Iberdrola y Endesa demandan al Gobierno por el cierre de la central nuclear de Garoña

En el caso de que se certificara el cierre de la central más antigua de España , las compañías eléctricas reclaman una indemnización mínima de 604 millones de euros, y que la Administración se haga cargo de las costas del proceso.

En la demanda, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC, Nuclenor considera que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «informó favorablemente la renovación» de la explotación «por otros diez años». Sin embargo, «poco después de recibir el informe, el Ministerio de Industria puso de manifiesto su voluntad de imponer el cese de actividad de la central», una decisión que el texto del recurso estima que «responde a un puro acto de arbitrario voluntarismo político».

Sin respaldo argumentativo

«Las consideraciones de política energética» a las que se aferró el Ministerio de Industria para justificar esa decisión, «básicamente a la conveniencia de fomentar la producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables en detrimento de la producción nuclear de electricidad», no convencen al demandante, que se queja de lo «endeble» del argumentario del Ejecutivo y ve en el expediente una «motivación puramente formularia y sin el menor respaldo argumentativo». Los propietarios de Garoña consideran que el Gobierno ha incumplido la «vigente regulación legal» que en materia de energía nuclear «prevé, de modo excepcional, la revocación de este tipo de autorizaciones», siempre que «la revocación se justifique en razones excepcionales de interés nacional; la decida el Consejo de Ministros, y venga acompañada de la correspondiente indemnización en favor del titular de la autorización». Según razona la demanda, «ninguno de estos tres requisitos concurre en el presente caso, en el que la orden impugnada no invoca (porque no existen) razones excepcionales de interés nacional que pudieran justificar la revocación; ha sido formalmente adoptada por el ministro del ramo, y no por el Gobierno, siendo este dato formal el jurídicamente relevante; y no incluye indemnización alguna, a pesar de ocasionar perjuicios por más de 600 millones de euros».

El texto que se presentará hoy ante la Audiencia Nacional adjunta informes periciales que estiman que sólo «el valor inmovilizado de la central en el momento en que la orden impugnada ha decidido su cierre rondará los 400 millones».

También Castilla y León

El movimiento de la ficha judicial de Nuclenor se suma al efectuado por la Junta de Castilla y León , que ya presentó el lunes su recurso ante el mismo órgano judicial , en el que se exige al Ejecutivo central que dé marcha atrás a una medida que sólo responde a «motivaciones políticas y oportunistas», según resaltó el consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez, informa J. M. Ayala.