La SEPI gasta mil millones en rescates empresariales sin transparencia
El Círculo de Empresarios critica el caso Plus Ultra y la IATA pide «un criterio armonizado» al otorgar ayudas públicas
Avión de Plus Ultra
Anunciado a bombo y platillo durante el pasado verano, el fondo de rescate de empresas estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue concebido inicialmente como un salvavidas para las grandes compañías golpeadas por el coronavirus. Pero hoy, nueve meses ... después, el mundo empresarial y la oposición claman contra un mecanismo que sigue generando dudas y que ya ha repartido casi mil millones de dinero público.
Porque al polémico rescate de Plus Ultra, cuantificado en 53 millones, se unen los recibidos por Duro Felguera (120 millones), Avoris (320 millones) y Air Europa (475 millones). En total, 968 millones otorgados para, según el Gobierno, salvaguardar la viabilidad de empresas estratégicas que soportan miles de puestos de trabajo.
Lo cierto es que el reparto de estos fondos todavía arroja más dudas que certezas. Sobre todo porque el Ejecutivo ha optado por hacer pública la información justa en estos procedimientos, pese a que en el propio decreto que articula el fondo de rescate hacía referencia a la necesidad de operar con transparencia. En concreto, el Gobierno se comprometía a publicar «información relevante» sobre estos procedimientos en un plazo de tres meses.
Los entresijos de los rescates a las empresas estratégicas debían publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones del ministerio de Hacienda . Pero en el portal solo concretan la empresa beneficiaria y el importe del préstamo, mientras que el apartado de detalles aparece vacío.
La opacidad del caso de Plus Ultra sobresale por encima del resto. Ayer, el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, advirtió que los 53 millones de ayudas repartidos a la aerolínea respaldan la preocupación que tienen algunos empresarios sobre el reparto de los 140.000 millones que recibirá España por parte de la Unión Europea . « Los fondos aportados a esta compañía no habrían superado en ningún caso los criterios de cualquier organismo o agencia independiente», destacó Pérez-Sala en un evento organizado por Nueva Economía Fórum.
Apenas unas horas más tarde, la aerolínea publicó un comunicado en el que explicaba que era una empresa estratégica porque evitaba un monopolio de Iberia en determinadas rutas hacia Iberoamérica. Además, defendía su condición de empresa española y recordaba que soporta 2.800 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Lo que no aclaró la empresa es la supuesta relación de sus dirigentes con el régimen de Nicolás Maduro .
El asunto ya ha llegado a Bruselas , ya que ha sido denunciado por el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano . Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso no le ven demasiado recorrido a esta denuncia, y recuerdan que Bruselas ha dejado libertad a los estados miembros a la hora de conceder ayudas públicas y que si estas ayudas no superan los 250 millones «no necesitan ser notificadas a la comisión para su evaluación y aprobación».
Dentro del sector aéreo, fuentes de la A sociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) evitan comentar el caso concreto de Plus Ultra -una de las pocas aerolíneas que no pertenece a esta patronal- pero sí esperan que «los gobiernos utilicen un criterio armonizado para facilitar rescates a todas las empresas».
También lo piden los expertos en ética empresarial. «La transparencia cobra aún mayor importancia cuando se trata de manejo de fondos públicos que provienen de los contribuyentes. Es esencial que empresas que reciban fondos públicos de rescate tengan canales de denuncia anónimos efectivo, explica el CM en España de Business Keeper, Murray Grainger .
Durante los próximos meses se comprobará si esta armonización se cumple. Con las cuentas de 2020 ya en la mano, son decenas las empresas que tienen previsto acudir al fondo de la SEPI, que acaba de estrenar nuevo presidente y cuenta con un buen número de solicitudes pendientes. El Gobierno , de hecho, no descarta ampliar la dotación inicial del fondo, cifrada en 10.000 millones de euros.