Zapatero se salta al CSN y cierra Garoña

La resolución, no obstante, se lleva por delante el criterio del órgano supervisor competente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que en su preceptivo informe sobre el estado de la central burgalesa diagnosticó el correcto estado de la planta para mantenerse en funcionamiento durante diez años, hasta 2019, y poder solicitar en esa fecha una prórroga adicional por diez ejercicios, hasta 2029. Precisamente, será este dictamen positivo el que utilizará Endesa e Iberdrola a través de Nuclenor -propietario de Garoña- en el recurso de la resolución ante la Audiencia Nacional para reclamar daños y perjuicios por el cierre de la planta.

El cierre de la planta burgalesa en 2013 quedará decretado oficialmente hoy a través de la publicación de una orden ministerial firmada por Miguel Sebastián. En este texto quedarán especificadas tanto las condiciones a que se tendrá que someter la planta para mantenerse en funcionamiento durante cuatro años -asumibles por Nuclenor- como los pasos que tendrá que dar la central para poder ser clausurada en 2013.

No obstante, la publicación de esta resolución gubernamental por la vía de la orden ministerial deja abierta la puerta a que el próximo Gobierno rectifique la decisión, ya que dicho procedimiento tan sólo necesita una norma del mismo rango para poder derogarse.

Rajoy prorrogará a 2019

El Ejecutivo que acceda al poder tras los comicios de 2012 podrá abrir así, de nuevo, la «patata caliente» de Garoña, y sin pasar por el Congreso de los Diputados, como en esta ocasión, modificar la vida útil de la central. De hecho, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se apresuró a declarar ayer que la decisión es «disparatada» porque sólo «obedece al capricho del jefe» por lo que se comprometió a cambiar la decisión del Gobierno y prorrogar Garoña hasta 2019, si su partido gana las próximas elecciones.

Al respecto, Sebastián, que compareció ayer en rueda de prensa para explicar la resolución, aseguró que este escenario «no está contemplado» por el actual Gobierno de Rodríguez Zapatero dado que las empresas tendrán que comenzar en breve a dar los pasos necesarios para el cierre de la planta. Sin embargo, fuentes del sector coincidían con la posibilidad declarada por Rajoy, ya que el proceso de cierre no puede comenzarde forma significativa mientras la central está en operación porque, de lo contrario, podría ponerse en riesgo la seguridad de la planta.

Razones electorales

Sebastián apadrinó así la decisión de cierre de Garoña ante los medios de comunicación pese a que el plan inicial de Zapatero fue comunicar él mismo el cierre para obtener réditos electorales. De hecho, Sebastián, que compareció acompañado del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, refirió el necesario cumplimiento del programa electoral del Partido Socialista como una de las razones que han provocado el cierre de Garoña. Según explicó, el Gobierno está obligado por su programa a cerrar las centrales nucleares de forma «gradual», tal y como refleja el texto electoral, pese a que en su opinión, que ayer volvió a reiterar, considera «imprescindible» para la seguridad de suministro del país que el mix energético cuente con producción eléctrica atómica.

Sin plan para la zona

La otra gran preocupación que, según el ministro de Industria, ha pesado en la decisión del Gobierno han sido los puestos de trabajo que el cierre de la central destruirá ante la negativa situación económica por la que atraviesa el país. Ésta precisamente habría sido la razón por la que Rodríguez Zapatero se habría avenido a mantener Garoña en operación hasta 2013 en lugar de decretar su cierre en 2011, «a los cuarenta años» como el propio presidente llegó a declarar hace escasas semanas ante el Senado.

Sin embargo y pese a la preocupación presidencial, el cierre de Garoña ha sido decretado sin contar con un plan de acción para reactivar la actividad económica de la zona tras el cierre de la planta. Así lo tuvieron que reconocer ayer tanto Sebastián como Corbacho. Ambos ministros tan sólo se comprometieron a que desde hoy «se pondrán a trabajar en el desarrollo de un plan industrial que dará la misma o más actividad económica» porque, según explicaron, aún no ha sido concebido.

De esta estrategia, aún sin concretar, sólo lograron explicar que «dependerá de las empresas», ya que el Gobierno tan sólo promoverá la instalación de «actividad económica empresarial, preferiblemente vinculada al sector energético». Para ello, Corbacho explicó que el Ejecutivo pedirá fondos europeos «existentes para estas circunstacias», que subvencionarán a fondo perdido el 50% de los nuevos negocios que se instalen en la zona y proporcionarán facilidades de financiación.

Por parte del Gobierno español, y tan sólo tras muchas preguntas de la prensa, Corbacho precisó que se dedicarán alrededor de 100 millones para proyectos en la zona y que esta cifra se complementará con un plan de mejora de las infraestructuras «que habrá que estudiar con las autoridades de la zona burgalesa».

Pese a la provisionalidad de todas estas declaraciones, ambos ministros aseguraron que todos los empleados de la central, incluso los 45 técnicos de alto nivel especializados en energía nuclear, tendrán un nuevo puesto de trabajo tras el cierre de la central. Los operarios, sin embargo, no se dieron ayer por satisfechos y advirtieron al Ejecutivo de que su decisión es una «invitación» para que la plantilla de la central de Garoña vaya a la huelga. Hoy confirmarán su respuesta.

«Es físicamente imposible que esa afirmación sea cierta»