El techo legislativo que impide el despegue del ecosistema «fintech»

El retraso en aplicar la directiva europea que regula la actividad frena la inversión y aleja las oportunidades del Brexit

MadridActualizado:

La transposición de la directiva europea de pagos móviles (PSD2) se encuentra muy retrasada en España. En principio, esta directiva debería haber entrado en vigor el pasado mes de enero, pero este hecho no se produjo. Así, y según dictan desde la propia Comisión Europea, debería entrar a más tardar en septiembre de 2019 si no se quieren sufrir sanciones económicas. Este retraso perjudica en nuestro país al sector bancario y al de las «fintech», aquellas compañías tecnológicas que ofrecen servicios financieros, ya que esta directiva permite que las «fintech» del territorio de la Unión Europea accedan a los datos de los clientes de los bancos tradicionales, siempre y cuando estos lo autoricen, y que los bancos de un país operen en España y viceversa.

El sector bancario se encamina a una transformación donde la experiencia del cliente y la digitalización de los procesos van a determinar la viabilidad de las compañías. Es por eso que la banca y las «fintech» buscan ir de la mano para hacer que el sector español sea más competitivo en el futuro. Sin embargo, hay voces que critican la actitud de la banca tradicional, mostrándose reticente a este aperturismo. De hecho, focalizan el retraso de la implementación de la PSD2 a este sector. «Les incomoda que terceros puedan acceder a los datos de sus clientes. Creen que retrasándolo todo les beneficia, pero en realidad les perjudica», explicó recientemente en un encuentro con la prensa Jordi Pérez, cofundador y director general de Unnax, startup que ofrece servicios financieros. Avisó, a su vez, de que nuestro país se encuentra a la cola a la hora de adaptarse a la PSD2, una rémora en la competitividad si nos comparamos con Alemania, Francia o Luxemburgo, países donde esta normativa ya está implementada.

Irlanda, con una licencia que permite operar en toda Europa, es el país que más rédito logra del Brexit

Estas palabras no sentaron bien en el sector bancario, que, desde su patronal, la AEB, salió a desmentir que los retrasos fueran por culpa de los bancos. De hecho, su portavoz, José Luis Martínez Campuzano, explica que «el retraso normativo perjudica igual o más a la banca que a los nuevos competidores». Asimismo, asegura que las entidades nacionales están preparadas para operar con la nueva directiva de pagos europea, tanto permitiendo el acceso conforme a la directiva como ofreciendo nuevos servicios a los clientes. Sin embargo, añadía que hacía falta un «amparo normativo» que garantice la seguridad de los clientes, algo que de momento no es posible. Para ello, los bancos deben hacer públicas las interfaces de programación de aplicaciones (APIs). Desde la AEB se asegura que las entidades quieren adelantar la puesta a disposición de las interfaces para ordenar de la mejor forma posible y de manera segura los accesos de terceros, pero la mayor parte de ellas todavía no pueden.

Por su parte, la Asociación Española de Fintech (AEFI) tampoco comparte que sea la banca la culpable del retraso de la PSD2. En palabras de su vicepresidente, Arturo González, asegura que voces extraoficiales del proceso lo achacaron a la inestabilidad política de los últimos años. «Hay un problema intrínseco en nuestro país a la hora de sacar adelante las directivas europeas. Ahora mismo hay en torno a unas 20 leyes sin trasponer, por lo que me da a pensar que hay ineficiencias en cómo se traspone una ley. No somos capaces de aislar a los que deben hacerlo de otros problemas políticos», afirma

Ocasión perdida

Sea como fuere, el retraso de la implementación de la PSD2 está causando otros problemas añadidos a las «fintech». En primer lugar, al no haber un marco legal aprobado, las empresas nacionales todavía no pueden operar fuera de nuestras fronteras. Además, a ello se le añade que las empresas que proporcionan servicios de iniciación de pago (PISP) y los agregadores de cuentas de los clientes bancarios (AISP) necesitan una licencia de entidad de emisora de pagos. Aquí en España la media para obtenerla es de un año, según informa Unnax, mientras que en otros países, como Irlanda, se tarda solo dos meses.

El país irlandés es el preferido de las «fintech» para establecerse. De hecho, como su cultura es parecida a la de Reino Unido, está acogiendo a todas aquellas que se están marchando por el Brexit. A pesar de que muchas llegaron a mirar hacia nuestro país para establecerse, finalmente, la tardanza a la hora de conceder la licencia, el retraso de la puesta en marcha de la normativa y que con la licencia irlandesa se puede operar en toda la UE están propiciando que la fuga sea hacia Irlanda.