Los supermercados piden bajar impuestos para frenar la subida de precios: «Se nos han duplicado los costes»

En la patronal que engloba a la mayoría de las principales cadenas de supermercados que operan en España exigen medidas para contener los precios de la cesta de la compra y que no retroceda el consumo. En Asedas piden al Gobierno que asuma «parte del esfuerzo» mediante rebajas de impuestos de los productos básicos con el fin de que los alimentos que ahora tienen un IVA reducido pasen al superreducido y que otros se incluyan en el reducido . «El Gobierno ha lanzado el mensaje de que no va a subir los impuestos, pero no es suficiente con que no se suban, sino que se deberían bajar», apunta García Magarzo . También reclaman la aplicación de una moratoria para tasas especiales, como el impuesto a los gases fluorados, así como aplazar la entrada en vigor del impuesto a los envases de plástico no reutilizables.

Aunque las cadenas de supermercados garantizan que su compromiso es que el consumidor perciba las subidas lo menos y lo más tarde posible, también reiteran la presión que sufren por unos costes en origen disparados y piden ayuda al Ejecutivo para lograr contener los precios de la cesta de la compra en los próximos meses. El principal mensaje que envían los empresarios del sector es que sufren un problema muy grave de costes, que siguen al alza a pesar de las medidas aprobadas, y que están impactando en los precios de venta finales y a lo que no pueden hacer frente solos y sin apoyo público.

Con este telón de fondo de espiral inflacionista , desde la distribución también recuerdan que el sector necesita acceso a una energía a precios sostenibles para evitar que sus negocios y tiendas vean comprometida su viabilidad a corto y medio plazo, algo que ya está ocurriendo en algunas compañías. Para conseguir reducir los costes de la energía, desde Asedas urgen a desagregar ya el efecto del gas en la fijación del precio de la electricidad, así como a desarrollar para su sector el concepto de «gran consumidor esencial». En este sentido, los supermercados inciden en que los establecimientos no pueden adaptar el consumo a los periodos valle tanto por los horarios de atención al cliente como por la necesidad de mantener los alimentos en cámaras de frío.

En la misma línea de peticiones, el sector quiere ser considerado de carácter esencial, como así sucedió durante la pandemia. Lo pide para poder tomar con libertad decisiones como la de limitar la venta de productos en caso de desabastecimiento. Una medida de la que disponen temporalmente por la coyuntura de guerra. Por lo que para poder tener más manga ancha con este tipo de intervenciones piden que se modifique la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (modificada actualmente) para facilitar «la toma de cuantas medidas considere necesarias en el ámbito comercial o de otros ámbitos, para garantizar el servicio público».

Pero la guerra no ha sido el único condicionante que ha puesto en aprietos la cadena de suministro. El sector también vivió en marzo grandes tensiones por los paros de los transportistas . Unos paros cuyos daños todavía no se han cuantificado en su totalidad, pero que tan solo en la primera semana provocaron unas pérdidas de 130 millones al día, por la violencia de los piquetes que paralizaron los principales centros logísticos del país. Para evitar desenlaces del mismo tono, los supermercados piden que el Gobierno disponga de un instrumento normativo que le permita adoptar medidas que garanticen las necesidades básicas de abastecimiento a la población, como pudieran ser la implantación de unos servicios mínimos obligatorios cuando sucedan episodios similares a los paros de los pequeños transportistas.

La última garantía que piden los supermercados para evitar futuras complicaciones, como las acontecidas con la escasez de aceite de girasol por la guerra, pasa por una flexibilización regulatoria que permita suplir a la mayor velocidad posible la falta de productos cuyo abastecimiento esté en riesgo. Sobre todo en lo que tiene que ver «con la información al consumidor ante los cambios que se puedan producir en los etiquetados, en restricción en la venta de determinados productos de primera necesidad, liberar barbechos o comercialización de insumos (maíz, soja, pipa de girasol…) que tengan que venir de terceros países con estándares de seguridad alimentaria y calidad diferentes a los de la Comisión Europea », explica Asedas en el documento.