La batería de recortes para España que pide Bruselas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó ayer la próxima subida del IVA, aunque no precisó la cuantía del alza ni la fecha exacta de entrada en vigor. Todo apunta a que muchos de los productos, en su mayoría básicos, que ahora tienen un IVA superreducido del 4% y reducido del 8%, pasarán al tipo general del 18%. Las principales dudas están relacionadas con el sector turístico, que pasaría de pagar un 8 a un 18%. Sin embargo, se podría plantear una moratoria hasta después del verano e incluso aparcar sine die la subida, según aseguró ayer el presidente balear, José Ramón Bauzá, tras un encuentro con Montoro.

La supresión de la deducción fiscal por la compra de vivienda habitual, de la que se benefician cada año millones de españoles, tiene los días contados. Esta era una de las recomendaciones que hizo la Unión Europea a España y, después de meses de dudas, el Gobierno da su brazo a torcer y la cambiará, aunque no se sabe si la suprimirá del todo o se limitará a reducirla. El argumento de Bruselas es que ayudó a la creación de la burbuja inmobiliaria.

El Gobierno estudia ampliar las horas de trabajo de los funcionarios y asimilar su régimen laboral al del sector privado a través de fórmulas como dar cada vez más peso a las evaluaciones permanentes sobre su productividad. Lo que parece que se ha descartado es la supresión de los seis días al año que tienen de asuntos propios los trabajadores públicos, conocidos como «moscosos». En relación a una posible rebaja salarial, una de las maneras más rápidas que tiene cualquier Gobierno para aumentar los ingresos, no hay nada decidido aunque, a tenor de lo que han hecho algunos países de nuestro entorno, podría haber rebajas salariales o reducción de algunos de los complementos de sus sueldos.

La UE condiciona su ayuda a la banca a varias reformas, entre ellas la creación de un «banco malo» que aglutine activos inmobiliarios dañados para que bancos y cajas se saneen. Exige también que los clientes con participaciones preferentes en entidades con apoyo público admitan una quita para que la ayuda no se use para salvar a inversores privados. El plan se completa con medidas sobre transparencia y supervisión que podrían incumbir a la CNMV y al Banco de España, dirigido por Luis María Linde, en la imagen.

Otra de las condiciones impuestas a los bancos españoles que vayan a recibir dinero europeo es que eleven sus ratios de capital, aunque no se especificó el umbral. El resto de entidades españolas, aunque no necesiten ayudas europeas, también tendrán que cumplir nuevos requisitos en materia de reforzamiento de capital, aunque muy probablemente no sean muy superiores al actual 9% que exigen el regulador bancario europeo (EBA en sus siglas en inglés). A una exigencia de mayor capital se le unirán un mayor control por parte de las autoridades europeas y una obligación de transparencia, sobre todo en materia de riesgos.