Consumo ordena a Airbnb bloquear 65.000 anuncios que considera «ilegales» tras una victoria judicial

Xavier Vilaltella

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

19/05/2025
Actualizado a las 17:15h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

La ofensiva del Ministerio de Consumo contra Airbnb se recrudece. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha logrado una victoria judicial que allana el camino para la eliminación de más de 60.000 anuncios de pisos turísticos que califica de «ilegales». Es el último capítulo de una guerra que empezó en junio del año pasado con un requerimiento de información y continuó en diciembre con un expediente sancionador, después de que la multinacional estadounidense no retirara de su plataforma esas viviendas que estarían publicitándose de forma ilegal.

Hace ya meses que el Ministerio trata de bloquear esos anuncios, y una de las estrategias empleadas fue el envío de hasta tres resoluciones en las que se notificaba a la plataforma la existencia de esa irregularidad en un total de 65.935 viviendas publicitadas. El caso es que, el pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció con un auto que avala la eliminación de 5.800 de esos anuncios.

Precisamente, fue la plataforma la que inició la vía judicial para tratar de evitar el bloqueo, y lo que se ha encontrado es un pronunciamiento que avala la ilegalidad de ofertas sobre viviendas ubicadas no solo en la Comunidad de Madrid, también de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Bien es cierto que un auto no es una sentencia, pero aun así da argumentos al departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Noticia Relacionada

Comienza la batalla de la reventa con la histórica gira de Bad Bunny: de 150 a 1.900 euros

nacho serrano

Varios expertos analizan el panorama al que se enfrentan los que siguen buscando tickets para sus conciertos en España

Fuentes de Consumo explican a ABC que dan por sentado que las resoluciones que afectan al resto de viviendas irregulares también conseguirán un aval judicial. Como ya se ha avanzado, son dos resoluciones más, que también han sido recurridas por la plataforma, aunque en este caso ante la Dirección General de Consumo. Una vez resueltos esos recursos de alzada, a Airbnb aún le quedará la vía judicial -que seguro que empleará para ganar tiempo-, aunque el auto conocido hoy es un mal precedente para la compañía.

Uno de los primeros en reaccionar ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha celebrado la decisión porque, «estrangular la publicación y la comercialización de las viviendas ilegales» es la única forma de acabar con los anuncios ilegales, ha aseverado.

Exactamente, el Ministerio asegura haber detectado tres irregularidades. La más recurrente -sobre los anuncios que han sido investigados- es la no inclusión del número de licencia o registro, extremo que es de obligación en varias normativas autonómicas. A su vez, habría anuncios que no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores -si son profesionales o particulares-, un hecho que, no hay que olvidarlo, resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no. La lista de infracciones sigue y termina con la localización entre los anuncios analizados de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.

Paralelamente, desde el Ministerio aseguran que están trabajando en actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades y niveles de la Administración y que les han ofrecido asistencia técnica, entre otras cosas «para que pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados», se lee en la nota.

Como ya se ha avanzado, la ofensiva contra Airbnb empezó el pasado mes de junio, cuando el Gobierno dio a conocer que había requerido a cierta plataforma -todavía no se conocía el nombre, aunque era fácil sospechar de cuál se trataba- información sobre miles de anuncios que estaban siendo publicitados sin licencia, además de incurrir en otros incumplimientos de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La multinacional estadounidense no hizo lo que se le solicitó, de ahí el expediente sancionador, que seguirá su curso al margen de la medida anunciada hoy y podría terminar con varias multas de hasta 100.000 euros o una cantidad que se calcula multiplicando entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Una vez más, el ministro Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- ha hecho uso de la capacidad que tiene para vigilar el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores, atribución que tiene desde 2022, merced a una reforma legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez que se arrogó una competencia que hasta entonces solo poseían las comunidades autónomas. Y en el paquete también está la capacidad sancionadora, de la que el Ministerio ha hecho uso -con mucha polémica- contra las aerolíneas 'low cost', a las que impuso una sanción de 179 millones de euros, o contra plataformas digitales.

Porque es un sector en auge y que avanza más rápido que la capacidad supervisora, el comercio digital ha sido el terreno de batalla predilecto de Consumo para plantear sus batallas. En apenas unos meses se han abierto investigaciones sobre plataformas de alquiler de vivienda, por ejemplo, con la apertura de un expediente a Alquiler Seguro en marzo; aplicaciones de música y similares -léase, Spotify-, con el anuncio hace apenas unos días de una reforma de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que acabará con la renovación automática de las suscripciones; o con el arranque de una investigación por posibles irregularidades en la venta de las entradas de la gira española que celebrará el músico Bad Bunny en 2026. Y por supuesto, los pisos turísticos, que es uno de los frentes predilectos de Sumar.