El Gobierno quiere que las empresas con beneficios paguen sus prejubilaciones

Así lo refleja una enmienda presentada por el PSOE al proyecto de ley de reforma de las políticas activas de empleo, en la que se plantea que dichas aportaciones podrán destinarse «total o parcialmente» a generar créditos para la financiación de políticas activas de empleo de los trabajadores de más edad. Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Asimismo, se tendrá en cuenta una escala diseñada en función del número de trabajadores de la empresa y el de aquellos mayores de 50 años afectados por el despido colectivo, así como de los beneficios de la empresa. Además, se determinarán reglamentariamente el procedimiento, la forma y el momento en que deberá hacerse efectiva la aportación. Lo que sí concreta es que se considerará que una empresa ha tenido beneficios cuando el resultado del ejercicio, tal y como se define en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, sea positivo.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, señaló hace una semana que su idea era que una empresa de "suficiente tamaño", que tenga "un volumen de beneficio suficientemente amplio" y lleve a cabo EREs con consumo de prestaciones por desempleo, "contribuya a que el gasto (para las arcas públicas) disminuya pagando ella misma la prestación", si bien esta idea no ha quedado finalmente recogida en la enmienda en estos términos exactos.

Además, el texto presentado por el PSOE concreta los requisitos de los procesos sujetos a esta obligación, como el que sean realizados por empresas de más de 500 trabajadores o que formen parte de grupos empresariales que empleen a ese número de trabajadores. Los EREs deberán afectar, al menos, a 100 trabajadores en un periodo de referencia de tres años, con independencia del número de trabajadores de 50 o más años de edad afectados. Esta disposición afectaría a Telefónica, que plantea recortar el 20% de su plantilla en España precisamente en ese periodo de tiempo.

El PSOE considera que la normativa laboral vigente en materia de prejubilaciones pude "resultar adecuada" para que las empresas accedan a la flexibilidad que requieren en una economía "cada vez más abierta", si bien estos procesos pueden producir "impactos sociales y económicos no deseados", por la "expulsión prematura e injusta" del mercado e los trabajadores de más edad. A ello se suma el "importante coste para el sistema de protección por desempleo", difícil de asumir "socialmente" cuando las empresas que realizan estos procesos de reestructuración tienen necesidad de ponerlos en práctica aún habiendo obtenido beneficios, "tanto más en una coyuntura como la actual".

La enmienda entraría en vigor antes del verano, ya que se enmarca en un proyecto de ley que se tramita por procedimiento de urgencia, aunque el resto de grupos deberá determinar si da apoyo finalmente a la propuesta del Gobierno o plantea cambios a la vista del texto finalmente registrado, pese a que toda la oposición está a favor, en principio, de legislar en esta dirección. No obstante, el desarrollo reglamentario del mecanismo de aportaciones podría dilatar su aplicación, ya que el Gobierno abriría un periodo de negociación con los sindicatos y empresas para fijar los umbrales concretos.