Tensión en el Gobierno por el examen de Bruselas a la reforma de pensiones

Técnicos del grupo de trabajo creado para hacer el seguimiento de los hitos y objetivos comprometidos por los Estados miembros dentro del Mecanismo Europeo de Recuperación, bajo la dirección de la española Teresa Fábregas, y de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europeo, bajo el mando del irlandés Declan Costello -los que durante la crisis financiera recibieron el apelativo de 'los hombres de negro de Bruselas'-, estarán en España entre el lunes y el miércoles recabando información sobre las medidas y su impacto esperado sobre la economía.

Desde Economía y Seguridad Social se enmarca la visita dentro de las «reuniones ordinarias» que se mantienen con Bruselas para cumplir con el seguimiento del Plan de Recuperación, pero otras fuentes consultadas del ámbito social, político y económico trasladan una percepción bien distinta que habla de un cierto clima de tensión ante el examen de Bruselas.

«Vienen, básicamente, para comprobar cómo marcha la reforma de las pensiones», admiten fuentes de una de las instituciones con las que la Comisión Europea ha contactado para formarse una opinión sobre el estado de situación en este ámbito, que constituye a día de hoy el principal foco de preocupación de Bruselas respecto a las compromisos reformistas acordados con el Gobierno de España.

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El examen de hecho será exhaustivo. La delegación de la Comisión Europea no sólo se ha citado con representantes de los ministerios más concernidos en las reformas como el de Inclusión y Seguridad Social o el de Asuntos Económicos, sino también con agentes sociales, con otras instituciones y autoridades públicas e incluso con analistas independientes para formarse una opinión lo más rica posible sobre cómo se perciben los avances que se están realizando en la reforma del sistema de pensiones.

El ministerio de José Luis Escrivá traslada un mensaje de tranquilidad. Admiten que el interés de la Comisión no es solo saber cómo están funcionando las reformas ya aprobadas (endurecimiento de la jubilación anticipada, revalorización de las pensiones con el IPC, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, incentivos para retrasar la jubilación...) sino chequear también los avances en las que quedan pendientes (ampliación del periodo de cálculo para la pensión y subida de las bases máximas de cotización), donde reconocen «algunas discrepancias técnicas». Subrayan, no obstante, que la preocupación de Bruselas por la sostenibilidad del sistema en España no es mayor que la que existe en otros países como Francia o Países Bajos.

La Comisión Europea ya anticipó en la visita que realizó a España el año pasado por estas fechas que iba a realizar un seguimiento minucioso de las medidas que fuera aprobando el Gobierno en el ámbito de las pensiones después de que la primera fase de la reforma no les terminara de convencer en términos de su impacto sobre la sostenibilidad futura del sistema.

La delegación de la Comisión Europea se fue de España en octubre de 2021 rehusando realizar un análisis de la reforma de pensiones del Gobierno en tanto esta no fuera completa y reclamando un dispositivo de ajuste automático del gasto en pensiones en sustitución del Factor de Sostenibilidad en un momento en que Seguridad Social negociaba con los agentes sociales el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El Gobierno alumbró finalmente su MEI y a Bruselas no le gustó como se encargó de dejar claro la Comisión en la declaración preliminar que dio cauce al segundo pago de los fondos asociados al Mecanismo de Recuperación. «Las autoridades españolas han estimado que la sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional será fiscalmente neutro», señalaban los funcionarios de la Comisión en ese documento difundido hace apenas dos meses, «mientras que los servicios de la Comisión consideran que probablemente llevará a un aumento significativo del gasto público sobre el PIB a lo largo del tiempo».

Llovía sobre mojado porque la Comisión ya había advertido al Gobierno de España de que la vinculación de las pensiones al IPC implicaría un aumento significativo del gasto «lo que requerirá la introducción de medidas compensatorias que se adoptarán en 2022 con arreglo al Plan de Recuperación a fin de mitigar los riesgos para la sostenibilidad fiscal a medio plazo».

Estamos en septiembre de 2022 y Escrivá tiene parte del trabajo por hacer. Ha alumbrado una reforma del sistema de cotización de los autónomos que no parece que vaya a contener el gasto anual que este régimen supone para el sistema y quedan pendientes dos palancas ahora en negociación: la posible subida del periodo tomado como referencia para calcular la pensión, que según el ministro no será de 35 años; y la subida de las bases máximas de cotización para lograr más ingresos, que se antoja como el principal argumento del Gobierno para equilibrar las cuentas del sistema.