El poder está en juego en la empresa

Las empresas quieren más poder interno en las empresas; los sindicatos, más poderes decisorios, incluso en la pymes. Y el punto intermedio está aún por llegar. A día de hoy ni uno ni otro parecen dispuestos a dar un paso atrás. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, dejaba más que claro esta semana a las cuarenta empresas que conforman el Consejo de Acción Empresarial, a su junta directiva y a los líderes sindicales, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, que la patronal no va a tragar con cualquier reforma y que quiere cambios de calado, que pasan, fundamentalmente, porque los empresarios tengan vía libre para tomar las decisiones que en materia laboral consideren oportunas en su empresa, asuntos referentes a salarios, movilidad u horarios... a hacer uso de una flexibilidad total, en una palabra, para hacer frente a situaciones críticas como las vividas en España, donde más de dos millones de empleos se han perdido desde que comenzó la crisis económica.

El miércoles pasado, Juan Rosell mantenía un almuerzo con el Consejo de Acción Empresarial de la CEOE, un órgano en el que está representado lo más granado del mundo empresarial español, cuarenta grandes sociedades del país, muchas de las cuales estarán en la cita con el presidente del Gobierno el próximo 26 en Moncloa. Es un órgano que no figura en el organigrama de la patronal, pero que con regularidad pulsa y debate sobre la situación económica y laboral con encuentros frecuentes siempre muy discretos con la dirección de la organización empresarial. En esta ocasión, el debate central fue la preocupación creciente por la rigidez de la negociación colectiva, cuya reforma reclamaron profunda, sin medias tintas.

El presidente de la patronal cogía el testigo y horas después de este encuentro se reunía con los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, para comunicarles que no habrá acuerdo alguno si sobre la mesa no hay una reforma de calado, que acabe con las rigideces del sistema y que acerque la negociación de los convenios colectivos al mundo de la empresa.

La reacción sindical llegó un día después en forma de un comunicado. CC.OO. y UGT acusaron a CEOE-Cepyme de haber vuelto a posiciones «maximalistas» en las conversaciones para la reforma de los convenios, en la, por otro lado, los sindicatos están a favor de incluir ahora —en contra de lo dicho— un capítulo dedicado a la defensa del actual modelo salarial, después de haber insistido en que esta materia quedara fuera. La propuesta que sobre esta materia discuten ambas partes mantendría el actual sistema de formación de los salarios, que seguirían ligados a la evolución del IPC, aunque buscan fórmulas que introduzcan el factor de la productividad para de esta forma contentar a todas las partes, a Merkel, que reclamó salarios ligados a la productividad y al Gobierno, que se comprometió firmemente a hacerlo.

La reforma de la negociación colectiva entra así en la recta final con las espadas en alto en una negociación al rojo vivo con una bolsa de problemas por resolver, los referidos a la ya famosa ultraactividad (prórroga automática de los convenios hasta que haya uno nuevo), en la que no hay acuerdo en los plazos, a las características del arbitraje para el caso de surgir problemas y al mayor protagonismo que quieren tener los sindicatos en las empresas y en las pymes. Asuntos todos a los que ambas partes deberán dar salida si lo que pretender es firmar un pacto social.

¿Y los plazos? El acuerdo ya está en tiempo de descuento, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno no tiene nada mejor que llevarse a la boca para presentar ante el Consejo Europeo de la próxima semana, un foro en el que cada país deberá rendir cuentas sobre las políticas que está siguiendo para contribuir a la estabilidad del euro. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, deberá anunciar nuevas medidas para mejorar la competitividad de la economía española, como ajustar la evolución de los salarios a la productividad. Además, Zapatero deberá comprometerse a llevar a cabo estas reformas en un plazo máximo de doce meses, la condición que exige la canciller alemana como contrapartida para reforzar el fondo de rescate para los países con problemas de deuda.

Para calentar motores, el miércoles Zapatero ha citado en Moncloa a Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo para buscar su complicidad ante la inminencia de un Consejo. Un día después de éste, el sábado, recibirá a las grandes empresas.