Hacienda subleva a sus cuerpos de élite al prever que los interinos ocupen puestos clave en el Estado

Tras encajar una oleada de recursos contra los procesos de consolidación de interinos que ha ido sacando, por su presunto exceso de ligereza, y la primera concentración de protesta de inspectores de Hacienda de la historia, el gabinete de María Jesús Montero encara ahora la revuelta también sin precedentes de los interventores y auditores del Estado -el cuerpo de élite de la Administración que se encarga de fiscalizar la adecuada utilización de los recursos públicos- contra la última convocatoria de acceso al cuerpo publicada por Hacienda, que por primera vez abre la puerta a que aspirantes que no hayan aprobado la oposición puedan desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado, aunque sea de forma transitoria.

La asociación representativa del cuerpo (Acsiae) ha difundido un comunicado en el que manifiesta «su firme rechazo» a esta maniobra y subraya sus riesgos, como que «podría dar lugar a una entrada de personal sin una serie de conocimientos esenciales para ejercer su función».

La cláusula introducida por Hacienda no solo habilita sino que obliga al tribunal de la oposición a elaborar una lista con todos los opositores que hayan aprobado al menos uno de los seis exámenes de los que consta. El fin es crear una bolsa de interinos de la que el Ministerio pueda tirar con rapidez en caso de que se pongan de manifiesto necesidades puntuales de perfiles asimilables a las funciones que desempeñan los interventores y auditores del Estado.

El asunto es que no se trata de funciones cualquiera, como el comunicado de la asociación se encarga de enfatizar. Incluyen «la condición de agentes de autoridad en el control financiero de subvenciones y fondos comunitarios; autoridad de auditoría de fondos europeos y autoridad de control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», además de otro puñado de materias esenciales relacionados con el control del gasto público y la fiscalización de cuentas tanto de la Administración como de todos los organismos que están vinculados a ella.

El Ministerio de Hacienda niega que la maniobra tenga que ver con las insuficiencias de personal que el propio Gobierno ha reconocido en la gestión de los fondos europeos, por mucho que el real decreto ley que adaptó la normativa española a las singulares necesidades del despliegue de estos habilitara al gobierno a incorporar externos e interinos para agilizar la gestión de todo lo relacionado con el Mecanismo de Recuperación.

«Tiene como finalidad dotar de agilidad la selección de personal interino y reducir los plazos de incorporación cuando existan razones justificadas de necesidad y urgencia», aseguran desde Hacienda. Fuentes de los interventores del Estado responden que no se recuerdan precedentes de interinos realizando las funciones reservadas al cuerpo y advierten de que el Estatuto del Empleado Público prohíbe la participación de profesionales ajenos a la escala funcionarial en funciones que impliquen el ejercicio de potestades públicas, como es el caso.

Los interventores no están solos en esta protesta. Una veintena de asociaciones de diferentes cuerpos de la Administración han rubricado el comunicado del cuerpo en el que exigen la retirada de esa cláusula, que ha sido incluida ya en otras convocatorias. Fuentes de cuerpos superiores de la Administración admiten su preocupación en torno a que esta cláusula se utilice para facilitar los nombramientos a dedo en puestos muy sensibles de la estructura del Estado.