El BCE se niega a hacer público el informe de Deloitte sobre el que se decidió resolver el Popular

Así lo ha señalado este martes la presidenta de la JUR, Elke König, durante su primera intervención pública tras la resolución del Popular y su venta exprés al Santander aplicando el nuevo mecanismo europeo de rescate , lo que impuso pérdidas del 100% de la inversión a los accionistas y bonistas del sexto banco español. «Nadie está contento con una resolución, y más si implica que los accionistas y bonistas pierden íntegramente su inversión, pero fue la opción más adecuada» , ha defendido la responsable del mecanismo. «La resolución de Banco Popular fue realmente exitosa, no tuvimos un contagio al sistema financiero y no se utilizaron fondos de los contribuyentes», insistió, defendiendo la eficacia de ese nuevo modelo de resolución de entidades.

Sin embargo, ese proceso de resolución del Popular deja muchas dudas sin resolver. A pesar de que públicamente la JUR y el FROB informaron de que Deloitte había dado una valoración negativa de entre 2.000 y 8.200 millones de euros en distintos escenarios, algunas informaciones apuntan a que la firma contemplaba un tercer caso en el que el banco valdría 1.500 millones de euros. Los inspectores del Banco de España, por su parte, pusieron en duda esos cálculos al entender que ofrecen horquillas de valoración demasiado amplias.

Otra duda es si la decisión estaba preparada de antemano o se tomó de la noche a la mañana, como se dijo: como informó ABC, Deloitte llevaba más de dos semanas trabajando en el informe , y la resolución estaba prevista para el sábado 10 de junio, pero se precipitó al martes 6 por la crisis de liquidez del banco. Y por último quedó en entredicho la actuación de la JUR al filtrarse que este organismo mantenía al Popular bajo intervención temprana , desatando el pánico y su hundimiento en Bolsa. «Francamente no hemos sido indiscretos, nunca hemos hablado de entidades en concreto», se ha defendido, molesta, König.

La publicación de ese informe puede ser clave en el devenir judicial del caso. De hecho, muchos accionistas y bonistas del Popular que están litigando para recuperar su dinero se están querellando contra la JUR y el FROB como responsables de la resolución del banco. Por eso no pocas voces autorizadas han pedido públicamente que se dé transparencia a ese informe, desde la patronal bancaria española hasta el propio Gobierno. «Ha sido un proceso transparente pero complejo, y precisamente por esa complejidad en necesario darle transparencia» , pidió recientemente el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán. El ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo lo propio durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados , y a preguntas de ABC su gabinete insiste en que su postura sigue siendo la misma.

Lo que sí ha decidido publicar por ahora el Mecanismo Único de Resolución (MUR) es una versión no confidencial del proceso de resolución, que no del informe de Deloitte, en la que en primer lugar hace un relato cronológico, censurado y ya conocido de los hechos. El viernes 2 de junio las autoridades preguntaron al Popular cómo iba su proceso de venta, y al ver que no iba bien al día siguiente la JUR y el FROB pusieron en marcha el mecanismo de resolución. El lunes 5 de junio dos bancos, el Santander y BBVA, presentaron ofertas no vinculantes, y ese mismo día el banco solicitó líneas de emergencia de liquidez ante la fuga de depósitos que sufría, aunque no todas las que podía , como ya desveló el Banco de España. El martes 6 la dirección del banco comunicó al BCE que era inviable, y este ordenó su resolución, recibiendo una sola oferta, la del Santander.

El supervisor comunitario, que además de encargar el citado informe a Deloitte hizo una valoración provisional propia, tampoco publicada , defiende que la resolución a cargo de accionistas y bonistas era la mejor solución no solo porque evitaba el uso de ayudas públicas y para proteger a los depositantes, sino porque además una liquidación vía concurso de acreedores del Popular, dado su tamaño y cuota de mercado, pondría en riesgo la estabilidad financiera. Además, considera que con esta solución se destruye menos valor.