Díaz arma a la Inspección para reforzar el control sobre despidos y salarios

Este es el espíritu del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021, 2022 y 2023, un texto de casi cien páginas al que ha tenido acceso ABC, en el que se fijan cuarenta objetivos, que se agrupan en cuatro ejes básicos y que se desgranan, a su vez, en un importante número de medidas de actuación concretas. La mayoría son operativas, pero también hay cambios normativos. Una de ellas afecta a la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social que será modificada después de 20 años para castigar con más rotundidad, por ejemplo, los incumplimientos empresariales sobre salarios.

El borrador de este Plan recuerda que el mayor número de denuncias ante la Inspección afectan a los sueldos y al tiempo de trabajo , y por ello los inspectores se volcarán en detectar irregularidades. Explica el departamento que dirige Yolanda Díaz, de quien depende la Inspección, que los salarios que se pagan por debajo de las cuantías mínimas fijadas por ley, las jornadas de trabajo excesivas y los contratos temporales fraudulentos y de corta duración son los principales factores de precariedad laboral. Y dice que esta situación se agr ava cuando el trabajo se presta en subcontratas, empresas de servicio o cuando se produce intermediación fraudulenta en el mercado de trabajo y que en empresas en las que no existe representación sindical el riesgo de incumplimientos es elevado. Recuerda que estas conductas afectan a la carrera de cotización del trabajador y, al final, a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Así, una aplicación informática detectará incumplimientos salariales a partir de las tablas salariales de los convenios sectoriales para facilitar una respuesta inspectora mucho más ágil. Además, una guía técnica incluirá métodos nuevos para investigar pagos de cantidades ocultas, no documentados y excluidos de las bases de cotización a la Seguridad Social y se extremará el control de las empresas que cotizan por un salario inferior al debido.

Las inaplicaciones de convenio o descuelgues fueron un mecanismo creado en la reforma laboral que buscaba que las empresas en crisis pudieran recortar sueldos antes de recurrir a un despido. Para los sindicatos es uno de los elementos más graves de la reforma de 2012 porque ha afectado directamente al núcleo duro de la negociación colectiva . Dice Trabajo que el previsible aumento del recurso a esta fórmula legal requiere una vigilancia especial porque no siempre estos procesos se negocian con los sindicatos.

El texto relata que el trabajo a distancia ha crecido de forma exponencial durante la crisis sanitaria y que se consolidará en muchas empresas. Argumenta que a pesar de las ventajas que esta fórmula laboral tiene en flexibilidad interna y respeto a la conciliación de la vida laboral y familiar, también podría contribuir, en algunos casos, a precarizar las condiciones de trabajo . Avisa de que el cumplimiento de la nueva ley que regula el teletrabajo será prioritaria y que se pondrá el foco en el sector agrario y en el trabajo doméstico, «en los que son más frecuentes los abusos que dificultan el ejercicio de los derechos laborales y que merecen una respuesta adecuada y más intensa que la dispensada hasta ahora».

Los contratos están en la diana. Las campañas se centran en convertir los contratos en indefinidos y se exigirán responsabilidades «con mayor contundencia» . La legislación recogerá la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre, que considera contrario a derecho los contratos de obra o servicio determinados ligados a la subcontratación. Están en la diana las empresas con alta temporalidad, por encima de la su sector, contratos de muy corta duración que afecten especialmente a jóvenes y a empresas de servicios «que, amparadas en contratos con clientes, precarizan las condiciones de trabajo de sus empleados», y en los «comportamientos fraudulentos de empresas de trabajo temporal».

Los argumentos que están detrás de las acciones responden a que «se constata un alto grado de transgresión de la normativa sobre contratación temporal, si tomamos en cuenta que las infracciones más los contratos transformados en indefinidos por la actuación inspectora representan aproximadamente el 50% de los contratos investigados». Junto a todo esto se reformará la contratación.

Los despidos objetivos se ponen bajo vigilancia. La idea es «volver a dotar a los trabajadores de un sistema de protección » en los ERTE, la suspensión de contratos y en la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas organizativas o de producción. «Un seguimiento que, en ausencia del mecanismo de autorización administrativa, solo puede realizar la Inspección mediante informe a la autoridad laboral y, en su caso, la jurisdicción social en los supuestos de impugnación», explican. También se aboga por cambios legales para que la jurisdicción mercantil solicite el informe directamente a la Inspección de Trabajo.

La reforma laboral de 2012 eliminó la autorización administrativa previa en los despidos y modificó el alcance de la intervención de la Inspección de Trabajo en la tramitación de los ERE. Se le atribuyeron, fundamentalmente, labores de comprobación de la documentación exigida y del desarrollo del periodo de consultas.

Las campañas irán dirigidas a sectores en los que existe mayor fraude, así como supuestos en los que existan indicios de los mismos por tratarse de autónomos que trabajan de forma exclusiva para un empresario. También habrá más control sobre los falsos becarios, «pues es muy frecuente que las práctica no laborales encubran la realización de una prestación de trabajo que reúne las características de una relación laboral».

Creación de una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación . Desde este órgano se coordinarán las actuaciones de la Inspección en la lucha contra la discriminación en el acceso al empleo y a la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, en especial las retributivas, y los despidos . Y se hará en todo el territorio nacional y en especial en los colectivos más vulnerables con especial atención a la discriminación por razón de sexo.

Están en la diana de la Inspección las infracciones graves sobre gastos de administración y reservas obligatorias, así como la falta de remisión dentro de plazo al organismo competente del balance anual, la memoria y cuenta de resultados y el presupuesto. Perseguirán infracciones muy graves sobre operaciones distintas a aquellas a las que deben limitar su actividad, sobre no aplicar el patrimonio estrictamente al fin social de la entidad, o afectar los excedentes anuales a fines distintos a lo fijado en los reglamentos.