La evolución incompleta de la profesión legal frente al cambio digital

Desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Miguel Hermosa Espeso, presidente de la Subcomisión de Justicia Digital, afirma que «percibimos un panorama heterogéneo, pero con una tendencia claramente positiva. Aunque muchos abogados ya utilizan herramientas digitales para optimizar la gestión o mejorar el acceso a la información, otros muchos todavía se encuentran en fases iniciales de adaptación. La brecha generacional, aunque presente, no es el único factor determinante: la clave está en una cuestión de mentalidad y formación continua». De hecho, el CGAE impulsa iniciativas para fomentar la digitalización a través de cursos específicos, colaboraciones con universidades, jornadas especializadas o proyectos pioneros como Abogacía en Datos, una iniciativa de big data para mejorar el conocimiento del sector. Además, el Consejo ha contribuido al desarrollo de un Libro Blanco sobre la IA y la abogacía junto a la Universidad de Valencia, y participan activamente en foros nacionales como el Dataforum. «No queremos ser espectadores de la transformación digital; aspiramos a liderarla», asegura Miguel Hermosa.

Por su parte, el sector académico también ha identificado la necesidad de apoyar esta evolución. La Universidad de Navarra, por ejemplo, detectó hace años que los planes de estudios tradicionales no estaban preparados para formar abogados capaces de enfrentarse al nuevo entorno digital. «La preparación jurídica tradicional está basada en una realidad sociológica de hace décadas. Hoy la norma se genera a un ritmo vertiginoso, especialmente en el ámbito digital y europeo», explican los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Eduardo Valpuesta (director del Máster de Derecho Digital), y Juan Carlos Hernández Peña. De ahí nació su Máster en Derecho Digital, una apuesta decidida por formar abogados híbridos: sólidos en lo jurídico, pero también alfabetizados tecnológicamente.

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Según los responsables del máster, los alumnos son conscientes de que dominar las herramientas digitales les permitirá trabajar mejor. Sin embargo, también reconocen que la mayoría no sabe todavía sacarles el máximo partido ni juzgar correctamente los resultados que obtienen al utilizarlas. «Es tanto un problema de formación como de mentalidad», concluyen.

Una visión similar comparte la Universidad de Salamanca, que recientemente ha puesto en marcha su propio Máster en Inteligencia Artificial y LegalTech. Federico Bueno de Mata, catedrático de Derecho Procesal de esta universidad, señala que el sistema universitario español «no ha reaccionado con la agilidad necesaria ante la creciente demanda de profesionales del Derecho con formación tecnológica». A su juicio, la formación en este campo no debe limitarse a másteres, sino integrarse desde el grado, de forma transversal. «Formar juristas preparados para los desafíos digitales no es una opción, es una necesidad», afirma tajante.

Los estudiantes del máster, explica, suelen presentar carencias importantes en la comprensión tecnológica básica (algoritmos, blockchain, IA) y en trasladar los principios jurídicos clásicos a entornos digitales complejos. Pese a ello, las salidas profesionales son prometedoras: asesores legales en tecnología, 'compliance officers' digitales o especialistas en protección de datos e inteligencia artificial son perfiles cada vez más demandados, tanto en despachos tradicionales como en empresas tecnológicas o startups. Ese cambio de mentalidad es uno de los aspectos en los que más está incidiendo la consultora PwC, que, como firma internacional con un importante brazo legal, ha desarrollado un completo plan de 'upskilling' digital para todo su equipo: desde juniors hasta socios. «La alfabetización tecnológica será una competencia básica. El jurista clásico seguirá teniendo valor, pero deberá complementar su expertise con conocimientos digitales para mantenerse competitivo. No es un tren en el que podamos no subirnos», afirma Laura Asiaín, directora de Capital Humano en PwC Tax & Legal.

PwC apuesta por el aprendizaje basado en proyectos reales: muchos de sus servicios jurídicos -especialmente en áreas como compliance fiscal, contratación o 'due diligence'- ya incorporan tecnología avanzada, como IA, automatización de tareas o análisis predictivo. «Muchos de nuestros profesionales trabajan a diario con estas herramientas», confirma Asiaín. Asimismo, han establecido alianzas estratégicas con empresas tecnológicas como Microsoft, Harvey o Lefebvre, y con universidades para tender puentes entre el mundo académico y el práctico.

Pero la falta de talento híbrido no solo ralentiza la transformación del sector, también limita su capacidad de innovación. «El mercado necesita profesionales capaces de integrar derecho, tecnología e innovación. Es complicado encontrarlos», reconocen desde PwC. Para suplir esta carencia, además de la formación interna, recurren a perfiles puramente tecnológicos y han desarrollado una red de usuarios avanzados que actúan como 'correa de transmisión del conocimiento'. Una visión que comparte también el Consejo General de la Abogacía Española. Para ellos, el perfil más demandado es aquel jurista con una sólida formación legal y conocimientos en nuevas tecnologías, especialmente en ámbitos como IA, blockchain y automatización. «La demanda de estos perfiles es creciente y cada vez más específica», insisten.

En cuanto a las universidades, cada vez son más las que incluyen módulos sobre LegalTech. Pero aún queda mucho por hacer, tal y como reconoce la Universidad de Navarra: «La mayoría de los grados en Derecho no contempla todavía las nuevas realidades tecnológicas. Solo los másteres más especializados lo hacen con una profundidad adecuada».

¿Y cómo afecta esto a la justicia y al ciudadano? La digitalización bien entendida puede mejorar el acceso a la justicia, hacerla más eficiente y transparente. Pero si la formación no acompaña, existe el riesgo de usar estas herramientas de forma deficiente o incluso poco ética. Por eso, desde el CGAE insisten también en la necesidad de que el uso de herramientas basadas en IA se haga bajo criterios de transparencia, supervisión humana y respeto a principios como el secreto profesional o la confidencialidad.

En este contexto, todas las voces coinciden en que la cooperación entre universidades, colegios profesionales y firmas legales debe intensificarse. «Las universidades y colegios deben actuar como puentes entre la teoría y la práctica», subrayan desde PwC. El reto no es solo formar a las nuevas generaciones, sino también a los profesionales en ejercicio, muchos de los cuales nunca recibieron formación tecnológica.

Y es que ya no se trata de saber usar un ordenador o un procesador de textos. Hoy se pide a los abogados que conozcan el potencial y los riesgos de los modelos de lenguaje, que sepan interpretar los sesgos de una IA o que comprendan cómo funciona una cadena de bloques. Todo eso sin renunciar a la esencia del Derecho: la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos.

El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad. Como dice el Consejo de la Abogacía, esta transformación no debe verse como una amenaza, sino como una forma de potenciar el trabajo del abogado y mejorar el sistema de justicia. El futuro será digital, también en la abogacía. Lo importante es que lo sea con garantías, conocimiento y ética.