Las pensiones de los jubilados a partir de 52 años ya consumen un 13% del presupuesto, 25.500 millones de euros anuales

En la reunión que antecedió a este último encuentro, el gabinete del Ministerio de Seguridad Social trasladó a los agentes sociales una propuesta preliminar sobre los puntos que aún no se habían aterrizado, como el determinante de la edad a partir de la cual se valorará la pertinencia de las jubilaciones anticipadas por riesgo y penosidad -en la que el Ejecutivo plantea que las profesiones habilitadas para este tipo de jubilación puedan acceder a ella hasta tres años antes de la edad ordinaria de retiro anticipado-.

Además, en ese borrador el Gobierno también concretó la dirección hacia la que pretende dirigir las modificaciones en jubilación activa y parcial. Si bien, en este punto parece que el punto de partida no convence ni a la patronal ni tampoco a los sindicatos al introducir cierta severidad en las condiciones de contratación del relevista, por ejemplo, en el caso de la jubilación parcial con contrato de relevo.

En este punto, se incluye concretamente una mejora de las condiciones laborales del relevista obligando a la suscripción de un contrato indefinido a tiempo completo y con una base de cotización de, al menos, el 75% de la base que acredite el jubilado parcial en los seis meses al cambio de estatus en la empresa, entre otros condicionantes.

En la otra vía de salida paulatina del mercado laboral, la jubilación activa, la oferta que ha planteado el Gobierno en el diálogo social fija un nuevo escenario de cinco años con una minoración de la cuantía los primeros dos años, que es cuando esta fórmula es más utilizada. El recorte se produce en los dos primeros años de compatibilización -se percibiría el 30% de la pensión de jubilación tras el primer año de demora y el 40% en el segundo-. Sin embargo, la propuesta de Saiz sí mejora los supuestos en el que el trabajador se mantiene en esta situación de combinación del trabajo y la jubilación. El porcentaje de prestación igualaría el punto de partida actual, el 50% de la cuantía a percibir, a partir del tercer año de compatibilización para escalar a un 75% en el cuarto año y hasta un 100% en el quinto año y en adelante.

Tal y como desveló en exclusiva este medio, las principales novedades en materia de jubilaciones anticipadas por alto riesgo y penosidad es que el proceso acreditación de las condiciones que darán cabida a nuevas profesiones -a día de hoy diez actividades tienen reconocido un marco específico de jubilaciones que parten desde los 52 años: trabajadores incluidos en Estatuto Minero; personal de vuelo de trabajos aéreos trabajadores ferroviarios; artistas; profesionales taurinos; bomberos; miembros de la Ertzaintza; policías locales; miembros delos Mossos d´Escuadra y policía foral de Navarra- será como máximo una vez se cumplan los 62 años.

Sin embargo, tal y como viene explicando los agentes sociales y el Gobierno, la idea es la de elaborar un protocolo claro y que de solución a las situaciones flagrantes de penosidad y peligrosidad que además no sean resolubles con una situación laboral alternativa. «Se valorará que la persona pueda, o no, ser recolocada en otro puesto dentro de la compañía«, trasladan a ABC fuentes oficiales descartando que la operación iniciada vaya a resultar en una suerte de 'barra libre' de salidas prematuras del mercado laboral.

De hecho, pese a que este modelo de jubilación lleva asociado un recargo de cotización en los años previos a la disponibilidad de la jubilación sí que es cierto que estos pensionistas cuentan, por el desempeño normal de su profesión que se les provee de mejores carreras de cotización, con prestaciones sustancialmente mayores a la media. Un aspecto que sí presiona al alza el gasto en prestaciones toda vez que estos trabajadores perciben la jubilación hasta 13 años antes que la media -en el extremo de los trabajadores de la minería que pueden anticipar el retiro hasta esta fecha-.

Concretamente, este colectivo de jubilados percibe pensiones de 2.623 euros mensuales de media (distribuidos en catorce pagas), por lo que la cuantía es un 83% mayor que en la media de jubilaciones, con 1.437 euros de paga registrados por la estadística oficial de la Seguridad Social.

Precisamente, esta cuerda del gasto asociado a las medidas aplicables a este colectivo es la que el Gobierno no deberá tensar en demasía teniendo en cuenta el escenario presupuestario en material de desembolsos que ha trazado ya la Comisión Europea en la reciente publicación de su Ageing Report de 2024 que incluye proyecciones para la próxima mitad de siglo.

Entre estos determinantes, una de las observaciones realizadas por los técnicos de la Comisión es la descomposición de estas prestaciones que, a día de hoy, perciben algo más de 800.000 beneficiarios. Según explican los técnicos, el gasto de estas prestaciones se sitúa en el 1,7% del PIB, unos 25.500 millones de euros, lo que supone el 13% de todo el gasto -incluidas las clases pasivas del Estado que asciende 13,1% del PIB-.

Es por ello que uno de los aspectos centrales de la negociación entre patronal y sindicatos con el Ministerio de Seguridad Social será establecer unos determinantes que eviten el aluvión de jubilaciones anticipadas. Entre estos aspectos evaluables se observará «la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar», señala el proyecto de decreto revelado por ABC.