Hacienda retrasa su cierre fiscal para poder gastar más fondos europeos

Hacienda ha aprovechado este ajuste al cierre de los presupuestos de este año para acometer un retoque más. En este caso afecta a los fondos europeos y, básicamente, habilita a los ministerios y organismos públicos que los están gestionando a autorizar gastos con cargo al Plan de Recuperación hasta el próximo 15 de diciembre, lo que supone un margen extra de tres semanas respecto a la fecha inicial prevista, el 26 de noviembre.

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El texto de la orden ministerial que sustancia estos cambios admite que el cambio tiene como objetivo principal «permitir la mejor ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia«. Lo que cuentan los datos oficiales publicados por la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda a cierre del mes de octubre es que en los primeros diez meses del año el Gobierno apenas ha sido capaz de ejecutar uno de cada cuatro euros disponibles en los Presupuestos para sufragar los programas del Plan de Recuperación, un porcentaje pobrísimo si se tiene en cuenta que el próximo mes de agosto de 2026 finaliza el plazo proporcionado por la Comisión Europea para aplicar los fondos disponibles.

En concreto, de los 34.450 millones de euros incluidos en los Presupuestos de 2025, de los cuales más de 16.500 millones ya venían de fondos que se han podido ejecutar en los ejercicios anteriores, apenas se han adjudicado 8.909 millones de euros. La cifra se sitúa sustancialmente por debajo del ritmo de ejecución de unos 1.200 millones de euros al mes que Nadia Calviño señaló en su día como la velocidad de crucero necesaria para poder ejecutar todos los fondos disponibles.

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda señalan que cuando apenas quedan ocho meses para que Bruselas cierre la ventana que abrió a mediados de 2021 para que el Gobierno de España pudiera aprovechar los 160.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido y préstamos baratos que se le asignaron en el Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia, se han asignado de manera efectiva algo menos de 59.000 millones de euros, si bien hay unos 25.000 millones de euros en convocatorias abiertas pendientes de resolución.

La tremenda distancia que tras cuatro años de accidentada gestión resta para poder aprovechar la totalidad de los recursos puestos a disposición de España por Europa ha aconsejado al Gobierno dejarse llevar por el realismo y desde hace unas semanas está negociando con la Comisión Europea un replanteamiento de su plan nacional de recuperación por el que renunciará a una buena parte de los 84.000 millones de euros de financiación barata que Bruselas ponía a su disposición a cambio también de suavizar la ambición de los hitos y compromisos de reformas e inversión que el Ejecutivo había pactado con Europa.

El reajuste se concretará en los próximos días, supondrá un recorte drástico en las expectativas iniciales de solicitud de financiación europea barata por parte de España y afectará sobre todo a la dotación financiera del abanico de fondos de nueva creación anunciado hace meses, muchos de ellos apoyados en el ICO, para impulsar proyectos estratégicos para el Gobierno en ámbito como la transición verde, las empresas emergentes o la promoción de vivienda asequibles.

Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que el Gobierno seguirá dando continuidad a todos esos proyectos y que la menor financiación de Europa no implicará que dejen de recibir recursos en los casos en que se considere necesario porque el Tesoro español está en condiciones de obtener financiación en los mercados en unas condiciones muy similares o en ocasiones incluso mejoras que las que ofrecían los fondos europeos.

La decisión, sin embargo, deja en el aire las inyecciones de recursos que estaban programadas dentro del Plan de Recuperación para plataformas como el Fondo de Coinversión (Foco) de Cofides, para el que se preveía una dotación de 2.000 millones para respaldar proyectos de inversión extranjera en España; el Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por el Covid, para el que se preveía una dotación de 1.000 millones de euros; el Fondo Next Tech para inversiones tecnológicas, que se preveía dotar con 4.000 millones; u otros programas de apoyo a sectores como el aeroespacial, la salud o la industria para planes de descarbonización.

Todos esos programas tenían su financiación vinculada a los préstamos barato de Bruselas y se verán afectados por la decisión del Gobierno. Hay que recordar que al contrario que las transferencias a fondo perdido los préstamos del Mecanismo de Recuperación computaban como endeudamiento público y debían ser devueltos posteriormente, aunque en condiciones sensiblemente mejores a las del mercado.