Competencia cuestiona la legalidad del tope al precio de los alimentos de Díaz

La idea ya chirría al oído de los mercados liberalizados de los que se vale la economía para fomentar la competencia. Así, aunque el Gobierno ya cuenta con 'inputs' de las grandes asociaciones de la distribución, con las que se reunirá el próximo lunes junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, e incluso ha recibido el «interés» para abordar la medida por parte de una de las principales operadoras, Carrefour, con la que ya mantuvo conversaciones el pasado jueves, no queda claro el aspecto legal de la propuesta.

De entrada, España cuenta con una legislación propia que restringe esta posibilidad de acordar precios para ciertos bienes, y más aún si se este pacto se realiza entre los principales operadores del mercado. «La legislación prohíbe los acuerdos entre operadores siempre que restrinjan la competencia», señalan fuentes de Competencia consultadas por ABC sobre la propuesta de la vicepresidenta Díaz.

Cabe recordar que tanto la Ley de Defensa de la Competencia como el Tratado de Funcionamiento de la UE prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales, que restrinjan o falseen la competencia. La fijación entre operadores de precios máximos, incluso bajo el auspicio o el impulso de autoridades públicas, es un acuerdo de precios de los prohibidos por el artículo 1 de la LDC y el 101 del TFUE, que Competencia debe vigilar, investigar y sancionar.

De hecho, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dudan de la legalidad de este plan para limitar precios en el sector de la alimentación. «Entre otros, los acuerdos entre empresas destinados a la fijación de precios, que podrían llegar a constituir un cártel», apuntan.

«Un acuerdo para la fijación de precios máximos, aunque muy puntualmente pueda suponer la contención de precios de algunos productos en el muy corto plazo, de hecho determina un estándar o baremo de fijación de precios lo que, eventualmente, desemboca en precios más altos, menos innovación, menor inversión y una alteración negativa de la estructura competitiva del mercado. Se produce una merma en la competencia en precios por parte de las empresas, que normalmente ofertarán por ese precio máximo, y no otros debajo del tope», señala Competencia.

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Este aspecto lo resaltan precisamente desde las empresas afectadas. Según explican desde las patronales, esta operación que pretende llevar a cabo el Gobierno con los ministerios de Trabajo y Consumo al frene de las negociaciones, sería impensable desde el prisma del sector privado. «Si tres asociaciones empresariales se sentasen mañana para acordar una fijación de precios, tendríamos una denuncia inmediata de competencia por violar las normas del mercado», apuntan fuentes del sector.

Así, la CNMC pide valorar cuidadosamente los efectos de toda intervención pública en materia de precios ya que «vigilará, inspeccionará y sancionará cualquier concertación que puedan pactar las empresas».

Es por este motivo que las empresas de la distribución pedían sentar en la reunión del lunes (estarán Asedas, Anged y Aces, además de asociaciones de consumidores) con Díaz y Garzón a Competencia. El sector teme un toque de atención de la CNMC o represalias mucho más graves como puedan ser las multas millonarias que podrían imponer si entienden que el límite de precios ha sido pactado entre distintos operadores. Por el momento ninguno de los dos ministros de Unidas Podemos tiene previsto convocar al supervisor, escudándose en que apelan a la propia voluntad de las grandes compañías del sector para aplicar las limitaciones.

Desde Competencia también advierten de la imposibilidad de que los pequeños y medianos comercios apliquen este tipo de medidas. «Puede acarrear un fortalecimiento de los grandes operadores del mercado en detrimento del resto, con efectos negativos a largo plazo en la estructura competitiva del mercado y, por tanto, en los consumidores», señalan las fuentes consultadas por ABC.

Sin embargo, Díaz lanzó el jueves un mensaje contradictorio al pedir exclusivamente a las grandes superficies que topen precios, porque el pequeño comercio «no puede permitírselo». Y como bien señala Competencia es precisamente la limitación de la cesta de la compra por parte de los supermercados lo que puede desembocar en menos ventas para las tiendas de barrio. Lo avisó también este viernes la Confederación Española del Comercio (CEC) tras mostrar su «rechazo absoluto» a la medida y pedir a la vicepresidenta segunda que incorpore a su sector en las conversaciones del lunes. Para esta asociación, este planteamiento «ejerce un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad que no puede competir en márgenes ni asumir los costes», subrayaron.

Su presidente, Rafael Torres, recordó a Díaz que en el pequeño comercio llevan rebajando márgenes y conteniendo precios desde hace meses, pero la solución para ayudar al consumidor, «fin con el que nos mostramos totalmente comprometidos, no debe pasar en ningún caso por una medida que perjudique directamente al comercio de proximidad», señala Torres.

En todo caso, la propia dinámica del mercado será la que rebaje los precios sin necesidad de intervención. Desde Caixabank Research señalan que los precios futuros de materias primas agrícolas como el trigo o el maíz en los mercados internacionales ya apuntan a una reducción de las tensiones inflacionistas.