El Supremo mantiene intacta la actividad de la pista de Barajas

Pero finalmente el auto, al que ha tenido acceso ABC, deja a la Administración que determine la fórmula con que tendrá que reducir los ruidos en la población . El Supremo apela al reglamento de la Unión Europea de 2014 que rige la evaluación de los servicios de navegación aérea para señalar que es el Estado y no un órgano judicial el que debe decidir qué medidas adoptar. «La introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos, insistimos, puede ser acordada por la Administración mas no por un órgano judicial», concluye el fallo, en el que especifica los pasos que deberá seguir el Gobierno.

Es decir, el Supremo no dicta obligación alguna de modificar rutas, recortar actividad o reducir sobrevuelos. Por el contrario, recalca que esta potestad le corresponde únicamente a la Administración . De hecho, en relación con el recorte del 30% de los sobrevuelos propuestos por el TSJ de Madrid, indica que se trata de un mandato judicial que «excede» la ejecución de la sentencia de 2008 del Suprem o, que ordena el cese de la lesión de los derechos fundamentales de los residentes por considerar vulnerada su intimidad.

La jueza Celsa Pico también hace hincapié en que el Supremo desestimó «expresamente» la «petición formulada» por varios de los vecinos personados de que se produjera un cese total de los sobrevuelos sobre la zona residencial de Algete .

Para cumplir con dicho fallo, el Estado deberá «designar una o más autoridades competentes e independientes» para la adopción de dichas «restricciones operativas», así como iniciar un «proceso de consultas con las partes interesadas que no solo son los residentes locales afectados por el ruido sino también las empresas situadas en las inmediaciones, los operadores de los aeropuertos, los proveedores de servicios», entre otros, para decidir el enfoque de dichas medidas. De este modo, el Supremo devuelve los autos al TSJ de Madrid «para que vuelva requerir su ejecución» .

Para su supervisión, a petición de un Estado miembro o por propia iniciativa, las autoridades europeas podrán «someter a control el proceso de introducción» de más restricciones. En cualquier caso, los afectados contará con un «derecho de recurso» contra las medidas que adopte el Ejecutivo, si consideran que aún se siguen menoscabando sus derechos.

Otro punto importante del texto es el que se refiere a la medición del ruido en la urbanización. El Alto Tribunal se muestra muy contundente. «Enaire (matriz estatal de AENA) aduce que no pudo contrastar si las medidas implantadas en los últimos tiempos habían reducido el nivel de ruido en la urbanización al no aceptar los vecinos una medición a realizar por un organismo independiente. Ciertamente tal medición no consta en los autos». En este sentido, reclama que estas comprobaciones deben ser también llevadas a cabo «en el interior» de los edificios.

La magistrada realiza varias referencias a un «enfoque equilibrado» para que las soluciones adoptadas por el Ejecutivo encuentren un «justo equilibrio» entre los « intereses de la economía nacional y los derechos de las personas residentes ». Y es en la búsqueda de ese punto de encuentro en la relación «coste-eficacia» donde el Gobierno español deberá establecer las soluciones.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna , calificó el auto de «buena noticia». Y a falta de conocer las medidas que tomará subrayó que «queda garantizado el crecimiento sostenible del aeropuerto», para lo que AENA «va a trabajar para conciliar la operativa del aeropuerto con el bienestar» de los vecinos de Santo Domingo. El operador de los aeropuertos españoles, recalcó en un comunicado, «se compromete a cumplir lo que indique la Administración».