Hacienda se enreda en una misión imposible para pasar factura a Ferrovial por su marcha de España

Media docena de expertos fiscalistas consultados por ABC, entre los que se encuentran personas que han ocupado puestos directivos de relevancia en la estructura de la Agencia Tributaria, coinciden en la dificultad extrema de que Hacienda pueda acreditar la ausencia de motivos económicos válidos para realizar el traslado, como exige la normativa doméstica pero sobre todo la europea para privar a una compañía del régimen de neutralidad fiscal previsto para las adquisiciones y fusiones dentro de la UE.

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Bruno Pérez

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«En apariencia la operación está blindada», asegura una de las fuentes consultadas, con experiencia en el ámbito de la Agencia Tributaria. «Tal vez la compañía acabe obteniendo alguna ventaja fiscal por el traslado de su matriz de España a Países Bajos pero ha anunciado que va a continuar pagando impuestos en España por su negocio español y además ha alegado otros motivos económicos, que Hacienda tendrá difícil cuestionar. Si no hacen nada raro no tendrá problemas».

El Gobierno neerlandés confirmó la pasada semana que no había cerrado ningún acuerdo especial con la compañía, los célebres 'ruling' a los que el nuevo estándar de cumplimiento fiscal de la OCDE ha puesto coto, lo que hace todavía más complicado que se pueda alegar la fiscal como única motivación del traslado de Ferrovial.

«Si hay motivos económicos válidos, aunque haya una ventaja fiscal, el régimen de neutralidad previsto en la directiva es aplicable», aclara Stella Raventós, presidenta de Aedaf. Explica que la directiva europea solo permite a los estados miembros establecer una presunción de fraude o evasión fiscal a estos efectos en los supuestos en los que la operación tenga como único objetivo obtener una ventaja fiscal, pero no lo pueden hacer de forma general en otros casos, «ya que implicaría actuar en contra del espíritu de la directiva».

«Será difícil que la Agencia Tributaria pueda acreditar que los motivos son diferentes a los esgrimidos por la empresa», coincide Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales (Reaf). «La Agencia acostumbra a ser beligerante con estas operaciones, pero solo cuando hay una venta posterior que se beneficia de un marco más favorable en otro territorio o cuando la deslocalización viene seguida de un reparto de dividendos masivo que paga menos impuestos», asegura, con la aclaración de que todo dependerá de cómo se haga la operación en el futuro. «Es imposible pronunciarse a priori sin saber cómo va a hacerse la operación», advierte.

La Agencia Tributaria fiscalizará la operación, «como se haría con cualquier otra operación de esta magnitud», aclara Luis del Amo, pero según las fuentes consultadas será difícil que de esa comprobación se derive un acta de inspección y eventualmente una inaplicación del régimen de neutralidad fiscal que la Unión Europea garantiza a este tipo de operaciones.

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, lo recalcó la semana pasada en su intervención inicial ante la Junta de Accionistas, en un contexto marcado por las advertencias deslizadas en los días anteriores no solo desde el Gobierno sino desde la misma Agencia Tributaria que saltándose su costumbre de no pronunciarse sobre la situación de contribuyentes concretos puso sobre la mesa las posibles penalizaciones fiscales que se podrían derivar de la inexistencia de motivos económicos válidos, lo cual obligaría a la compañía a pagar un peaje fiscal por las presuntas plusvalías latentes por las que no se hubiera tributado.

Del Pino avisó de la existencia de jurisprudencia europea y española que avalaba la aplicación del régimen de neutralidad fiscal sobre las fusiones y adquisiciones en este caso. «Es jurisprudencia asentada en el Tribunal de Justicia de la UE que el régimen de neutralidad fiscal se debe aplicar salvo que la única y principal razón de la operación sea fiscal», recuerda la presidente de Aedaf, la asociación que reúne a los profesionales de los principales despachos de asesoría del país y que la semana pasada emitió una nota en contra de la actuación del Gobierno en este caso. «No tiene que hacer falta ni acudir a la jurisprudencia porque el principio de libertad de establecimiento ya avala el derecho de cualquier empresa de la UE para establecerse en otro país», recalca.

Ferrovial se apoya además en una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 2016 que interpreta el alcance de la normativa europea sobre el régimen de neutralidad fiscal de estas operaciones y que no solo vincula la inaplicación de este régimen a la existencia de fraude o evasión fiscal sino que exige la existencia de artificiosidad en la operación. Y se trata de una operación comunicada al regulador de los mercados.