Las grandes empresas critican la falta de estabilidad en las normas tributarias

Entre las exigencias de las empresas participantes destaca una mayor clarificación y simplificación normativa (un 94% lo ven necesario) , además de una mejor disposición al diálogo tanto en lo concerniente a la elaboración de nuevas normas como a su posterior aplicación práctica.

No obstante, las grandes empresas, en términos generales, se encuentran moderadamente satisfechas con el sistema fiscal del país. En concreto, un 52% está «bastante satisfecha», otorgando este grupo una nota de 6,63 (sobre 10) . Si se obtiene la media con todas las empresas consultadas, la nota es un 5,78, considerando que las figuras más gravosas son el Impuesto de Sociedades, el IVA y el IRPF, en este orden.

En otros aspectos, la mayoría de estas empresas califica de « insuficientes» las ventajas fiscales para favorecer la localización de empresas en España (80%) o la internacionalización de la actividad empresarial española (68%). En cuanto a los incentivos fiscales, el 71% cree que la aplicación administrativa ha dado poca o ninguna efectividad.

Por otro lado, existe disparidad de criterios entre las empresas encuestadas sobre si es necesaria una propia jurisdicción en materia tributaria y una amplia mayoría (96%) valora como muy importante y positivo el grado de modernización de la Administración Tributaria, sobre todo los sistemas electrónicos desarrollados en los últimos años y el sistema de notificaciones electrónicas.

«La gran empresa no colabora en la economía sumergida; se siente perjudicada por ella», explicó Ginés Navarro , director general de la Fundación Impuestos y Competitividad . Según el estudio, el 95% de las empresas encuestadas considera que hay bastante o mucha y que economía sumergida.

«La gran empresa, por definición, no tiene patrimonio oculto, lo que puede tener es actividades realizadas en países de baja tributación», continuó Ricardo Gómez Barreda , presidente de la Fundación Impuestos y Competitividad . Respecto a la medida de repatriación de beneficios al 8% de gravamen consideró que «este tipo de problemas existen en muchos países, es una medida para buscar liquidez»

Respecto a la amnistía fiscal , Gómez Barreda manifestó que no hay una opinión de la Fundación a este punto. A título personal, cree que «es un gran cambio» ya que la nueva propuesta elimina el límite temporal de 5 años que hacía que prescribiese el impago. «No tengo ninguna simpatía por el defraudador, pero con un problema de liquidez hay que tomar medidas para solventar el problema; otra cosa es a qué coste tributario , que a algunos les puede parecer muy bajo».