Hacienda valora en 1.700 millones las devoluciones en el IRPF que tendrá que realizar a los mutualistas
El Supremo les reconoció a principios de año el derecho a recuperar los impuestos pagados de más por las aportaciones a la jubilación que hicieron en las antiguas mutualidades de trabajo
Al cierre del pasado mes de junio la Agencia Tributaria había devuelto 708 millones
Hacienda calcula que tendrá que devolver 1.700 millones de euros a los afiliados de las antiguas mutualidades del trabajo por los impuestos que se les cobraron de manera irregular entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978 ... sobre las aportaciones que realizaron para su jubilación, a las que en su día se dio el tratamiento de rendimientos del trabajo cuando tendrían que haber estado exentas como las cotizaciones que los trabajadores del Régimen General de Seguridad Social realizaron durante esos mismos años.
Así lo decretó el Tribunal Supremo en una sentencia que se conoció el pasado mes de febrero y cuyo potencial impacto para las arcas públicas -que se vaticinaba millonario- se ha movido hasta ahora en el terreno de la especulación por la dificultad para estimar tanto el universo de afectados como las cuantías concretas a reintegrar.
El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) calculó el colectivo de afectados en unos 4,8 millones, una cifra que supone la mitad de los trabajadores que estaban adscritos a las antiguas mutualidades del trabajo en diciembre de 1978, y los despachos de abogados que están defendiendo los intereses de los mutualistas a cobrar el IRPF abonado de más en esos años aproximaban las cuantías a devolver en una horquilla entre 2.000 y 4.000 euros por mutualista. Sin embargo no había cálculo oficial de su potencial coste para las arcas del Estado.
Hacienda ha aprovechado el cierre de la Cuenta General del Estado de 2023 para reservar 1.700 millones de euros para cubrir las «devoluciones por IRPF de pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades», según figura en el capítulo de provisiones dotadas por el Gobierno, que recoge los pagos a los que se espera hacer frente por sentencias y contingencias contra los intereses del Estado.
Según la información que mes tras mes da la Agencia Tributaria sobre la gestión recaudatoria, hasta el pasado 30 de junio el Estado había devuelto ya 708 millones a mutualistas de las extintas mutualidades del trabajo, lo que a la luz de la nueva información proporcionada por Hacienda no alcanza ni siquiera a la mitad de las deudas que el Estado tiene con el colectivo.
La Agencia Tributaria ha habilitado un canal preferente en su web para que los mutualistas puedan acreditar tanto su condición como tales como las aportaciones realizadas en su día y según fuentes del organismo también ha rastreado la información disponible para facilitar el reconocimiento del derecho a los jubilados sobre los que haya información de sus contribuciones, pero el hecho de que se trate de pagos que se realizaron entre 45 y 55 años atrás dificulta la acreditación documental que se exige para realizar la devolución y podría rebajar de forma relevante el coste para el Estado esperado por Hacienda.
Un dineral en sentencias
Las devoluciones a mutualistas son, sin embargo, solo una parte de las deudas a las que tendrá que hacer frente Hacienda en los próximos meses. La insólita acumulación de sentencias judiciales desfavorables a sus intereses en los últimos tiempos han trascendido la categoría de anécdota y se han convertido en un elemento de preocupación a la hora de cuadrar las cuentas en un momento en el que la reinstauración de las reglas fiscales obligan a España a cumplir con los objetivos de consolidación acordados con Bruselas.
La constatación de ello es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) supeditó su análisis favorable respecto al potencial cumplimiento del objetivo de cerrar el año con un déficit inferior al 3% del PIB a la clarificación del impacto de estas sentencias sobre las arcas públicas, cuyo efecto para este ejercicio estimó en 3.000 millones de euros.
Las cifras proporcionadas por el Ministerio de Hacienda en la Cuenta General del Estado elevan esta factura hasta los 4.000 millones de euros, sumando los 1.700 millones en devoluciones a mutualistas, los cerca de 1.500 millones de euros que estima que le costará la sentencia judicial que le obliga a devolver a los grandes operadores de telecomunicaciones el IAE que se les cobró por un nuevo epígrafe del impuesto instaurado en 2002 y los 1.200 millones que Hacienda estima que le costará la derogación del decreto de 2016 que sustanció la que se tiene como la mayor subida del Impuesto de Sociedades de la historia.
La incertidumbre en torno a estas cifras es, no obstante, elevada. No tanto en el caso de las devoluciones de IAE a las grandes telecos cuyo coste Hacienda ya había estimado en unos 1.300 millones de euros hace unos meses y que ahora eleva hasta los 1.479 millones de euros en la provisión dotada en la Cuenta General del Estado, pero sí en el caso de la anulación de la reforma del Impuesto de Sociedades de 2016 en la que se aprecia una gran discrepancia entre lo que las empresas aspiran a recuperar y lo que Hacienda espera que le cueste: unos 1.200 millones de euros.
El cálculo de Hacienda parece construirse sobre la fórmula que sus servicios técnicos y jurídicos han encontrado para reinstaurar en su integridad las medidas aprobadas en 2016 por Cristóbal Montoro por la vía del decreto, lo que propició su anulación posterior por parte del Tribunal Constitucional, con el menor coste posible para las arcas públicas y por consiguiente con las menores compensaciones posibles a los afectados, en su mayoría empresas de gran tamaño.
Hacienda restaura a su medida el decreto Montoro para devolver menos a las empresas
Mete un par de ajustes para rebajar el impacto millonario del fallo del Constitucional
Así se explica la distancia entre los en torno a 5.000 millones que las empresas aspiraban a recuperar y los 1.200 millones que Hacienda estima que le costará la anulación del decreto de Montoro. El asunto no está claro porque no son pocos los asesores que entiende que el apaño podría ser inconstitucional.
El problema creado por los reveses judiciales a Hacienda ha acabado convertido en arma arrojadiza y en una maniobra insólita desde el Ministerio se ha deslizado un cálculo que estima en 11.000 millones de euros el coste para las arcas públicas de las sentencias que han tumbado medidas aprobadas durante la era de Cristóbal Montoro
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