«Creemos que para el 20 de abril ya tendremos incorporada toda esa información«, ha asegurado este miércoles la directora del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rosa María Prieto del Rey, en relación a la situación en la que se encuentran cientos de miles de mutualistas de las extintas mutualidades laborales, a los que el Supremo ha reconocido su derecho a reclamar los impuestos pagados de más cuando tenían que incorporar sus aportaciones a las mutualidades como rendimientos del trabajo en sus declaraciones de la renta.
La resolución judicial les ha abierto la posibilidad de reducirse en un 25% la base imponible asociada a los rendimientos derivados de su pensión anual y no solo de este ejercicio sino de todos los que no estén prescritos, lo que les habilita a solicitar devoluciones fiscales por sus declaraciones de renta de 2019 en adelante.
Los responsables de la Agencia Tributaria han evitado realizar una estimación del número de contribuyentes afectados, que los técnicos de Hacienda sitúan cerca de los cinco millones, pero sí han realizado un llamamiento para que los mutualistas retrasen al menos quince días la presentación de su declaración. «Estamos terminando de recopilar la información disponible sobre las aportaciones realizadas y creemos que a partir del 20 de abril podremos incorporarla a nuestras bases de datos para que el programa pueda añadirla a los datos fiscales de los afectados», ha explicado la responsable del Departamento de Gestión, que ha asegurado que a partir de entonces los antiguos mutualistas ya dispondrán de esa información en sus datos fiscales para facilitar la regularización de sus declaraciones de Renta en los casos en que proceda.
El objetivo de la Agencia es facilitar la canalización del proceso a través del programa Renta Web para que se realice de una forma automática, si bien también han puesto a disposición de los mutualistas un formulario en la página web de la Agencia con el que con solo incorporar un número de cuenta bancaria y un número de teléfono se abre un proceso para realizar los trámites y los cálculos que correspondan para ejecutar la devolución de oficio.
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