El Consejo de Productividad pedirá reducir la burocracia para mejorar la débil eficiencia laboral de España

El informe definitivo, que se publicará en las próximas semanas, incluye un análisis de la situación y a la vez una guía de recomendaciones, indican fuentes consultivas a ABC. No se trata de medidas concretas sino de un abanico de sugerencias que descansan en la necesidad de atajar la burocracia normativa y administrativa, una de las grandes trabas del conjunto de la economía. Es necesaria, indica el análisis, una regulación mejor pensada y más planificada para que tenga el mismo efecto que la actual sin obligar a perder tiempo, procesos y capital en ese tipo de laberintos legales para las empresas.

La del papeleo es una de las reclamaciones históricas de la patronal para que España consiga avanzar. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recordaba este martes la necesidad de acortar todos esos procesos durante la celebración de los Premios Cepyme. Por otra parte, el Consejo instará a conseguir una mejora de la competitividad, entendida como vía para que los trabajadores sean más eficientes durante su jornada laboral. Y que consiga generar negocios de mayor tamaño, que son los que sirven como punta de lanza para avanzar en la productividad que España no termina de encontrar.

Las recomendaciones del Consejo pivotan precisamente en la necesidad de que España tome impulso en un momento de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), fondos europeos y llegada de población inmigrante. Si el Ejecutivo no actúa en este contexto, con el viento de cola, desaprovechará la oportunidad para situar a España con una productividad acorde a la dimensión de la economía. Aunque la parálisis parlamentaria subyace como uno de los hándicap para afrontar este tipo de actuaciones, sin posibilidad de ejecutar reformas en la normativa que obligue a pasar por el aval del Congreso de los Diputados.

En lo que no entrará el Consejo de Productividad es en proponer cambios en la legislación laboral, una posibilidad que por ahora se descarta al no tener definido el impacto de la reforma de 2022 en todas sus dimensiones. Con un diálogo social que ha vuelto a fracasar ante la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la reducción de la jornada, el organismo adscrito a Economía obviará adentrarse en este terreno que puede resultar pantanoso entre ambos ministerios.

Precisamente el informe llega después de año y medio en el que el Ministerio de Trabajo ha intentado recortar a 37,5 horas semanales la jornada laboral, desde las 40 actuales, recurriendo incluso a la idea de que esa medida mejoraría la productividad laboral. La propia Yolanda Díaz defendía esta actuación alegando que «tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser más productivos y eficientes económicamente». «No se trata de echar horas en el trabajo, se trata de ser eficientes, y está demostrado que a partir de una permanencia en el puesto de trabajo la productividad no solamente no crece, sino que decrece», ha insistido constantemente aunque ese proyecto de ley fue vetado en el Congreso en septiembre.

Las conclusiones del Consejo apuntan a que el crecimiento de la productividad laboral sigue siendo ínfimo si se compara con el actual contexto económico que vive el país. Hay estadísticas que apuntan a una cierta mejora de esa eficiencia, pero los análisis realizados consideran que el alza de la productividad debería ser mucho mayor. Y eso solo se consigue con cambios que sean impulsados por la política económica del Gobierno.

Porque, además, el actual nivel de productividad descansa más en el aumento de la población que busca trabajo más que en una oferta laboral más competitiva. Es otro de los hándicap de esta realidad, apuntan los expertos en sus consideraciones: el sector servicios, con todo lo que arrastra en torno al turismo, la hostelería o las actividades recreativas, son las que tiran de esa productividad. Y no lo hace, como cabría esperar para una economía eficiente, en la parte de la industria, como ocurre en otros países.

Las recomendaciones del Consejo de Productividad también apuntarán hacia la necesidad de que el Gobierno no caiga en la complacencia de los datos actuales de empleo e inicie las actuaciones necesarias mirando al medio y largo plazo. Porque aunque una visión cortoplacista le frenará a tomar medidas que pueden tener incluso impacto social por los cambios de paradigma que suponen, la productividad es el principal reto al que se enfrenta la economía española, independientemente del futuro político de la legislatura. Sobre todo por los problemas de envejecimiento que acechan a la población española y que pasan por una mejora en la eficiencia laboral para generar mayores salarios y conseguir los ingresos públicos necesarios para afrontar los servicios sociales asociados a una ciudadanía cada vez de mayor edad.

Este órgano es una de las obsesiones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien desde el inicio de su mandato ha abogado por mejorar la eficiencia laboral en España. Lo creó en 2024 para conseguir que España tenga empresas más grandes porque pagan mejores salarios y tienen una productividad mucho mayor que las pequeñas. Sus 14 miembros se reúnen mensualmente –por ley solo deben hacerlo cada semestre– para indagar datos con los que van elaborando la conclusión de mejorar el nivel de productividad a pesar de que no siempre cuentan con la agilidad administrativa que desearían al ser un ente de nueva creación.