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Hacienda flexibilizará el objetivo de déficit de las comunidades al 0,2% este año

El Ministerio ofrecerá a las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que la senda sea del -0,1% del PIB en 2021 para registrar equilibrio presupuestario en 2022 y 2023

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros EFE

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Hacienda suavizará la senda de déficit a las comunidades autónomas para que este año su objetivo sea del -0,2% del PIB, frente a la meta de equilibrio presupuestario que estaba vigente. Así lo trasladan fuentes de Hacienda a ABC, que señalan que la ministra María Jesús Montero ofrecerá a las regiones una senda que consistirá en el -0,1% del PIB en 2021 y un 0% en 2022 y 2023.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera que comenzará a las 16:30 horas aprobará previsiblemente estas nuevas metas, ya que el Ministerio cuenta con la mitad de los votos del Consejo, por lo que con el apoyo de una sola región o ciudad autónoma, la senda de objetivos de estabilidad saldrá adelante. El propio Gobierno ya había anunciado que iba a suavizar la senda y así lo incluía en el documento de propuestas que ayer el presidente Pedro Sánchez entregó a la Generalitat de Quim Torra.

Hasta ahora, la senda de estabilidad que estaba vigente era la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que consistía en que el déficit conjunto de 2020 alcanzase el -0,5% del PIB, teniendo las regiones equilibrio presupuestario. El Ejecutivo de Pedro Sánchez intentó en dos ocasiones aprobar los objetivos de déficit que contenían un desequilibrio conjunto del 1,8% en 2019 (del 0,5% para las regiones), del 1,1% en 2020 (siendo del 0,1% para las comunidades) y del 0,4% en 2021 (y equilibrio a las autonomías).

Sin embargo, el Congreso de los Diputados primero, en julio de 2018, y el Senado después, en diciembre, tumbaron esta senda. Ahora el Gobierno es consciente de que el déficit en 2019 habrá superado su previsión del 2% del PIB, por lo que para 2020 contemplaba una previsión en el programa presupuestario del 1,7% (sin contar con que se aprueben presupuestos). Las comunidades autónomas contaban el año pasado hasta noviembre con un desequilibrio del 0,25% del PIB. La Autoridad Fiscal auguraba que habrían cerrado el año con un desfase del 0,5% del PIB.

Las CC.AA. en pie de guerra por el IVA

El empeoramiento del desequilibrio de las regiones se debe a los 2.500 millones menos de ingresos con los que han contado por tener una mensualidad menos de recaudación de IVA, además del aumento del gasto en año de elecciones. Precisamente Hacienda se enfrentará a unas comunidades en pie de guerra por esta mensualidad de IVA, en lo que ha provocado que Cataluña , Madrid , Andalucía , Galicia , Murcia y Castilla-La Mancha (esta última con gobierno socialista) hayan llevado a la Justicia al Ministerio. Otras regiones del PSOE como Aragón , Baleares y Asturias también han amenazado con ello hasta el punto de que Javier Lambán ha dado un ultimátum de quince días al Gobierno o de lo contrario denunciará.

Ante esta rebelión, Montero ha señalado que es «una roca para las amenazas» y ha echado en cara a las comunidades del PP que su partido rechazara los Presupuestos de 2019, que solucionaban este entuerto. Como fuere, la ministra también dejó caer que estudiaba «medidas paliativas» que no desvelará hasta esta tarde, ante los consejeros.

Problemática de 2017

Aunque el IVA no esté en el orden del día del Consejo, Madrid ha pedido incorporarlo y, pase lo que pase, las comunidades lo plantearán en la reunión con Hacienda. La problemática deriva de una medida que adoptó en 2017 el Ministerio de Hacienda que entonces comandaba Cristóbal Montoro. Al aprobar la declaración informatizada del IVA (el Sistema Inmediato de Información), la fecha de tributación para las empresas se atrasó para permitirles adaptarse al nuevo sistema, lo que provocó que en dicho año, a efectos de caja, se recaudaran solo once meses.

Como las comunidades perciben el 50% de los ingresos del gravamen, en 2017 el Estado cubrió la parte de las comunidades, pero el modelo de financiación indica que a dos años vista el Ejecutivo liquida las diferencias frente al reparto de ingresos previstos que el Gobierno Central distribuye. En 2019, llegó la liquidación y dejó a las comunidades con 2.500 millones de ingresos menos fruto de esta decisión de 2017.

De esta forma, el Estado cobró en caja diez meses de ingresos de recaudación en 2017, frente a los doce de las comunidades. En 2019, el Estado al hacer la liquidación de 2017, se quedó con 13 meses de recaudación del gravamen –una de ellas fruto de la de 2017 de menos que percibió– y las comunidades, con once.

En términos de devengo, que es el que se toma en cuenta para el déficit y la contabilidad nacional, este efecto deja a las regiones con más déficit en 2019 y al Estado, con menos debido a los mayores y menores recursos respectivamente, si bien en total no tiene impacto sobre el déficit del conjunto de las administraciones ya que lo que pierden las regiones lo gana el Gobierno Central. Estos 2.500 millones son equivalentes a dos décimas del PIB de mayor o menor desequilibrio. Por ello, algunas regiones como Andalucía piden suavizar los objetivos fiscales de las regiones de 2019 para así incluir las consecuencias de esta situación.

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