Los riesgos de hacer negocios en América Latina, previstos «por el calendario maya»

La última multinacional en sufrir en sus carnes la oleada nacionalizadora podría ser la filial de Coca-Cola en Bolivia. En unas estrafalarias declaraciones recogidas por Telesur, el ministro de Exteriores del país andino, David Choquehuanca, apuntaba la semana pasada a que la expulsión de la compañía estadounidense se produciría en diciembre, y por tanto, «estará en sintonía con el fin del calendario May a y será parte de los festejos para celebrar el final del capitalismo y el comienzo de la vida». Además, Choquehuanca añadió que «el 21 de diciembre de 2012 es el fin del egoísmo y la división. El 21 de diciembre tiene que ser el fin de la Coca-Cola y el comienzo del mocochinche» , en referencia al refresco típico de Bolivia. Posteriormente, fuentes del Gobierno boliviano matizaron las palabras del ministro y afirmaron que «no hay nada oficial».

La etapa nacionalizadora de Bolivia comenzó en 2006, con la toma de posesión del indígena Evo Morales como presidente del país. Morales llevaba la nacionalización de los hidrocarburos como uno de los puntos estrella de su programa de gobierno, lo que obligó a las compañías petroleras a negociar sus concesiones. Posteriormente, el Estado boliviano adquirió acciones de las empresas de hidrocarburos Chaco (propiedad de British Petróleum), Andina (Repsol) y Transredes (Shell). Además, en 2008 Morales transformó la petrolera estatal YPFB en una corporación para dirigir la nacionalización petrolera.

Las nacionalizaciones de Morales suelen anunciarse el Primero de Mayo, el día del trabajador . El mandatario boliviano ha seguido esta rutina en las intervenciones de la operadora de telecomunicaciones Entel en 2007 (propiedad de Telecom Italia), y en las de cuatro empresas eléctricas, además de la española Red Eléctrica, que fueron tocadas por la varita nacionalizadora este mismo año.

Pero sí un país se ha convertido en el líder indiscutible en materia de nacionalizaciones, ese es la Venezuela de Hugo Chávez, dónde de acuerdo con estimaciones de la oposición, entre mil cien y dos mil empresas han sido nacionalizadas en los últimos años .

Chávez ha perfeccionado el proceso de ejecutar las nacionalizaciones de forma notable, hasa el punto de haber creado lo que la BBC califica de «expropiaciones express» , mediante una serie de leyes que le evitan la necesidad de obtener autorización por parte de la Asamblea Nacional -la Cámara alta- venezolana.

Entre las actuaciones más notables, destaca la intervención de la mayor telefónica del país , la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la filial telefonía móvil Movilnet, que estaban controladas por la empresa estadounidense Verizon. Complejos hoteleros, fábricas de vidrios y fertilizantes, compañías de lubricantes para automóviles, fábricas de envases de aluminio, cartón y ferretería, supermercados, cadenas alimentarias, una planta de taladros petroleros y hasta una universidad, la de San Inés, han pasado al Estado venezolano, que ahora se plantea nacionalizar el turístico archipiélago de Los Roques.

Las empresas españolas también se han visto afectadas. Además del Banco de Venezuela, filial del Santander, más de 500 empresarios españoles han sido expoliados sin indemnización , como ya denunció ABC .

Tras Venezuela y Bolivia, Argentina ronda los primeros puestos del ránking de nacionalizaciones. Las últimas grandes intervenciónes del Ejecutivo presidido por Cristina Fernández de Kirchner tuvieron acento español : Yacimientos Petroleros y Fiscales (YPF), propiedad de Repsol, volvía a manos argentinas en abril; y el de la compañía eléctrica Edesur, filial de Endesa, intervenida el mes pasado por su deuda con la compañía nacional que administra el mercado eléctrico.

Muchas han sido las compañías extranjeras intervenidas por el Gobierno argentino desde 2004, entre las que destacan la de Thales , reguladora del espectro radioeléctrico, Aerolíneas Argentina s, arrebatada al grupo español Marsans en 2008 -quién reclamaba una compensación de 1.100 millones de euros, la cuál no percibió-, y la de Aguas Argentinas , en 2006 (propiedad de la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona).