Fedea corrige el optimismo del Gobierno: el IMV llega a menos de la mitad de las personas en pobreza severa

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea recordó que esta ayuda la reciben más de dos millones de beneficiarios y que el gasto en esta prestación de último recurso alcanza los 6.000 millones anuales, «una cantidad modesta», dijo, teniendo en cuenta que más de nueve millones de personas viven en España por debajo de umbral de la pobreza. El economista calcula que serían necesarios otros 6.000 millones para aumentar la eficacia de esta prestación, 12.000 en total. «Habría que intentarlo», afirmó.

De la Fuente apuesta por «mejorar el diseño y la eficacia del IMV, lo que requeriría ajustes que permitan una gestión más próxima y coordinada». Propone transferir la gestión a las comunidades autónomas, dada su cercanía a los servicios sociales y al mercado laboral, lo que »facilitaría una atención más eficaz y una mejor integración con las políticas de inserción«.

En la misma sesión intervino el catedrático de Economía, Luis Ayala Cañón, para el que España tiene unos «niveles altos o muy altos de pobreza, sobre todo de menores respecto al resto de países». Destacó los problemas de gestión a los que se enfrenta el IMV y que dos tercios de las solicitudes son rechazadas, tras asegurar el «drama» que supone para muchas familias tener que devolver las ayudas pagadas erróneamente por la Administración desde 2020 y ahora reclamadas. Esta situación llegó hasta el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que denunció el requerimiento de estas ayudas, que cifró en más de 500 millones de euros.

«A pesar de que se han despejado algunas barreras institucionales, su diseño se aleja de la realidad de pobreza de muchas personas, al persistir rigideces en el procedimiento administrativo, periodos dilatados de tramitación y resolución, normas complejas, un régimen excesivamente estricto de comprobaciones y las dificultades de comprensión de todo el proceso por parte de los solicitantes», aseguró Ayala tras recordar que unos 200.000 hogares son excluidos de la ayuda por criterios de patrimonio pese a no tener liquidez. «Existe un gran margen de mejora en esta prestación», asegura.

Para Luis Ayala «lo más urgente sería implementar cambios normativos para no dejar fuera del programa a la población más vulnerable, incluyendo, sobre todo, una concesión de la prestación más automática». Explicó que «las situaciones de gran vulnerabilidad son, por naturaleza, inestables —ya sea en el ámbito laboral, residencial o personal—, lo que contrasta con la rigidez de muchas de las exigencias para acceder al IMV, como la definición de las unidades de convivencia o los requisitos de empadronamiento».

Añadió que en muchos casos, «la precariedad en el acceso a la vivienda dificulta acreditar el domicilio» y que «una disfunción especialmente preocupante es la devolución de los cobros indebidos, que puede generar niveles de endeudamiento familiar imposibles de asumir». Por ello exigió de forma urgente la simplificación del proceso de solicitud y aligerar las exigencias de documentación. «Algunos programas que funcionan eficazmente en otros países -aseguró- emplean procedimientos más ágiles. También existe margen de mejora en los mecanismos de corresponsabilidad y coordinación con las comunidades autónomas».

Pese a las críticas, los expertos creen que la creación del IMV representó un avance relevante en la política social española, al establecer por primera vez una prestación estatal de garantía de ingresos mínimos con el objetivo de reducir la pobreza severa y ofrecer una red de seguridad a los hogares con menos recursos. Recordaron que, pese a sus grandes fallos, desde su implantación, ha contribuido a mejorar la protección de las familias, reforzando especialmente el apoyo a los hogares monoparentales y con menores a cargo, y ha incrementado la progresividad territorial del sistema, con una cobertura mayor en las comunidades de menor renta per cápita.

Recordaron que el programa ha permitido reducir en torno a un 6% la tasa de pobreza severa, con «un coste fiscal reducido en comparación con su impacto social: incluso de existir una cobertura del 100%, supondría aproximadamente alrededor del 0,75 % del PIB, una cifra asumible dentro del conjunto de prestaciones sociales«, concluyeron.