Los precedentes

Uno de los pilares de cualquier sistema parlamentario es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En 1995, Felipe González, tras ver rechazado su anteproyecto presupuestario, interpretó el hecho como una pérdida de confianza parlamentaria y convocó elecciones. Era una decisión coherente con una concepción responsable del poder: sin respaldo para gobernar, el mandato pierde su legitimidad operativa. Pedro Sánchez, en cambio, ha decidido burlar esta premisa. Sin mayoría para sacar adelante unos nuevos Presupuestos y con una aritmética parlamentaria frágil, su decisión es resistir sin «el concurso» del Parlamento.

Por lo visto, el presidente ha justificado su encastillamiento con un curioso argumento: la experiencia de Portugal. Allí, el socialista Antonio Costa dimitió tras ser investigado por un supuesto caso de corrupción, y el resultado han sido tres elecciones en cuatro años y las dos últimas las ha ganado la derecha con una fuerte subida de la derecha populista. Aunque se demostró que Costa era inocente, eso no devolvió el crédito a los socialistas. Sánchez sostiene que «la mejor manera de combatir a la ultraderecha es gobernar» lo que en sus circunstancias actuales en realidad es simplemente ocupar el poder. Sánchez oculta, además, que el Gobierno de Costa estaba en una decadencia pronunciada y había sufrido una decena de dimisiones en el último año.

A la falta de Presupuestos se suma la colonización de las instituciones. Desde el CIS hasta la Fiscalía General, pasando por el Tribunal Constitucional o RTVE, el Ejecutivo ha impulsado nombramientos que socavan la apariencia de imparcialidad. Al legislar se han tomado atajos para evitar informes sonrojantes. La percepción de un Estado al servicio del Gobierno y no del conjunto de los ciudadanos es letal para la democracia. El desafío a la Justicia es otro signo de deterioro. La ley de amnistía, se presenta como un ejercicio de «reencuentro», pero es un pago de favores. El Gobierno desacredita sistemáticamente a los jueces, los acusa de «lawfare» o promueve reformas para neutralizar investigaciones judiciales en curso.

El resultado es un legado envenenado. Si mañana un Ejecutivo de derecha decide gobernar sin Presupuestos, tomar el control del CIS o desacreditar al Tribunal Constitucional, podrá decir que simplemente sigue los pasos del actual presidente. Sánchez no solo gobierna el presente: está escribiendo, con trazo grueso, el manual de conducta política del futuro. Y no necesariamente uno mejor. jmuller@abc.es