El Gobierno subirá el sueldo a los funcionarios un 2% en 2024 antes de aprobar los Presupuestos

Con esta operación, el Ministerio de Función Pública acelera los plazos de aplicación de la subida salarial que de otro modo se habría retrasado hasta la aprobación de las Cuentas y despeja la incertidumbre que acompaña a las negociaciones parlamentarias del Gobierno en este arranque de legislatura. Además, teniendo en cuenta que este texto se votaría en el Congreso en las próximas semanas, la subida se ejecutaría ya en abril, pasada la Semana Santa, y se haría con carácter retroactivo a 1 de enero de 2024.

Además, el Gobierno refleja en la enmienda al proyecto de ley, en reproducción del texto acordado con los sindicatos para las subidas salariales de octubre de 2022, que esta subida del 2% está sujeta a un 0,5% adicional a abonar a final de año una vez se conozca la variación de la inflación en el ejercicio completo.

«El Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022 establece un marco plurianual de incremento retributivo para los empleados al servicio de las Administraciones Públicas que se extiende entre los años 2022 y 2024», señalan los grupos parlamentarios que sustentan la coalición del Gobierno en la enmienda añadiendo que «como quiera que ha sido necesario prorrogar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, para el cumplimiento de los compromisos asumidos es preciso la aprobación de esta norma que posibilita la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado Acuerdo».

Además, tal y como ha ocurrido en las revalorizaciones de las nóminas de los años 2022 y 2023, también al final del presente ejercicio se observará el avance de los precios reflejado por el IPC. «Con efectos de 1 de enero de 2024, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024», parafrasea la enmienda incluida del texto marco de revalorización salarial.

Con la formalización de esta subida que como se ha mencionado se podría aplicar ya para la nómina de abril, con carácter retroactivo a 1 de enero, el colectivo de los funcionarios, trabajadores de comunidades autónomos y ayuntamientos, además de personal laboral de las administraciones y trabajadores de empresas públicas habrán experimentado al menos un alza del 9% en el periodo 2022-2024, ambos incluidos.

El texto primigenio del acuerdo contempla un incremento salarial fijo del 2%, a lo que se sumaría otro 0,5% en función de la evolución de los precios para este año. Y si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios (8%), se aplicará ese incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC de 2022 fue del 5,5%, mientras que el de 2023 terminó en el 3,3%, lo que resulta un total del 8,8%, que supera el límite establecido para aplicar esa subida adicional del 0,5%. Por ello, el sueldo de los funcionarios tendría que elevarse un 2,5% al final del presente ejercicio.

Ante un escenario de escalada de precios, los sueldos de los empleados públicos aumentaron en 2022 un 3,5%, mientras que se alzaron otro 3,5% en 2023 -incluyendo ya el 0,5% aprobado hace escasas semanas por la confirmación del dato de PIB de 2023, con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023- y se incrementarán previsiblemente en 2024 un 2,5%, lo que supone una subida acumulada en tres años del 9,5%. En términos reales, la revalorización puede ser hasta de un 9,8%, dado que las alzas salariales son consolidables en las retribuciones.

«Una enmienda que contiene elementos de prórroga presupuestaria recogerá el compromiso de subida salarial», señalaba el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, cuestionado en rueda de prensa, momento en el que agradeció «singularmente» a UGT y CC.OO. acordar el marco de subidas salariales.

En este punto, el movimiento del Gobierno que habilitará la aprobación de esta enmienda en las próximas semanas, además de desvincular el delicado elemento de la revalorización pendiente de más de tres millones de nóminas del mercadeo en el que se puede convertir la negociación de los Presupuestos Generales, también sirve para aplacar parte del descontento creciente entre los trabajadores de la Administración que denuncian la desidia y dejadez del Ejecutivo sobre la agenda de medidas enfocadas a los funcionarios que arrastran ya años de retraso en su puesta en marcha.

De hecho, desde el principal sindicato del colectivo de funcionarios, CSIF, han redoblado la amenaza de un frente de empleados públicos contra el Gobierno si no se empiezan a abordar aspectos como la implantación de la jornada de 35 horas, un nuevo acuerdo salarial para los próximos años que además de conservar de poder adquisitivo sirva para recuperar parte del 20% perdido en los últimos tres lustros, mejoras en el acceso para la jubilación y la aprobación de una nueva oferta pública de empleo que sirva para acelerar el proceso de estabilización de las platilla de la Administración.

Cabe recordar que la central dirigida por Miguel Borra, que encara en el X Congreso Nacional la que se prevé su reelección como líder del sindicato, ha amenazado con una primavera caliente y movilizaciones de funcionarios si no se atiende a los compromisos adoptados ya por la anterior administración del Gobierno y que no fueron abordadas por la anterior ministra María Jesús Montero, pero que tampoco han avanzado con la llegada de Escrivá, a quien desde CSIF demandan un calendario transparente de negociaciones.