El Tribunal Constitucional declara nulo el impuesto de plusvalía municipal

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, considera que son inconstitucionales y nulos porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia. La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del presidente Juan José González Rivas y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer.

Desde el ayuntamiento de la capital de España afirman que no tienen aún conocimiento de la sentencia y que «parece prudente esperar a conocer el contendido para pronunciarnos sobre las consecuencia que tendrá en el capítulo de ingresos».

La plusvalía es el segundo tributo con mayor capacidad recaudatoria de todos los que gestiona el ayuntamiento madrileño . Para 2021 se ha previsto recaudar por este tributo en el presupuesto de ingresos del ayuntamiento una cifra próxima a los 500 millones de euros.

Explican que desde el año 2017 la regulación de este impuesto (popularmente conocido como plusvalía), se ha visto alterada tras dictarse diversas sentencias tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal Supremo .

En marzo de 2018 el grupo parlamentario popular presentó una proposición de ley para la reforma de la ley de Haciendas Locales en lo relativo al impuesto de plusvalía que no llegó a prosperar y que no fue retomada por el Gobierno de Sánchez al llegar a La Moncloa. Desde entonces, la falta de iniciativa del Gobierno de España no solo no ha resuelto la situación, sino que ha permitido que se agravase, al dictarse otras sentencias que incorporan nuevas dudas respecto a cuando debe entenderse que el impuesto es confiscatorio.

Y añaden que «en reiteradas ocasiones se ha reclamado al Gobierno de la nación que no prolongue más su inactividad legislativa en materia de plusvalía y que acometa una reforma legal de este impuesto para dotarlo de mayor seguridad jurídica y a la par compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos en este impuesto», ya que «los ayuntamientos no tenemos capacidad para poder resolver el problema nosotros mismos. La FEMP, el alcalde y la propia delegada en una intervención en el Senado reclamaron que habría que reformar con urgencia la ley de Haciendas Locales para darle mayor seguridad jurídica a este impuesto. Pero una vez más, Sánchez ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones».