El Gobierno asegura contar ya con 6.000 pisos de la banca para el fondo social
En España hay unas 120.000 familias que cumplen todos los requisitos para acogerse a la paralización de desahucios
Agencias
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos , ha anunciado hoy que en España hay unas 120.000 familias que cumplen todos los requisitos para acogerse a la paralización de desahucios y que las entidades financieras ya se han comprometido ... a aportar 6.000 viviendas al nuevo fondo social .
Durante el debate de convalidación en el Congreso del real decreto-ley de medidas urgentes sobre desahucios, de Guindos ha indicado, no obstante, que el número final de personas que se acogerán a la moratoria estará por debajo de 120.000, ya que en España las cifras de desahucios están lejos de esta cota.
En cuanto al nuevo Fondo Social de Vivienda (FSV), el titular de Economía ha anunciado que, a día de hoy, existe el compromiso para constituirlo con 6.000 viviendas.
El FSV es de adhesión voluntaria, pero de Guindos se mostró convencido de que la mayoría de las entidades de crédito lo suscribirán. Una vez que lo suscriban estarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones que de él se deriven, ha puntualizado.
El real decreto aprobado hoy por la Cámara Baja y tramitado como proyecto de ley y, durante este proceso, el Gobierno quiere incorporar aportaciones de todos los grupos parlamentarios y el máximo consenso posible, ha dicho de Guindos.
Según lo previsto en el Real Decreto-Ley aprobado el pasado 8 de noviembre , para beneficiarse de la paralización de un desahucio es necesario tener unos ingresos al año inferiores a tres veces el IPREM (los 19.170 euros citados) y cumplir otros tres requisitos.
Es necesario que la cuota de la hipoteca supere el 50 por ciento de los ingresos netos de la unidad familiar, que la hipoteca sea sobre su única vivienda en propiedad y que en los cuatro años anteriores a la solicitud de la paralización del desahucio el esfuerzo que representa la cuota hipotecaria se haya multiplicado por 1,5, es decir, que haya aumentado el 50 por ciento.
Además, quienes cumplan estas condiciones deben cumplir otros requisitos familiares como ser familia numerosa, monoparental con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que la incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género, entre otros. EFECOm
El 83% de los desahucios no son de primera vivienda
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó hoy que el 83% de los desahucios no afectan a primera vivienda y que la mayoría están vacías cuando se procede a la ejecución del desalojo. En una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, De Guindos dijo que estos datos proceden del Banco de España , al tiempo que señaló que “los datos que a veces se dan” sobre desahucios son datos que incluyen ejecuciones sobre locales, naves industriales y segunda vivienda.
Por eso, abogó por “mejorar todo el proceso de análisis, de estadística” para identificar “exactamente” el problema y actuar “sobre los casos de necesidad”.
«No paraliza ningún desahucio»
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha afirmado en el Congreso que el decreto ley antidesahucios "no paraliza ningún desahucio" , sino que sólo retrasa dos años la ejecución hipotecaria y que las familias se queden sin casa, acusando al Gobierno de aprobar más bien una moratoria para "evitar tener en el telediario durante dos años situaciones dramáticas de expulsiones" de sus viviendas.
Así lo ha expresado la diputada durante el debate de convalidación del decreto ley, y ha añadido que «hemos tratado de negociar, pero lo que traen no llega ni a la clasificación de urgente necesidad, porque han sido tan restrictivos en la delimitación de los beneficiarios que dejan las medidas sin contenido", ha lamentado la socialista, reclamando que no se retrasen las ejecuciones hipotecarias sino que se fomenten las renegociaciones de las hipotecas para que "las familias puedan pagar y mantener el uso y propiedad de su vivienda».
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