La reforma laboral no facilita tanto los despidos colectivos como se pensaba

Román Gil, de Sagardoy, ha destacado la gran cantidad de sentencias contrarias a despidos colectivos que ha habido y que, según Salvador del Rey, de Cuatrecasas, suman nueve por tan solo cuatro a favor. «Eso no es normal», subrayó. Gil hizo hincapié en que « es muy difícil de probar la situación negativa de una empresa y que los inspectores de Trabajo no son los más capacitados para analizar las cuentas de una compañía». Destacó que «ahora es mucho más difícil presentar la enorme documentación que se requiere para llevar a cabo un despido colectivo» y apuntó que « existe aún inseguridad jurídica en cuestiones como la representación y los grupos de empresa ».

Federico Durán, de Garrigues, recordó que la rebaja de la indemnización por despido a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades « le ha dado la vida a muchas pymes, las cuales, han podido seguir funcionando», lo que no sucedería con indemnizaciones de 45 días y 42 mensualidades. Durán puso en duda la efectividad de los arbitrajes -él mismo medió hace años en un conflicto entre Iberia y los pilotos- que prevé la reforma laboral y criticó que solo sea el empresario quien pueda revisar un convenio colectivo mientras está vigente (descuelgue).

Salvador del Rey, de Cuatrecasas, afirmó que la reforma «contiene trampas jurídicas» y que el asunto de las causas de despido «no está resuelto». El hecho de que la nueva norma dé prioridad a los convenios de empresa sobre el resto «no ha producido un incremento de estos convenios». También subrayó que cuando termina un convenio y no se llega a un acuerdo para renovarlo durante el plazo de un año, «hay que tener claro que se va directamente a aplicar el Estatuto de los Trabajadores». «Otra cosa -matizó- es que alguna empresa se atreva a hacerlo».

Por último, Miguel Cuenca, de KPMG, consideró un «error» que se penalice las prejubilaciones de los trabajadores mayores de 55 años y Carlos Molero, de Abdon Pedrajas & Molero, afirmó que los despidos colectivos son «más caros, complejos y traumáticos» que otras medidas de flexibilidad interna, como la suspensión temporal y la reducción de jornada. Calificó de «ridículo» que la reducción de jornada tenga que ser una medida colectiva.