 una década de incuestionable desarrollo se debe a un deterioro estructural incubado en lo que va de siglo por falta de visión estratégica, y acelerado durante el mandato de Rodríguez Zapatero, cuya política, caracterizada por el énfasis en cuestiones superficiales y la retórica gestual, ha abandonado los aspectos básicos que garantizan el mantenimiento de la cohesión institucional y de las fortalezas sociales. La recesión no ha hecho sino agudizar y poner de manifiesto la debilidad de un proyecto de gran trivialidad, diseñado para explotar electoralmente las complacencias de una sociedad satisfecha, que se ha venido abajo cuando la crisis ha atacado, con las mutaciones de un virus maligno, sus enclenques defensas orgánicas. Han caído una por una: el sistema financiero, la burbuja inmobiliaria, el tejido industrial, las políticas de gasto y finalmente la deuda. De ahí que los análisis menos superficiales de la situación reparen en la necesidad de solucionar la crisis política como única fórmula de atajar la económica y estabilizar el país a medio plazo. Solución que no pasa solo por el adelanto electoral y la constitución de una nueva mayoría parlamentaria con legitimidad para abordar medidas urgentes de dolorosos costes sociales. La gravedad del colapso requiere un impulso de regeneración global con reformas en profundidad que pongan al día las estructuras funcionales de España y permitan sentar las bases de un desarrollo sostenido, so pena de que el retroceso de los últimos años se convierta en un retraso acumulado que anule la competitividad con un proceso de esclerosis.

Las causas principales de este anquilosamiento competitivo aparecen definidas con prístina claridad en el informe que la Fundación Everis entregó al Rey Juan Carlos el pasado 15 de noviembre, y que bajo el epígrafe «Transforma España» transmite la necesidad de entender la crisis en su sentido etimológico como oportunidad de «transformación» y «decisión». El documento se basa en las opiniones plurales formuladas por un centenar de personalidades de primer nivel en la vida española, en el que destaca la presencia del núcleo directivo de la mayoría de las empresas del Ibex, así como de intelectuales independientes, responsables de medios de comunicación, academias y demás plataformas de la llamada sociedad civil. Partiendo de un diagnóstico demoledor —la pérdida en dos años del valor-país o media de indicativos de bienestar hasta los niveles de 1997 como consecuencia de una fuerte degradación de la gestión pública—, el informe establece un programa de reformas necesarias bajo razonables criterios de reconstrucción nacional. Junto con una revisión a fondo de los modelos vigentes en administración, autonomías, justicia, energía, educación y marco electoral, propone una dinámica de pactos de Estado que hagan posible la agenda de reconstrucción nacional con una mínima estabilidad política.

La envergadura de este marco de reformas exige, a todas luces, un acuerdo político y social de gran alcance que trascienda el juego tradicional de apoyos parlamentarios —basados en la compraventa de favores con minorías nacionalistas— para dotar al impulso de regeneración de un soporte estable y transversal. Resulta obvio que el crispado clima de enfrentamiento actual imposibilita cualquier clase de pacto de fondo, toda vez que las siempre difíciles relaciones entre los dos grandes partidos han entrado en estado de encono y que la alternativa de la oposición se basa en el relevo inmediato del Gobierno zapaterista, al que identifica como el principal factor de inestabilidad. Estamos, pues, ante un «impasse» generalizado en el que problemas y soluciones aparecen encadenados como en un círculo vicioso que solo puede romperse mediante un ejercicio de superación global. Las dificultades socioeconómicas y financieras exigen una determinación política que el Gobierno, sin liderazgo ni coraje, desbordado por la situación y preocupado por la caída de sus expectativas, no está en condiciones ni muestra voluntad de ofrecer. La oposición condiciona cualquier salida a un cambio de rumbo en la dirección política de la nación, y la sociedad civil no encuentra eco en las plataformas políticas. España ofrece así un bloqueo general que retroalimenta las dudas exteriores.

El dilema es pacto o elecciones. El acuerdo no parece posible por la distancia sideral que separa las posiciones de los dos grandes partidos nacionales y por el egoísmo de los nacionalistas. Las elecciones anticipadas parecen descartadas por un Gobierno que ahora mismo estaría condenado a perderlas. En medio del bombardeo de los mercados, que reclaman mayores garantías de pago, el rescate europeo y su consecuente contrapartida de reformas impuestas se ha convertido en un horizonte verosímil a plazo medio o corto, quizá para el primer trimestre de 2011. Pero se trataría de una solución de emergencia y con un alto precio de empobrecimiento inmediato. La verdadera terapia de regeneración de un modelo social, político y administrativo agotado va a permanecer pendiente a la espera de un nuevo marco que pase obligatoriamente página de una década de parálisis y se apreste a leer el futuro con la determinación de transformar sus oscuras perspectivas.