El Gobierno mejorará los incentivos para demorar más de dos años y medio la jubilación

En concreto, según el documento que el Gobierno ha trasladado a sindicatos y empresarios este lunes, al que ha tenido acceso ABC, cuando se acceda a la pensión de jubilación por un periodo de demora superior a dos años, si dicho periodo de demora es superior a seis meses e inferior al año, al incentivo que corresponda aplicar se sumará un complemento adicional del 2%. Es decir, manteniéndose la norma de que cada año de demora aplica un incremento de la pensión esperada del 4%, a partir del segundo año y siempre que se comprenda entre el mes seis y doce de dicho ejercicio se aplicará ese porcentaje adicional.

Por lo que con la propuesta del Ejecutivo, el trabajador que decida seguir en activo de manera voluntaria tras cumplir la edad legal de jubilación podrá sumar incentivos cada seis meses siempre y cuando retrase su retiro al menos dos años. Es decir, desde el segundo año de demora, no se necesitará un tercer año completo.

Así, en el caso de jubilaciones demoradas que opten por cobrar el porcentaje adicional del 4% por cada de demora, quienes retrasen su jubilación dos años y seis meses cobrarían un 10% adicional. Y quienes optaran por el pago único cobrarían la fracción del año que corresponda.

Cabe recordar que la reforma de pensiones introdujo dos incentivos para incentivar el retraso de la salida del mercado laboral más allá de la edad legal -67 años a partir de 2027-, que consisten en un 4% adicional sobre la cuantía de la pensión correspondiente por cada año completo en que se retrase la jubilación más allá de la edad legal ordinaria o una cantidad fija a tanto alzado, por cada año que se cotice de más, que se abonará en un pago único al pensionista que decida voluntariamente retrasar su jubilación.

Por su parte, como había avanzado ABC, el Ministerio ha planteado a los agentes sociales un nuevo marco legal para compatibilizar trabajo y pensión con diferentes fórmulas para mejorar el tránsito del trabajo a la jubilación, con la idea de que esta situación pueda ser «más gradual y adaptada a las circunstancias de cada trabajador».

El Ministerio de Seguridad Social propone un nuevo esquema «más flexible» de la llamada jubilación activa, la que permite compatibilizar pensión contributiva y trabajo después de la edad ordinaria de jubilación, de forma que con cada año de demora de la jubilación, el porcentaje de compatibilidad con la pensión sea mayor, siendo además compatible con el incentivo de demora del 4% anual, algo que ahora no es posible.

Una vez se produzca el retraso en la jubilación, generando el derecho al complemento de demora que introdujo la última reforma de pensiones para incentivar jubilaciones más tardías, el Gobierno propone que el porcentaje de pensión a percibir por el jubilado que se mantenga en activo vaya subiendo gradualmente, en función del tiempo en que demore su marcha del mercado laboral.

Así, el Gobierno plantea que, tras un año de demora, el trabajo sea compatible con el 30% de la pensión; con dos años se percibiría el 40% de la pensión correspondiente; con tres años, el 50%; con cuatro años se cobraría el 75%, y con cinco años o más en activo se generaría el derecho a percibir el 100% de la pensión.

La regulación actual de la jubilación activa para compatibilizar la pensión de jubilación contributiva con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia no permite percibir el 100% de la pensión salvo si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. La reforma que proponía el Gobierno elimina la singularidad por contratación de un asalariado.

Además, la norma actual señala que la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe reconocido inicialmente, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.

En una disposición final de la Ley General de la Seguridad Social ya se preveía la posibilidad de ampliar a futuro esta compatibilidad del 100% a los trabajadores por cuenta ajena y al resto de trabajadores por cuenta propia y eso es, precisamente, lo que está negociando el Gobierno con los agentes sociales.

Con esta propuesta del Gobierno, la modalidad de jubilación flexible, a la que pueden acceder pensionistas que quieren volver a trabajar con un empleo a tiempo parcial, desaparecería al quedar cubierta por el nuevo marco de compatibilidades.

En este sentido, tras la reunión de este lunes, la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruíz, ha lamentado que todavía queda «muy lejos» un acuerdo respecto a la jubilación parcial y el contrato de relevo, una materia sobre la que confía en alcanzar, con Seguridad Social, un texto que se acerque a las reivindicaciones de UGT antes del mes de agosto.

«Confiamos en que antes del mes de agosto podamos tener algún texto que se acerque de forma positiva a nuestras reivindicaciones y a la necesidad que tiene este país de poder contratar a la gente joven y poder jubilar a la gente que más lo necesita», subrayó.

No obstante, reconoce el sindicato que ha habido «bastante avance» en relación a los fijos discontinuos y su cotización, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y los coeficientes reductores, aunque ha reconocido que en relación a estas dos últimas materias, quedan «algunos asuntos pendientes».

Por su parte, el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, señala que, con su propuesta, el Gobierno quiere recortar derechos a los autónomos que compatibilicen trabajo y pensión, reduciendo el importe de la pensión resultante a recibir desde el actual 50% al 30%. «Todo un recorte de derechos y de pensión a los autónomos que estarán en jubilación activa. Vamos para atrás», explica.