Las aseguradoras se defienden de los ataques de Sanidad: es «imposible» expulsar a los mutualistas de riesgo a la pública

La patronal que representa a estas compañías, Unespa, niega la mayor y asegura que tal práctica no existe porque nunca fue su intención, porque el convenio de Muface (el organismo público que presta asistencia a los funcionarios) no lo permite, y porque es imposible dado que «son los funcionarios los que eligen cada año el régimen al que quieren adherirse», se lee en la nota.

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Jaime Mejías

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Esta disputa empezó el lunes, cuando el Ministerio que dirige Mónica García metió baza en la crisis de Muface al proponer que el millón y medio de funcionarios cuya asistencia sanitaria privada está en vilo se pasaran a la sanidad pública. Hay que recordarlo, el pasado cinco de noviembre el concierto de Muface quedó desierto después de que Adeslas, Asisa y DKV (las tres que participaban) rechazaran la oferta por considerar que las cuantías eran insuficientes.

A partir de ahí se produjo una sucesión de dimes y diretes entre el Ministerio de Función Pública, que es el único que tiene competencias sobre Muface, y las compañías. Y en el limbo quedó la propuesta de Sanidad, que a pesar del revuelo causado -amenazas del sindicato Csif incluidas- parece haber sido ignorada por el departamento que dirige Óscar López, que ayer mismo lanzó una consulta preliminar a las aseguradoras para que expliquen a qué precio prestarían el servicio.

Sin embargo, la patronal de las aseguradoras se han tomado muy en serio las acusaciones vertidas. En el informe de Sanidad, que fue dado a conocer por la cadena Ser, se aseguraba que entre los mutualistas que reciben asistencia pública hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiaca, Epoc y cardiología sistémica. «Hay una fuerte verosimilitud en favor de la hipótesis que señala que las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos que empuja a los mutualistas asegurados con dichas condiciones a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria«, se lee en el documento.

Con esto, claro está, el informe pretende dar una justificación económica a su propuesta de prorrogar durante 9 meses el concierto e ir incorporando paulatinamente a los funcionarios a la sanidad pública.

Como ya se ha avanzado, Unespa ha negado estas acusaciones a través de un comunicado en el que asegura que «es imposible que haya ningún criterio de selección» dada la propia naturaleza del mecanismo de selección, pues son los propios funcionarios los que eligen cada año el régimen al que quieren adherirse. De hecho, recuerda la patronal, los funcionarios vienen seleccionando mayoritariamente las aseguradoras privadas en una proporción que en todo el periodo supera el 80%, y asegura que lo hacen «por la calidad del servicio que reciben desde hace décadas».

Además, sigue la nota, el concierto obliga por razones de equidad a las aseguradoras a asumir los costes de los tratamientos en aquellos casos en los que un paciente de Muface tenga que recibir un tratamiento por parte de la sanidad pública, y los costes de dicho tratamiento se deben atender siguiendo los precios que marca el sistema público.

No hay que olvidar que, precisamente, la crisis de Muface empezó debido a las pérdidas que las compañías aseguran haber tenido que asumir a causa de las condiciones del actual concierto. «La infrafinanciación del modelo alcanza ya una diferencia, con relación a la media que por persona recibe el resto de la Sanidad Pública, superior al 40%», explica Unespa en su comunicado, antes de recordar que a pesar de todo ha seguido prestando el servicio y lo seguirá haciendo hasta que venza el concierto, el próximo 31 de enero.